En 2016, el Diccionario Oxford eligió "post-truth" como palabra del año, después del referéndum del Brexit en el Reino Unido y de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. La definió como las circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a la creencia personal. Desde entonces, "posverdad" se usa para explicar casi todo: desde un resultado electoral inesperado hasta la desconfianza ante las vacunas. Conviene, sin embargo, preguntarse qué describe realmente la palabra, qué hay de nuevo en el fenómeno y a quién le resulta útil.
La mentira política es tan vieja como la política. Hannah Arendt, en su ensayo "Verdad y política" (1967), ya advertía que la verdad de los hechos es frágil, que el poder la encuentra incómoda y que quien miente de manera organizada no solo oculta lo ocurrido, sino que destruye el terreno común sobre el que se discute. George Orwell lo había novelado antes en 1984. El dramaturgo Steve Tesich usó la expresión "post-truth" en 1992, a propósito del Watergate, el escándalo Irán-Contra y la guerra del Golfo, para decir que una sociedad había decidido, de manera tácita, que prefería no saber. Ralph Keyes publicó en 2004 The Post-Truth Era, y en 2005 el humorista Stephen Colbert popularizó el término "truthiness" para burlarse de lo que se siente cierto aunque no lo sea.
Si el fenómeno tiene antecedentes, ¿qué cambió? Cambiaron la escala, la velocidad y la economía de la información. Un estudio publicado en la revista Science en 2018 por investigadores del MIT, que analizó millones de mensajes en Twitter durante más de una década, concluyó que las noticias falsas se difundían más lejos y más rápido que las verdaderas, en buena medida porque resultaban más novedosas y despertaban más sorpresa e indignación. Las plataformas digitales, cuyo negocio consiste en retener la atención para venderla, tienen incentivos para amplificar justamente ese tipo de contenido. A la vez, los antiguos filtros profesionales, como las redacciones, los editores y las bibliotecas, perdieron peso frente a un flujo donde cualquiera emite y casi nadie verifica.
El filósofo estadounidense Harry Frankfurt aportó una distinción útil en su ensayo sobre la charlatanería, publicado como libro en 2005. El mentiroso conoce la verdad y la oculta, por lo que todavía le rinde cuentas. El charlatán, en cambio, es indiferente: dice lo que sirve a su propósito del momento y no le importa si es cierto. La posverdad contemporánea se parece más a lo segundo. No siempre busca que se crea una versión determinada; muchas veces busca agotar, confundir y sembrar la sensación de que nada puede saberse. Un informe de la consultora RAND, de 2016, describió el método de la propaganda como una manguera de falsedades, de alto volumen y múltiples canales, que no necesita ser coherente para ser eficaz.
Tampoco es un fenómeno que nazca con las redes sociales. En 1969, un memorándum interno de la tabacalera Brown & Williamson, revelado décadas más tarde por demandas judiciales, afirmaba que la duda era su producto, porque era la mejor manera de competir con el cuerpo de evidencia que vinculaba el cigarrillo con el cáncer. Los historiadores Naomi Oreskes y Erik Conway documentaron en Mercaderes de la duda (2010) cómo ese libreto se repitió con la lluvia ácida, el agujero de ozono y el cambio climático, con el apoyo de institutos y publicistas financiados por industrias interesadas. Investigaciones posteriores mostraron que los científicos de la petrolera Exxon proyectaron con notable precisión el calentamiento global desde fines de los años setenta, mientras la empresa financiaba campañas públicas que lo ponían en cuestión. Aquí la posverdad tiene un domicilio económico muy concreto.
El terreno político ofrece ejemplos igualmente documentados. El caso de Cambridge Analytica, que obtuvo datos de decenas de millones de usuarios de Facebook para perfilar votantes, mostró la capacidad de segmentar mensajes según los miedos de cada grupo. En Brasil, en 2018, investigaciones periodísticas revelaron campañas masivas de mensajes en WhatsApp que circulaban noticias falsas contra candidatos. Y en Myanmar, una misión de investigación de Naciones Unidas concluyó que Facebook había tenido un papel determinante en la difusión del odio contra la minoría rohingya, algo que la propia empresa admitió luego de manera parcial. La desinformación, en estos casos, no es un error de comunicación: tiene consecuencias materiales sobre vidas concretas.
¿A quién beneficia? El interés económico es el más evidente: las industrias que necesitan retrasar regulaciones, y las plataformas que ganan con la atención y la polarización. El político es igual de claro: cuando los hechos dejan de ser un árbitro compartido, desaparece la posibilidad de pedir cuentas, y el poder deja de tener que justificar lo que hace. También hay un efecto de clase, porque una ciudadanía que no puede distinguir quién la perjudica discute entre sí en lugar de mirar hacia arriba. Y existe un interés geopolítico, ya que debilitar la confianza en las instituciones de un país rival es mucho más barato que enfrentarlo militarmente. Los juristas Robert Chesney y Danielle Citron llamaron "dividendo del mentiroso" a un efecto más perverso aún: cuando todo puede ser falso, el responsable de un hecho real puede alegar que la prueba es una fabricación. La inteligencia artificial y los videos manipulados vuelven ese riesgo mucho más cercano.
Sería un error, con todo, tratar la posverdad como una enfermedad exclusiva de las masas o de un solo sector político. La desconfianza hacia las instituciones tiene raíces materiales y también históricas. Cuando en 2003 gobiernos democráticos justificaron la invasión de Irak con armas de destrucción masiva que no existían, o cuando la crisis financiera de 2008 dejó impunes a los responsables y afectados a millones, se erosionó una credibilidad que luego resultó muy difícil de reconstruir. Los estudios sobre razonamiento motivado muestran, además, que las personas aceptan o rechazan datos según su identidad y sus lealtades, y que eso ocurre en todos los espectros. Por eso conviene evitar que la palabra "posverdad" se transforme en un modo de descalificar a quien disiente, o en la nostalgia de una edad de oro del debate racional que nunca existió en forma absoluta.
¿Qué se puede hacer? La evidencia sugiere que no hay una solución única. Ayuda la educación en lectura crítica desde edades tempranas, como la que Finlandia incorporó a su currículo escolar. Ayudan las técnicas de "prebunking", que enseñan a reconocer las estrategias de manipulación antes de enfrentarse a ellas, y que han mostrado resultados alentadores en estudios experimentales. Ayuda exigir transparencia a las plataformas sobre cómo funcionan sus algoritmos, línea en la que avanzó la Unión Europea con la Ley de Servicios Digitales de 2022. Y ayuda sostener un periodismo independiente y financiado de manera sostenible, en particular el local, que es el primero en desaparecer. A nivel personal, algo tan modesto como esperar antes de compartir lo que indigna ya reduce el alcance de la manipulación.
La verdad factual no es propiedad de una élite, sino una construcción colectiva que depende de instituciones, métodos y hábitos que cuestan mucho levantar y poco derribar. Defenderla no consiste en creer que quienes la defienden jamás se equivocan, sino en sostener que los errores deben poder detectarse, discutirse y corregirse a la luz de evidencias comunes. Cuando eso se pierde, ganan quienes tienen más recursos para imponer su relato, y pierden quienes tienen menos herramientas para defenderse de él.
Por Ignacio Stankewitsch