El diputado Adrián Núñez acusó al responsable del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de utilizar las facultades de control del organismo para presionar a instituciones educativas tras las opiniones públicas del docente Eduardo Cazenave. Nelli Guerrero, de Movimiento por lo que Viene, rechazó las acusaciones y defendió los procedimientos administrativos. La Legislatura finalmente reprobó el proyecto de declaración.
Una fuerte polémica se desató en la Cámara de Representantes de Misiones entre La Libertad Avanza y el titular del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), Luis Bogado, a partir de una denuncia de presunta persecución política contra el docente Eduardo Cazenave.
El diputado Adrián Núñez presentó un proyecto de declaración para repudiar lo que consideró un uso de las facultades de supervisión del organismo con fines de presión política, luego de que Cazenave expresara públicamente sus opiniones sobre las propuestas legislativas de La Libertad Avanza vinculadas al sistema de educación privada.
Según relató Núñez, durante la semana del 19 de octubre su espacio había presentado iniciativas relacionadas con la transparencia de los aportes estatales a las instituciones educativas, la evaluación de los aprendizajes y la selección docente por mérito. Aclaró que ninguna de esas propuestas planteaba eliminar los subsidios a los establecimientos privados.
En ese contexto, Cazenave, docente y especialista en educación que se desempeñaba en instituciones privadas de Posadas, participó del debate público y expuso su mirada sobre las iniciativas. Para el legislador, esa intervención habría desencadenado una serie de situaciones que terminaron con la renuncia del educador.
Núñez sostuvo que el lunes 26 de octubre el SPEPM solicitó información a las instituciones donde trabajaba Cazenave sobre su situación laboral y que, ese mismo día, comenzaron a circular en grupos de WhatsApp datos personales vinculados con sus cargos y salarios, acompañados de cuestionamientos a sus opiniones.
El diputado también afirmó que, al día siguiente, el director ejecutivo del organismo, Luis Bogado, se presentó en el Instituto San Basilio Magno y habría señalado que las ideas del docente representaban un peligro para la educación misionera. Según su exposición, posteriormente se conoció que Cazenave había puesto su renuncia a disposición, preocupado por las consecuencias que la controversia pudiera tener sobre las instituciones en las que trabajaba.
A partir de esa secuencia, Núñez cuestionó los motivos del pedido de informes, la visita de Bogado al establecimiento y la circulación de información laboral del docente. Consideró que el caso podía configurar un mecanismo de disciplinamiento frente a opiniones diferentes y advirtió sobre el riesgo de utilizar las facultades de fiscalización del SPEPM como herramienta de presión.
El legislador vinculó su planteo con la defensa de la libertad de expresión, el derecho al trabajo y la protección de los datos personales. Además, propuso que la situación fuera puesta en conocimiento de las autoridades educativas nacionales y del Congreso.
La respuesta de Nelli Guerrero
El planteo fue rechazado por la diputada Nelli Guerrero, de Movimiento por lo que Viene, quien cuestionó que las tareas habituales de supervisión del SPEPM fueran presentadas como un mecanismo de persecución política.
La legisladora calificó como “una insensatez absoluta y un discurso político inadmisible” equiparar las facultades de control del organismo con una persecución contra un docente por sus opiniones.
Guerrero aclaró que no acompañaría ninguna práctica destinada a perseguir a un trabajador por pensar diferente, pero sostuvo que no se pueden confundir denuncias con hechos comprobados ni una renuncia voluntaria con un despido.
En ese sentido, defendió las actuaciones administrativas del SPEPM y señaló que sus intervenciones responden a las atribuciones legales del organismo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones educativas y la transparencia en la administración de los recursos públicos.
También remarcó que, antes de atribuir responsabilidades o reclamar la remoción de funcionarios, es necesario respetar el debido proceso, escuchar a todas las partes y analizar las pruebas disponibles.
“Defender la libertad de expresión y la democracia no se hace levantando banderas falsas y fabricando relatos a medida; se hace respetando las instituciones, dando la cara con verdad”, sostuvo Guerrero durante su intervención.
Finalmente, el proyecto de declaración presentado por Núñez fue rechazado por la Cámara. El oficialismo fundamentó su posición en que Cazenave había decidido presentar su renuncia por voluntad propia y no había sido apartado de sus funciones por una decisión del organismo.
El debate dejó expuestas dos interpretaciones contrapuestas sobre el episodio: mientras La Libertad Avanza denunció un posible uso político de las facultades de supervisión del SPEPM contra un docente que había expresado opiniones críticas, desde Movimiento por lo que Viene defendieron la actuación institucional del organismo y cuestionaron que se presentaran como hechos probados acusaciones que, sostuvieron, debían ser debidamente acreditadas.