Las denuncias presentadas apuntan a una supuesta colaboración oficial en la salida del excandidato, que buscó asilo en Estados Unidos
Varias denuncias se presentaron en las últimas horas en los tribunales de Comodoro Py y de Misiones para que se investigue la presunta complicidad del presidente Javier Milei y de otros funcionarios del Gobierno en la cinematográfica fuga a Estados Unidos del excandidato brasileño Flávio Bolsonaro.
El pasado domingo, el senador del Partido Liberal perdió el balotaje frente al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. Según se pudo reconstruir de fuentes oficiales, el martes ingresó a la Argentina con su familia y por la noche luego huyó tomando un avión privado desde Puerto Iguazú, Misiones, hacia Miami, previa escala en Ecuador.
Encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico ilegal de personas son algunas de las figuras delictivas que se mencionan contra integrantes del Poder Ejecutivo en las presentaciones realizadas por los diputados nacionales Marcela Pagano, Estebán Paulón y Gabriel Solano.
La presunta colaboración con la huida de Bolsonaro
Después de varias desmentidas y todo tipo de versiones durante el martes, las denuncias empezaron a llegar a Tribunales luego de que en la madrugada del miércoles la Dirección Nacional de Migraciones admitiera la llegada y salida del excandidato presidencial. A través de su cuenta de X, informó que a las 22:50 hs del martes, ingresaron por el paso fronterizo del Puente internacional Tancredo Neves en Misiones Flavio Nantes Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas.
"Lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país. Asimismo, los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo", agregó el comunicado oficial que desató el escándalo.
Para los denunciantes, a los funcionarios públicos que presuntamente organizaron, facilitaron o encubrieron su traslado logístico y salida del país se los podría acusar de varios delitos contemplados en el Código Penal argentino:
Encubrimiento agravado
Este delito castiga a quien ayude a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta. En las denuncias presentadas (como la del diputado Solano ante la jueza María Eugenia Capuchetti), se argumenta que se utilizó la estructura del Estado para encubrir y amparar a una persona alcanzada por restricciones judiciales en su país de origen. La pena prevista en el Código Penal es de seis meses a tres años pero se duplica cuando interviene un funcionario público.
Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público
Se configura cuando un funcionario dicta resoluciones u órdenes contrarias a las leyes o constituciones. Las presentaciones señalan que las autoridades encargadas de controlar las fronteras y el espacio aéreo (como Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria) presuntamente "miraron para otro lado" o flexibilizaron los controles y escoltaron al implicado de manera irregular. Este delito está penado con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Malversación de caudales públicos
Esta figura penaliza el desvío o empleo de dinero, vehículos, personal o recursos del Estado para fines distintos a los previstos por la ley. En las denuncias se solicita esclarecer si se utilizaron fondos o infraestructura pública (por ejemplo, el traslado en caravanas con camionetas de chapa diplomática) para facilitar la logística del escape de un ciudadano extranjero bajo investigación judicial. La pena es de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua.
Tráfico de personas en tránsito
Este delito fue incluido específicamente en la denuncia formulada por la diputada Pagano ante la Justicia Federal de Misiones. Se solicita que se evalúe el haberse facilitado el ingreso ilegal o clandestino y el inmediato egreso aéreo de un individuo evadiendo las alertas migratorias o utilizando mecanismos de documentación exceptuados (como el presunto uso de un pasaporte italiano por parte de Bolsonaro para burlar bloqueos del brasileño). El Código Penal prevé prisión de dos a seis años.
Las causas en Comodoro Py: ya se pidieron medidas preliminares
La jueza federal María Eugenia Capuchetti centraliza la primera denuncia por encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. La misma fue realizada por el diputado Solano y ya se dio vista a la fiscal Paloma Ochoa para que resuelva si impulsa la acción penal.
Mientras tanto, según fuentes judiciales, Ochoa ya solicitó una serie de medidas preliminares vinculadas con el ingreso y egreso de Bolsonaro al país: pedidos de informes a Cancillería, Migraciones, Interpol Argentina, ARCA, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Seguridad, Gendarmería, PSA y Aeropuertos Argentina 2000.
Los voceros también señalaron que en 2025 el Poder Ejecutivo dictó el DNU 366/2025 que modificó el artículo 29 de la ley 25.871 (de Migraciones), estableciendo que es causal de impedimento de ingreso y permanencia de extranjeros en el país "la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales o requerimientos judiciales".
Por eso marcaron la contradicción del Ejecutivo en haber dictado ese DNU y ahora presuntamente haber colaborado con la fuga de Bolsonaro cuando pesaba en su contra una prohibición de salida de Brasil por las causas que enfrenta por posible lavado de dinero, corrupción, evasión y otras. También hicieron notar que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ni siquiera pidió asilo político en Argentina cuando tenía esa posibilidad.
Solano solicitó que se investigue al presidente Milei y también a integrantes del área de inteligencia, seguridad y diplomática por ser presuntamente coautores, cómplices, instigadores o partícipes necesarios de los delitos mencionados.
La acusación de Paulón: "Milei, empleado del mes de Trump"
Por su parte, el diputado Paulón pidió que se investigue al presidente Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor presidencial Santiago Caputo, quien según fuentes oficiales habría estado presente en Puerto Iguazú para monitorear personalmente la entrada y salida del excandidato brasileño.
También pidió que se cite como testigos a los dos pilotos del vuelo de la empresa Baires Fly y a la azafata. Este expediente está en manos del juez Daniel Rafecas y se aguarda si se acumula con el de Capuchetti o qué temperamento se adopta.
"Milei es el empleado del mes de Donald Trump. Trump dijo que venga Bolsonaro a Estados Unidos y Milei salió corriendo. Un presidente en sus cabales, en su eje, no monta un operativo con recursos del Estado para que esa persona salga", sostuvo en C5N el diputado socialista.
El legislador remarcó que "la Justicia brasileña está diciendo que se fugó con la complacencia del Gobierno argentino, que montó un operativo con lugares, con horarios, con un avión" y que también quiere saber "quién pagó ese vuelo".
Otro expediente en Puerto Iguazú por denuncia de Pagano
Tras la denuncia de la diputada Pagano, el fiscal federal Fabián Martínez inició un procedimiento para esclarecer las circunstancias exactas del ingreso y la actuación de los organismos de control en la frontera misionera.
La ex legisladora libertaria solicitó el inmediato dictado de las medidas urgentes de preservación de los registros fílmicos informáticos y aeronáuticos involucrados y que se dé intervención a Interpol, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la autoridad central argentina en materia de cooperación penal con Brasil.
"Pedí preservar las cámaras del puente y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter, e investigar por tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta", sostuvo la diputada en X.
Según las fuentes, este fiscal y su colega Ochoa ya se pusieron en contacto para trabajar en forma conjunta.
Por Vanina Save-IP