La senadora Patricia Bullrich volvió a utilizar los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA para justificar el alineamiento del gobierno de Javier Milei con la política exterior de Israel. En una declaración publicada originalmente en Perfil y reproducida por este medio el 11 de noviembre de 2026, afirmó: «Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos». Sin embargo, detrás de esa frase efectista hay una serie de problemas históricos, judiciales, políticos y constitucionales que la dirigente evita abordar.

La historia de la causa AMIA que Bullrich prefiere ignorer

La atribución de responsabilidades a Irán no nació de una sentencia definitiva que hubiera cerrado todas las controversias sobre el atentado. Su construcción judicial tiene una historia que merece ser examinada.

En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció sobre la causa por el encubrimiento del atentado. El juez Carlos Mahiques desarrolló una interpretación que atribuyó al Estado iraní la organización del ataque y relacionó los atentados con la ruptura de acuerdos de cooperación nuclear entre Argentina e Irán. Pero hay un dato importante: ese pronunciamiento correspondió a la causa por encubrimiento, no al expediente principal destinado a juzgar a los responsables del atentado.

Tampoco sería correcto presentar el voto de Mahiques como un dictamen de minoría: integró la posición mayoritaria de aquella resolución. Lo que sí corresponde cuestionar es el alcance de sus conclusiones y la pretensión política de convertirlas en una verdad que ya no admite discusión.

La investigación principal permaneció durante décadas sin llegar a un juicio oral contra los acusados iraníes. La reciente reforma que habilitó el juicio en ausencia modificó ese escenario. En septiembre de 2026, el juez Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y uno libanés, en una resolución que todavía admite revisión judicial y que no equivale a una condena firme. Por lo tanto, tampoco sería honesto afirmar que hoy no existe ninguna investigación ni ningún elemento probatorio contra los acusados. Lo que no existe es una sentencia firme que permita a Bullrich presentar todas las responsabilidades como una verdad judicial definitivamente establecida.

Hay, además, un antecedente particularmente incómodo para quienes pretenden clausurar el debate: en julio de 2022, una investigación periodística de The New York Times, basada en información atribuida al Mossad, informó que el servicio de inteligencia israelí había concluido que los ataques fueron ejecutados por una célula de Hezbollah, pero sin participación operativa directa de funcionarios iraníes ni de ciudadanos argentinos. Esa información contradijo aspectos centrales de la tesis que vincula directamente al Estado iraní con la ejecución de ambos atentados. No constituye por sí misma una sentencia ni una investigación independiente de la Justicia argentina, pero demuestra que incluso dentro de los organismos de inteligencia israelíes existieron evaluaciones que no coincidían plenamente con la versión que Bullrich presenta como indiscutible.

Por otra parte, el caso de la Embajada de Israel presenta una situación investigativa particularmente problemática. La Corte Suprema nunca desarrolló una investigación judicial comparable a la que se llevó adelante en la causa AMIA. Las controversias sobre la mecánica de la explosión, los peritajes y la ausencia de esclarecimiento siguen formando parte de la historia del expediente.

En ese contexto, corresponde mantener abiertas todas las líneas de investigación que puedan sustentarse en elementos verificables. Incluso las hipótesis que plantean una eventual operación de falsa bandera o la intervención de sectores vinculados al propio Estado de Israel deben poder examinarse sin censura política previa. Esto no significa afirmar que Israel organizó los atentados: no existe prueba concluyente que permita sostener esa acusación. Significa rechazar que una hipótesis alternativa sea descartada por conveniencia diplomática mientras se exige aceptar otra como dogma.

La justicia no puede funcionar mediante lealtades geopolíticas.

El memorándum que Bullrich y su espacio político ayudaron a bloquear

Existe otra contradicción que merece atención. En 2013, el gobierno argentino firmó con Irán un Memorándum de Entendimiento que contemplaba el intercambio de documentación, la creación de una comisión internacional de expertos y la posibilidad de interrogar en Teherán a los acusados sobre los cuales pesaban notificaciones rojas de Interpol.

El documento establecía mecanismos concretos para que ambas partes presentaran información y para que una comisión examinara las pruebas disponibles y formulara recomendaciones.

La iniciativa fue resistida por el PRO y otros sectores de la oposición, entre ellos el espacio político al que pertenecía Bullrich. El acuerdo terminó sin aplicarse, después de que fuera declarado inconstitucional por la Justicia argentina y no obtuviera la ratificación iraní.

Se puede discutir su conveniencia, su eficacia y sus limitaciones jurídicas. Lo que no se puede hacer es desconocer que ofrecía una vía de cooperación para intentar avanzar en una causa paralizada.

Bullrich y sus aliados contribuyeron políticamente a impedir que esa alternativa prosperara. Después de haber combatido un mecanismo que pretendía obtener información y facilitar interrogatorios, no pueden presentarse como los únicos interesados en conocer toda la verdad.

Si estaban convencidos de la responsabilidad iraní, ¿por qué no defender un mecanismo que permitiera profundizar la investigación y confrontar directamente a los acusados con las pruebas?

La respuesta política es evidente: durante demasiados años, la causa AMIA fue utilizada como instrumento de disputa interna y alineamiento internacional, mientras los familiares de las víctimas continuaron esperando justicia.

Nisman, la investigación y las responsabilidades políticas que no se pueden eludir

La muerte de Alberto Nisman, en enero de 2015, profundizó todavía más la crisis institucional alrededor de la causa AMIA.

Nisman había denunciado a Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios por presunto encubrimiento a través del memorándum con Irán. Su muerte, ocurrida antes de que presentara esas acusaciones ante el Congreso, convirtió la investigación en un campo de enfrentamiento político permanente.

Patricia Bullrich tuvo un papel político relevante en aquella etapa y posteriormente ocupó posiciones de responsabilidad en materia de seguridad. Su trayectoria exige que se le reclamen explicaciones sobre las decisiones institucionales, los recursos públicos destinados a la investigación y los resultados obtenidos.

No hay, sin embargo, una resolución judicial que demuestre que Bullrich haya causado la muerte de Nisman. Atribuirle responsabilidad penal o material sin pruebas sería repetir precisamente el procedimiento de acusación sin demostración que aquí se cuestiona. Lo que si está demostrado es que previo a la muerte de Nisman ella estuvo horas acosándolo vía telefónica.

La responsabilidad política es otra cuestión. Bullrich no puede utilizar la muerte del fiscal como argumento de autoridad para sus posiciones actuales y, al mismo tiempo, eludir el balance de las políticas de seguridad y de inteligencia que defendió, los recursos públicos empleados y la falta de esclarecimiento integral de los atentados.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de enero de 2024 sobre el caso Memoria Activa y otros contra Argentina constituye un documento fundamental para comprender las responsabilidades estatales, las deficiencias investigativas y el encubrimiento que rodearon el atentado. No es un aval a la utilización partidaria de la tragedia ni una autorización para convertir hipótesis en certezas.

Milei, la guerra y el desprecio por la Constitución

La declaración de Bullrich tampoco puede analizarse separadamente de la política exterior de Javier Milei.

El Presidente ha expresado públicamente su alineamiento con Israel y Estados Unidos en el conflicto con Irán, llegando a utilizar declaraciones que presentan a la Argentina como parte de esa confrontación. Su gobierno adoptó decisiones concretas contra organismos iraníes y elevó considerablemente el nivel de hostilidad diplomática.

Pero hay una cuestión constitucional que no puede soslayarse.

El artículo 75, inciso 25, de la Constitución Nacional establece entre las atribuciones del Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. A su vez, el artículo 99, inciso 15, establece que el Presidente declara la guerra con autorización y aprobación del Congreso.

No es una formalidad secundaria. Es una garantía institucional destinada a impedir que una persona, por decisión propia, comprometa a toda la Nación en un conflicto armado.

Por eso, las declaraciones presidenciales en entrevistas o redes sociales no pueden sustituir los procedimientos constitucionales. Tampoco constituyen por sí mismas una declaración formal de guerra.

La propia administración libertaria tuvo que distinguir públicamente entre la retórica presidencial y una situación formal de guerra. En abril de 2026, el gobierno tomó distancia de las declaraciones de Waldo Wolff sobre una supuesta guerra abierta entre Argentina e Irán y recordó que una situación de guerra implica procedimientos institucionales, intervención del Congreso y decisiones sobre el envío de tropas.

Esto plantea una cuestión adicional: si un gobierno se declara políticamente alineado con una potencia beligerante, anuncia que estará de su lado y adopta decisiones que comprometen a las Fuerzas Armadas, debe explicar con precisión cuál es el alcance jurídico de esa participación.

Irán puede interpretar esas manifestaciones como actos hostiles (incluso corresponde que lo haga) y utilizarlas para justificar sus propias represalias políticas. No significa que su decisión de declarar terroristas a fuerzas militares argentinas sea jurídicamente legítima. Significa que el gobierno argentino ha contribuido irresponsablemente a crear una situación de confrontación que expone al país a consecuencias que no fueron debatidas ni autorizadas mediante los procedimientos constitucionales correspondientes. Tampopco se puede ignorer que el gobierno de Milei declare organizaciones terroristas a las fuerzas armadas de Iran. En este contest la declaración de Iran solo puede interpretarse como una devolución política.

Argentina no tiene por qué convertirse en escenario de una guerra ajena. Mucho menos por las preferencias personales de un Presidente que confunde sus convicciones ideológicas con los intereses permanentes de la Nación.

La memoria histórica también debería alcanzar a Patricia Bullrich

Hay, finalmente, una cuestión de coherencia política que merece ser recordada.

Patricia Bullrich pretende establecer una frontera moral absoluta entre quienes considera terroristas y quienes, según su interpretación, representan la defensa de la democracia y la libertad.

Sin embargo, su propia trayectoria política no está exenta de controversias.

Su vinculación con la Juventud Peronista durante los años setenta está reconocida por ella misma. Bullrich niega haber integrado formalmente Montoneros, pero distintas investigaciones periodísticas documentaron su cercanía con esa organización y su participación en actividades vinculadas con su entorno. Entre ellas figuran las reconstrucciones de los periodistas Larraquy, Caballero y Ragendorfer, en las que claramente esa vinculación queda evidente y la coloca a ella misma como integrante de una organización terrorista. Por lo cual los dichos de Bullrich deben adecuarse al refrán popular que dice: “el muerto se asusta del degollado”

El propio Javier Milei, cuando todavía competía electoralmente con ella, la acusó públicamente de haber pertenecido a una organización terrorista y de haber participado en acciones violentas. Llegó a llamarla «montonera tira bombas» y a formular acusaciones específicas sobre explosivos y episodios de los años setenta.

Bullrich rechazó esas imputaciones y anunció acciones judiciales contra Milei. No corresponde presentar las acusaciones presidenciales como hechos judicialmente probados. Pero sí corresponde recordar que esas declaraciones existieron y que procedieron de quien hoy es su principal aliado político.

La memoria histórica no puede administrarse selectivamente. Si Bullrich exige que se examine el pasado de los demás, también debe aceptar que se examine el suyo, sin simplificaciones ni privilegios.

La Argentina no necesita una Guerra

La Argentina necesita una investigación rigurosa de los atentados, no una utilización electoral de sus víctimas. Necesita conocer la verdad sobre Nisman, sobre el encubrimiento, sobre las responsabilidades políticas y sobre las decisiones de inteligencia que impidieron durante décadas alcanzar un esclarecimiento definitivo.

Y necesita, sobre todo, una política exterior independiente.

La respuesta de Bullrich a Irán no aporta una sola prueba nueva sobre los atentados. Repite una posición política, transforma una controversia histórica y judicial en una consigna de alineamiento internacional y pretende que cualquier cuestionamiento a la política exterior del Gobierno sea interpretado como una defensa del terrorismo.

   Es una maniobra peligrosa.

El verdadero problema es que Milei y sus partidarios están llevando a la Argentina a una situación de aislamiento, confrontación y vulnerabilidad internacional que puede tener consecuencias gravísimas. Un país con problemas económicos estructurales, endeudamiento, deterioro de su capacidad industrial y necesidades sociales urgentes no puede permitirse que sus gobernantes lo conviertan en enemigo de otros Estados por adhesión ideológica a intereses extranjeros.

Los atentados de 1992 y 1994 fueron crímenes atroces. Sus víctimas merecen justicia. Pero no pueden ser utilizadas como justificación para comprometer el futuro de millones de argentinos en una confrontación militar que nunca decidieron.

Bullrich debería recordar que la seguridad nacional no consiste en repetir las consignas de otros gobiernos. Consiste en proteger a la población, defender la soberanía y respetar la Constitución.

 Y Milei debería comprender que la Argentina no es una propiedad privada, que sus Fuerzas Armadas no son instrumentos de sus simpatías personales y que ningún Presidente tiene derecho a poner al país en peligro para demostrarle lealtad a gobiernos extranjeros.

La Nación Argentina no necesita una guerra. Necesita soberanía, investigación judicial, memoria histórica y justicia.

Por Ignacio Stankewitsch