En junio de 1954, los guatemaltecos que encendían la radio oían partes de guerra: columnas que avanzaban, ciudades que caían, oficiales que desertaban. La emisora se llamaba La Voz de la Liberación y se presentaba como la voz de un movimiento rebelde. Era una operación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a cargo de dos exiliados guatemaltecos que la agencia había contratado. El ejército que anunciaba existía sobre todo en el aire. Castillo Armas, que operaba desde Honduras, contaba con el apoyo activo del dictador nicaragüense Anastasio Somoza y de la United Fruit Company, y la CIA lo había contactado ya a comienzos de 1952. Cuando cruzó la frontera el 18 de junio, según el registro oficial del Departamento de Estado, se enfrentó a formaciones del ejército guatemalteco más numerosas y los combates no resolvieron nada. La guerra se ganó con la radio, con ataques aéreos y con una serie de contactos clandestinos que convencieron a oficiales poderosos de que debían enfrentar a su presidente. Jacobo Árbenz renunció el 27 de junio.
Árbenz era un coronel elegido en las urnas en 1950, sucesor de otro presidente civil, Juan José Arévalo. Su gobierno heredó un país donde una compañía estadounidense, la United Fruit Company, tenía concesiones desde comienzos de siglo y controlaba enormes extensiones de tierra. En 1952 impulsó una reforma agraria que expropiaba tierra ociosa a cambio de una indemnización. El 26 de febrero de 1953 ordenó expropiar unos 234.000 acres de la compañía cerca de Tiquisate. La indemnización se calculó sobre el valor que la propia empresa había declarado al fisco: entre 627.000 y 1,2 millones de dólares, según la fuente consultada. United Fruit y el Departamento de Estado reclamaron casi 16 millones. La distancia entre ambas cifras mide cuánto había tributado la empresa por lo que ahora decía valer.
Los historiadores discuten cuánto pesó la compañía y cuánto la Guerra Fría. Los documentos oficiales registran que Washington temía la creciente influencia de militantes comunistas en el gobierno guatemalteco, y que ese temor se agravó cuando en mayo de 1954 llegó a Guatemala un barco sueco cargado con armas del bloque soviético. Una revisión interna de la CIA sobre la operación de 1952, citada en recuentos históricos, anota además que los funcionarios de más rango reconocían que un gobierno hostil en Guatemala no constituía por sí mismo una amenaza directa para Estados Unidos, y que lo dañado eran los intereses de las empresas estadounidenses.
La documentación sobre el resto de la operación, llamada PBSUCCESS, es abundante y a veces aberrante. El presidente Dwight Eisenhower la autorizó en agosto de 1953, con un presupuesto de 2,7 millones de dólares (el Departamento de Estado menciona 3 millones) para «guerra psicológica y acción política» y otros componentes de una pequeña guerra paramilitar. El 23 de mayo de 1997, la CIA liberó varios cientos de documentos. Entre ellos había un manual de 19 páginas titulado «Estudio sobre el asesinato», hallado entre los archivos de entrenamiento de la operación, que describe procedimientos, instrumentos y ejecución del asesinato político como quien explica una receta. La agencia llegó a encargar a un historiador de su propio centro de estudios, Nicholas Cullather, una historia de la operación, que también se desclasificó y hoy puede leerse.
Hay más. Un memorando del archivo pide a los jefes de una de las divisiones involucradas una lista de dirigentes del gobierno de Árbenz, miembros del Partido Comunista y personas de importancia táctica cuya eliminación fuese, en la frase del documento, obligatoria para el éxito militar, y solicita que el personal ponga sus iniciales junto a los nombres de una «lista final» de personas a eliminar (en el original, «disposees»). La llamada lista A tenía 58 nombres. La CIA los tachó todos antes de desclasificar los papeles. Eso impide verificar si alguna de esas personas murió por la operación. Pero sí permite comprobar que en 1954 una oficina de la agencia dedicó papel y tiempo a decidir quién sobraba en un país extranjero con el que Estados Unidos mantenía relaciones diplomáticas.
La invasión no fue la primera idea. Un plan anterior, PBFORTUNE, se cayó en 1952. La segunda tentativa tuvo suerte. Tras la renuncia de Árbenz, Castillo Armas asumió el poder y, según la historiografía, desmontó lo que el gobierno anterior había hecho con la tierra. Guatemala entró en un período de dictaduras militares y guerra interna que duró desde 1960 hasta 1996. En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada por los acuerdos de paz con apoyo de las Naciones Unidas, presentó su informe: más de 200.000 personas muertas o desaparecidas, entre ellas unas 45.000 desaparecidas, incluidos unos 5.000 niños. El 83 % de las víctimas eran mayas y el 93 % de las violaciones se atribuyeron al ejército, las patrullas civiles y otras fuerzas del Estado. La comisión contó más de seiscientas masacres. En el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, en 2013, la jueza que lo presidió declaró que los ixiles habían sido considerados enemigos públicos del Estado y víctimas de racismo, tratados como una raza inferior. La condena fue anulada poco después por razones de procedimiento.
El 10 de marzo de 1999, en el Palacio Nacional de Guatemala, el presidente estadounidense Bill Clinton dijo que había sido un error apoyar a fuerzas militares y unidades de inteligencia involucradas en una represión violenta y generalizada del tipo descrito en el informe. Fue la expresión de pesar más explícita de un presidente estadounidense sobre Guatemala. No alcanzaba al golpe de 1954: aludía al apoyo posterior a los militares.
¿Cómo viven las víctimas de ese proceso hoy? Los datos de 2026 muestran un país donde las consecuencias persisten. Según el informe mundial de Human Rights Watch, el 56 % de los guatemaltecos vivía por debajo de la línea nacional de pobreza en 2023, y entre los pueblos indígenas la tasa asciende al 75 %. Casi el 47 % de los niños menores de cinco años padecía desnutrición crónica, y el 58 % entre los niños indígenas. La encuesta oficial de salud de 2025 registra una baja al 42 %, todavía de las más altas de América Latina. La política aporta su ironía. Bernardo Arévalo, hijo de aquel presidente Arévalo que antecedió a Árbenz, ganó las elecciones de 2023 y asumió en enero de 2024 pese a los intentos de la entonces fiscal general, Consuelo Porras, de revertir ilegalmente el resultado, según Human Rights Watch. Porras dejó el cargo en mayo de 2026. Setenta y dos años después de la caída de Árbenz, un presidente que llegó al poder prometiendo reformas tuvo que defender su elección frente a los intentos de la fiscalía de anularla.
Las preguntas de fondo siguen abiertas. ¿Qué habría pasado si la reforma agraria de Árbenz hubiera continuado y la distribución de tierras hubiera seguido por el cauce legal que él había abierto? ¿Habría surgido una guerrilla sin un presidente derrocado que demostrara que las vías electorales eran cerradas? ¿Habrían existido las patrullas civiles, las masacres de los años ochenta y la política de tierra arrasada contra los mayas? No se puede probar que sin PBSUCCESS Guatemala habría evitado todo eso, ni que alguna de aquellas decisiones dependiera de la intervención. Los datos documentados sostienen algo más modesto y más grave: en 1954, la agencia de inteligencia de un país extranjero desmanteló un gobierno que expropiaba tierra con indemnización, instaló en su lugar a un militar de su elección, y nadie le preguntó a los guatemaltecos. Lo que vino después lo pagaron ellos.
Por Ignacio Stankewitsch