León XIV llega con una misión que se impuso al elegir su nombre: actualizar la “Rerum Novarum”, la doctrina social de la Iglesia. Acepta la propiedad privada, el mercado y la ganancia, pero los subordina a la dignidad humana y al bien común; defiende el salario justo, la negociación colectiva y un Estado presente. En ese punto choca de frente con el ideario libertario del Presidente, para quien la justicia social es “una aberración”.
La historia es conocida, y se revaloriza en estas horas. Robert Prevost eligió llamarse León XIV en homenaje a León XIII, quien en 1891 publicó la Rerum Novarum, texto fundacional de la doctrina social de la Iglesia. El Pontífice explicó que, así como su antecesor respondió a los desafíos de la Revolución Industrial, la Iglesia debe enfrentar hoy las transformaciones que traen la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas formas de organización del trabajo. Este año, además, se cumplen 135 años de aquel texto.
Ni socialismo ni capitalismo absoluto. En plena industrialización europea, la Rerum Novarum cuestionó las condiciones laborales, los salarios insuficientes y la concentración de la riqueza, pero también rechazó el socialismo que pretendía abolir la propiedad privada. La Iglesia propuso una tercera vía: defender la iniciativa individual y reconocer, a la vez, derechos de los trabajadores y obligaciones sociales de los propietarios. En 1931, Pío XI profundizó esas ideas con la Quadragesimo Anno, donde desarrolló el principio de subsidiariedad y consolidó el concepto de justicia social.
No se trata de una teoría económica cerrada, sino de un conjunto de principios para evaluar moralmente los distintos modelos productivos. La doctrina reconoce la propiedad privada como un derecho legítimo y admite que el mercado competitivo puede asignar recursos con eficiencia e incentivar la innovación. Pero le asigna a la propiedad una función social: los bienes tienen un destino universal y su uso implica responsabilidades frente a los demás. La ganancia es legítima, pero no es la única medida del éxito. Una empresa rentable que vulnera derechos laborales o daña el ambiente no cumple los criterios católicos.
De ahí se desprende el papel del Estado. Debe proteger la competencia, impedir abusos monopólicos y atender la vulnerabilidad que el mercado no resuelve. Y con autoridad: anticipándose, no reparando daños. Por subsidiariedad, interviene cuando familias, empresas o comunidades no alcanzan. Para la Iglesia, esa intervención puede ser una obligación de justicia y no una violación de la libertad.
El trabajo antes que el capital. La doctrina sostiene que el trabajo humano tiene prioridad moral sobre el capital: el trabajador no es solo un factor productivo cuyo precio fija la oferta y la demanda. Por eso defiende el salario justo, las condiciones dignas, el descanso, la organización sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. El salario debe considerar las necesidades del trabajador y su familia, y su formación no puede quedar librada al mercado: según la doctrina, el Estado debe intervenir para que sea decente.
El pensamiento libertario, en cambio, enfatiza la libertad contractual y la reducción de regulaciones. La Iglesia responde que un contrato formalmente voluntario no resulta necesariamente justo cuando hay una desigualdad extrema de poder entre las partes.
La grieta más profunda. La diferencia de fondo está en la justicia social. Para el credo libertario es una aberración, porque implica quitarles recursos a unos mediante impuestos para entregárselos a otros. Para la doctrina católica, en cambio, significa que todos accedan a los bienes necesarios para una vida digna –salario justo, educación, salud, vivienda–. No exige igualdad de ingresos ni borra las diferencias que derivan del esfuerzo, el talento o el riesgo empresario. Lo que rechaza es considerar injusta toda intervención destinada a corregir desigualdades. El Catecismo es explícito: regular la economía únicamente por la ley del mercado quebranta la justicia social, porque existen necesidades humanas que el mercado no puede satisfacer. Tampoco la solidaridad se reduce a la caridad voluntaria. Los impuestos justos son una herramienta para sostenerla.
La discusión puede resumirse en una pregunta: ¿alcanza con garantizar que nadie viole los derechos individuales o también hay que construir condiciones para que todos puedan ejercerlos? La Iglesia sostiene que, sin justicia social, la libertad económica corre el riesgo de convertirse en un privilegio de quienes ya tienen recursos.
Cada vez que León XIV hable de economía, detrás estará esa misión: remozar la encíclica que abrió una nueva etapa en la Iglesia, lejos del socialismo revolucionario de fines del siglo XIX, pero también del liberalismo ortodoxo. Esa doctrina choca contra muchos de los pétreos conceptos del oficialismo. Cada mensaje papal será un desafío para la habitual falta de templanza presidencial.
Donde sí hay puntos de contacto
No todo es choque entre ambas visiones. Varios aspectos del programa libertario son compatibles con la doctrina social de la Iglesia. La estabilidad monetaria, la protección del ahorro, la previsibilidad jurídica, el combate contra la corrupción y la administración responsable de los recursos públicos pueden contribuir al bien común. La Iglesia no defiende el déficit fiscal permanente, la emisión descontrolada ni el endeudamiento irresponsable, y ambos enfoques pueden coincidir en cuestionar la burocracia y el intervencionismo ineficiente. La diferencia aparece cuando el equilibrio presupuestario se vuelve un objetivo que desplaza cualquier otra consideración. Desde la mirada católica, una política de estabilización no se evalúa solo por sus resultados fiscales y monetarios, sino también por sus efectos sobre el empleo, la pobreza, los salarios y las condiciones de vida. La disciplina fiscal puede ser necesaria, pero no alcanza por sí sola para definir la justicia económica.
Por Carlos Burgueño - Perfil