Millones de trabajadores secundaron una jornada de huelga general para exigir salarios dignos y medidas urgentes frente a la crisis de vivienda, en una movilización que paralizó parcialmente sectores estratégicos y reunió a miles de personas en las principales ciudades. La protesta transcurrió mayoritariamente de forma pacífica, aunque terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales en Madrid y Barcelona, donde se registraron destrozos, incendios y detenciones, en plena campaña para las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre.
Una movilización histórica contra la crisis habitacional. España vivió el miércoles su primera huelga general de ámbito nacional desde 2012. Los trabajadores se han movilizado contra las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis de deuda de la eurozona. 14 años después, el principal motivo de la convocatoria ha sido el deterioro del acceso a la vivienda, convertido en uno de los mayores focos de malestar social del país, aunque las protestas también se dirigieron contra el alto costo de vida.
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), junto con organizaciones de inquilinos y otros colectivos sociales, llamaron a paralizar la actividad bajo el lema “salarios, vivienda, precios”. La convocatoria ha apuntado a presionar a las administraciones para que intervengan en el mercado inmobiliario, frenen el incremento de los alquileres y garanticen unas condiciones de vida dignas.
Más de 3 millones de personas hoy en la huelga general por la vivienda digna. Impresionante. https://t.co/h0L1D6obkX
— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 12, 2026
Según las estimaciones difundidas por los sindicatos, alrededor de cuatro millones de trabajadores participaron en los paros, aproximadamente una quinta parte de la población activa española. El Sindicato de Inquilinas, por su parte, esperaba que la cifra alcanzara los cinco millones al finalizar la jornada.
España cuenta con cerca de 23 millones de trabajadores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el seguimiento de la huelga fue desigual entre sectores y territorios. Mientras los sindicatos defendieron que la movilización había superado sus expectativas, la principal organización empresarial, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la calificó de “fracaso” y situó el seguimiento medio por debajo del 5 %.
Puertos y fábricas, los sectores más afectados
Los efectos de la huelga fueron especialmente visibles en la industria, el transporte y la logística. Los sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) cifraron en un 90 % el seguimiento en los puertos y las fábricas de automóviles, donde se registraron paros prácticamente totales en instalaciones como las de Volkswagen en Navarra y SEAT en Barcelona.
Los sindicatos también informaron una participación del 85 % en la industria cárnica, del 82 % en la recogida de residuos y del 75 % en el sector energético. Numerosos centros educativos y universidades permanecieron cerrados, mientras que los piquetes informativos– trabajadores que se sitúan en las entradas de empresas, para informar a los empleados sobre los motivos de la convocatoria e intentar convencerlos de que secunden el paro– se desplegaron en mercados mayoristas, polígonos industriales y grandes centros de producción.
El impacto alcanzó igualmente al transporte público. El metro de Barcelona limitó su funcionamiento a las horas punta, mientras que el de Madrid registró una reducción del 42 % de la afluencia durante los periodos de mayor demanda respecto a la semana anterior. Alrededor del 5 % de los vuelos programados para el miércoles fueron cancelados, según el gestor aeroportuario AENA.
La demanda eléctrica también experimentó descensos significativos. Red Eléctrica registró una caída de hasta el 15,5 % entre las 10:00 y las 11:00 horas, aunque la diferencia se redujo a lo largo de la jornada.
No obstante, el impacto económico habría sido menor que el de anteriores huelgas generales. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, atribuyó esta circunstancia al crecimiento del teletrabajo y al mayor peso del sector servicios, donde la afiliación sindical es inferior a la de la industria y el sector público. Según sus estimaciones, la movilización podría restar entre un 0,1 % y un 0,2 % al producto interior bruto (PIB) anual.
Miles de personas desafían la lluvia
Las manifestaciones convocadas por la tarde constituyeron el principal escaparate de la movilización. A pesar de las intensas precipitaciones y las dificultades provocadas por los temporales Charles y Bruna, decenas de miles de personas salieron a las calles de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y otras ciudades.
En la capital del país, la Delegación del Gobierno calculó una asistencia de 120.000 personas, mientras que en Barcelona la Guardia Urbana cifró la participación en 55.000. Los organizadores ofrecieron estimaciones considerablemente superiores: el Sindicato de Inquilinas habló de 600.000 asistentes en la capital y 400.000 en Barcelona, cifras que no fueron respaldadas por las autoridades.
Valencia también registró una movilización importante, con estimaciones de 40.000 participantes por parte de los organizadores y 13.000 según la Policía Local. En A Coruña, en el norte del país, el Ayuntamiento cifró la asistencia en 30.000 personas, mientras que en Bilbao se contabilizaron alrededor de 12.000.
La jornada estuvo marcada por las consignas contra los grandes propietarios, los fondos de inversión inmobiliaria y las empresas que gestionan viviendas en alquiler. “¿Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa?” y “tenemos las llaves de todos vuestros pisos” fueron algunos de los mensajes coreados durante las marchas.
En la Gran Vía madrileña, los manifestantes celebraron el cierre de establecimientos comerciales como Primark, H&M y Pull&Bear. Algunos agitaban llaves de viviendas mientras reclamaban el cierre de tiendas y denunciaban que los trabajadores no pueden acceder a una vivienda en las ciudades donde desarrollan su actividad.
En Barcelona, numerosos comercios del centro optaron por cerrar sus puertas y proteger sus escaparates ante el temor a posibles altercados.
Una generación que no puede emanciparse
Detrás de las reivindicaciones sindicales se encuentra una crisis habitacional que afecta especialmente a los jóvenes y a los hogares con ingresos medios y bajos.
El Banco de España calcula que la nación arrastra un déficit de aproximadamente 750.000 viviendas, una brecha que podría superar el millón de unidades en 2028. La escasez de oferta, combinada con el aumento de la demanda y la presión del mercado turístico, ha contribuido al encarecimiento de los alquileres.
El precio medio del arrendamiento alcanza los 1.176 euros mensuales, equivalente aproximadamente al 98,7 % del salario medio mensual de una persona joven, según el Consejo de la Juventud de España.
“Tengo 36 años y todavía no puedo independizarme”, explicó a Reuters Jesús González, residente en Madrid y trabajador del departamento informático de un hospital. “Los alquileres no dejan de subir, los precios de la vivienda tampoco, y es sencillamente imposible”, subrayó.
Huelga general | Decenas de miles de personas salen a la calle en Madrid. "Queremos reivindicar el derecho a una vivienda digna sin que nos cueste el salario completo". #Canal24Horas https://t.co/IlnQdmH2ZW
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 11, 2026
La protesta también reunió a personas de generaciones anteriores preocupadas por las dificultades de sus hijos para acceder a una vivienda.
Almudena López, de 74 años, acudió a la manifestación madrileña junto a su marido. Su hijo, de 43 años y trabajador del sector informático, todavía no puede permitirse una vivienda propia y vive en una habitación alquilada dentro de un piso compartido.
“Cuando yo era joven, si tenías un título universitario, podías conseguir un empleo y, ahorrando un poco, lograbas salir adelante. Nada que ver con la situación actual”, afirmó.
La movilización adquirió especial fuerza tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años de Madrid que falleció posteriormente. Su caso se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de las personas mayores y de la dificultad de miles de ciudadanos para conservar sus hogares.
Los colectivos convocantes reclaman, entre otras medidas, la recuperación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler, la limitación de los pisos turísticos, la prohibición de las compras especulativas y la creación de un millón de viviendas públicas en régimen de arrendamiento. También exigen contratos de alquiler indefinidos, una reducción del 50 % de las rentas y mayores controles sobre los precios de los bienes y servicios básicos.
“Las autoridades necesitan sentir la presión de la ciudadanía para que hagan algo”, afirmó Carlos Ferrer, trabajador de atención al cliente de 45 años que intentaba regresar a Alicante desde Barcelona. A su juicio, en ocasiones solo “medidas radicales, como una huelga general”, pueden forzar un cambio de rumbo.
La activista Valeria Racu defendió que la convocatoria pretende cuestionar el modelo inmobiliario y las políticas públicas que, a juicio de los organizadores, favorecen la especulación. “Estamos aquí para demostrar que tenemos capacidad para marcar nuestra propia agenda, y seguiremos haciéndolo, gobierne quien gobierne”, declaró.
Los empresarios reclaman más construcción y menos impuestos
La patronal española cuestionó la utilidad de la huelga y defendió que paralizar la actividad económica no constituye una solución para la crisis habitacional.
Ángela de Miguel, vicepresidenta de la CEOE, advirtió de que las pequeñas empresas también sufren las consecuencias de la escasez de viviendas, ya que tienen dificultades para contratar trabajadores que no pueden permitirse residir cerca de sus centros de trabajo.
En declaraciones a la televisión pública TVE, defendió que la respuesta pasa por aumentar la construcción de viviendas y reducir la carga fiscal tanto en los procesos de edificación como en la adquisición de inmuebles.
La CEOE sostuvo que la participación general apenas alcanzó el 5 %, una cifra muy inferior a las estimaciones sindicales. Unai Sordo, secretario general de CCOO, rechazó esa valoración y aseguró que la convocatoria había superado las expectativas de las organizaciones promotoras.
El desacuerdo refleja también las distintas interpretaciones sobre el alcance de una movilización que tuvo mayor repercusión en las regiones costeras y en las zonas donde el encarecimiento de la vivienda ha generado una presión especialmente intensa.
Disturbios al término de las marchas en Madrid y Barcelona
Aunque la mayor parte de las manifestaciones transcurrió de forma pacífica, la jornada terminó con episodios de violencia en las dos principales ciudades españolas.
En Barcelona, después de finalizar la marcha principal, un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a destrozar escaparates de establecimientos comerciales en el paseo de Gràcia, una de las principales arterias de la ciudad. También se registraron incendios de contenedores, mobiliario urbano y bicicletas, así como lanzamientos de petardos y material pirotécnico contra los agentes antidisturbios.
“Ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente hoy durante toda la jornada”
Entre los establecimientos afectados figuraba una tienda de Apple, cuya entrada resultó dañada. Los Mossos d'Esquadra desplegaron efectivos antidisturbios y vehículos policiales para dispersar a los grupos violentos y recuperar el control de las calles.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, condenó los actos vandálicos y expresó su apoyo a los comerciantes afectados. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también rechazó los incidentes y defendió la legitimidad de la protesta pacífica.
“Ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente hoy durante toda la jornada”, afirmó Illa en un mensaje publicado en redes sociales. “La protesta es legítima, la violencia no”.
En Madrid, la tensión aumentó al término de la manifestación en las inmediaciones de la plaza de España. Después de que algunos participantes intentaran superar el cordón policial establecido para impedir el acceso a la zona, los agentes antidisturbios intervinieron y utilizaron pelotas de goma, gases lacrimógenos y espray de pimienta para dispersar a los congregados.
También se registraron quemas de contenedores, roturas de escaparates y carreras por las calles próximas a la Gran Vía y Callao.
Los incidentes se sumaron a los registrados durante la mañana en las inmediaciones de Mercamadrid, donde se produjeron enfrentamientos entre piquetes y agentes policiales. Los sindicatos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza y anunciaron acciones legales por una operación en la que varios manifestantes resultaron heridos.
Al cierre de la jornada, las cifras oficiales difundidas por las fuerzas de seguridad apuntaban a más de 60 detenidos, mientras que el balance de Reuters elevaba la cifra a 73 arrestos en todo el país.
También se han contabilizado cientos de incidentes relacionados con bloqueos, alteraciones del orden público y daños materiales.
Una huelga en plena campaña electoral
La movilización se produjo en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, que afronta las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre con su coalición de izquierdas por detrás en los sondeos.
La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político español y representa una oportunidad para el Ejecutivo socialista de recuperar la iniciativa electoral. Sánchez espera que el descontento social por los alquileres y la dificultad de acceso a la propiedad permita desplazar la atención de otros episodios que han perjudicado su campaña, entre ellos un grave incidente migratorio en Ceuta y un accidente ferroviario ocurrido el mes pasado que dejó 69 fallecidos.
La convocatoria electoral llegó después de semanas de protestas por el desahucio de Maricarmen Abascal y del rechazo parlamentario a varios decretos gubernamentales destinados a frenar los desalojos y contener la presión sobre los alquileres.
El presidente mantuvo un perfil discreto durante la jornada, aunque había defendido previamente, en un vídeo publicado en X, el papel histórico de las movilizaciones sindicales en la conquista de derechos sociales como la jornada laboral de 40 horas y el sistema nacional de salud.
“No fue fácil, pero cambiaron España”, afirmó Sánchez, al tiempo que advirtió de que un eventual Gobierno de derechas podría reducir la financiación de los servicios públicos.
Desde la oposición, el Partido Popular y la bancada antiinmigrantes Vox acusaron a los sindicatos de favorecer electoralmente al Ejecutivo. Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, calificó la huelga de “regalo de los sindicatos a sus partidos políticos” en vísperas de una campaña en la que, según afirmó, la izquierda necesita toda la ayuda posible.
El politólogo Oriol Bartomeus, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, consideró que la movilización puede beneficiar a los socialistas y a otras formaciones progresistas si consigue devolver la vivienda al centro de la discusión política.
“Los socialistas necesitan que la huelga sea un éxito y que transcurra sin violencia, para que la campaña electoral pueda volver a centrarse en la cuestión de la vivienda”, señaló a la agencia de noticias AP.
Sin embargo, los colectivos de inquilinos insistieron en que sus reivindicaciones trascienden el calendario electoral y no están vinculadas a un partido concreto. Su objetivo, sostienen, es mantener la presión sobre todas las administraciones, independientemente de quién gobierne.
La jornada del 11 de noviembre ha evidenciado así la dimensión política y social de una crisis que va más allá del mercado inmobiliario: el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad española y en un factor capaz de condicionar el resultado de las próximas elecciones.
Fuente: France24