En un mundo atravesado por la revolución tecnológica, las tensiones geopolíticas y la crisis de representación, el Partido Comunista de China (PCCh) adoptó una resolución que merece ser estudiada más allá de sus fronteras. El 29 de octubre, durante el V Pleno de su XX Comité Central, aprobó un documento sobre el disciplinamiento integral y riguroso del Partido, con especial atención a la formación de cuadros, la supervisión institucional y la capacidad de gobierno.
La pregunta que atraviesa esa decisión también interpela a América Latina: ¿Cómo construir organizaciones políticas capaces de sostener proyectos de desarrollo, gobernar sociedades complejas y responder ante la ciudadanía por sus resultados? En nuestra región, las urgencias electorales suelen desplazar la planificación.
La autorreforma y la calidad de la gobernanza
Uno de los ejes centrales del documento es la autorreforma, entendida como la capacidad del Partido para revisar críticamente su propio funcionamiento, reconocer y corregir errores, combatir la corrupción, fortalecer sus mecanismos de supervisión y renovar sus prácticas de gobierno. La resolución recupera dos respuestas al problema histórico del deterioro de las organizaciones políticas: la supervisión del gobierno por parte del pueblo y la capacidad del propio Partido para transformarse y perfeccionar continuamente su funcionamiento.
Desde el XVIII Congreso de 2012, Xi Jinping situó el disciplinamiento integral y riguroso en el centro de la construcción partidaria. La resolución insiste en combatir el burocratismo, el formalismo y el abuso de poder, pero también en mejorar las decisiones colectivas, el centralismo democrático y la supervisión de los principales responsables. El objetivo es mejorar la gestión y su vínculo con las necesidades populares.
Hay una enseñanza que trasciende las diferencias entre sistemas políticos. Una organización puede conservar su historia, su estructura territorial y su capacidad electoral, y al mismo tiempo perder aptitud para comprender los cambios sociales. La vitalidad institucional exige formación, mecanismos de evaluación, disposición a corregir errores y responsabilidad por las decisiones adoptadas. En América Latina, ello debe convivir con el pluralismo, la participación y el control público.
Formar dirigentes es construir capacidad estatal
Quizás el aspecto más significativo de la resolución para nuestra región sea la centralidad de la formación integral de cuadros. El documento combina preparación política, integridad ética, competencia profesional, experiencia práctica y capacidad administrativa. También destaca la selección por méritos, la formación de jóvenes dirigentes y el aprendizaje continuo ante los avances científicos y tecnológicos.
China concibe esa tarea como una responsabilidad institucional de largo plazo, ligada a su tradición de educación y ética pública. Esta concepción permite vincular la preparación política y profesional con la capacidad de las instituciones para formular políticas públicas, garantizar su ejecución y evaluar sus resultados
Una característica distintiva del sistema chino es que la formación de cuadros no se limita a las escuelas del Partido ni a la preparación teórica. Existe un mecanismo institucional de rotación y movilidad que permite a los dirigentes adquirir experiencia en distintos niveles de gobierno, territorios y áreas de gestión. A lo largo de sus trayectorias, determinados funcionarios pueden desempeñarse en administraciones municipales, provinciales y nacionales, pasar por organismos del Partido, ministerios, instituciones públicas e incluso empresas estatales. También se promueve que los cuadros jóvenes conozcan la realidad de las zonas rurales, las regiones menos desarrolladas y los territorios con mayores desafíos económicos y sociales. Esta experiencia práctica busca ampliar su conocimiento del país, fortalecer sus capacidades administrativas y prepararlos para asumir responsabilidades de mayor complejidad.
La rotación también cumple una función institucional: favorecer la circulación de experiencias entre regiones, evitar la permanencia excesiva en determinados cargos y reducir la formación de redes de intereses locales. La evaluación de los dirigentes contempla su trayectoria, preparación política, desempeño y capacidad para resolver problemas concretos, aunque las decisiones de promoción también responden a criterios de conducción política. De esta manera, el sistema procura articular formación, experiencia territorial y ejercicio efectivo de responsabilidades públicas. Para América Latina, donde muchas veces se accede a posiciones de conducción sin haber acumulado experiencias diversas de gestión, esta dimensión abre una reflexión sobre la importancia de construir trayectorias políticas y administrativas más completas.
América Latina conoció experiencias valiosas de escuelas partidarias, centros de investigación, institutos de capacitación y elaboración programática. Sin embargo, la personalización y la primacía de la comunicación electoral debilitaron muchas de esas estructuras. La exposición mediática puede terminar reemplazando la preparación; la fidelidad personal, los méritos; y la improvisación, el trabajo sostenido de los equipos.
Gobernar exige mucho más que ganar elecciones. Requiere conocer la economía, la historia nacional, el funcionamiento del Estado, la organización productiva, las relaciones internacionales y las nuevas tecnologías. También exige escuchar a los actores productivos y sociales y construir acuerdos.
Planificación y Momento Shenzhen
Esta cuestión se vuelve decisiva frente al cambio de paradigma productivo. En mis trabajos denomino Momento Shenzhen a la integración de inteligencia artificial, robótica, semiconductores, energías renovables, baterías, telecomunicaciones e infraestructura digital en ecosistemas industriales que se potencian mutuamente. Su dinámica articula innovación, integración productiva, escala, reducción de costos y difusión tecnológica.
Esa transformación requiere empresas competitivas y sectores productivos dinámicos, pero también universidades, investigación científica, financiamiento, infraestructura y políticas industriales. La planificación estratégica permite articular estas capacidades, establecer prioridades y orientar los esfuerzos públicos y privados hacia objetivos nacionales de desarrollo, asegurando la coordinación institucional y la continuidad de las políticas necesarias para alcanzarlos.
China proyecta su modernización socialista hacia 2035 y la construcción de un país socialista moderno hacia mediados de siglo. La experiencia china ofrece elementos valiosos para la reflexión, pero cada país debe construir su propia estrategia de desarrollo, considerando su trayectoria histórica, sus características institucionales y sus particularidades políticas, económicas y culturales. Para América Latina, el desafío consiste en fortalecer sus capacidades de planificación y adecuar sus dinámicas institucionales a un proyecto de desarrollo propio. En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿Quiénes están preparados para diseñar, conducir y sostener una transformación productiva durante décadas?
La modernización de las fuerzas productivas requiere modernizar también las capacidades de gobierno. Un funcionario que desconoce las cadenas de valor, la transición energética o las implicancias de la inteligencia artificial difícilmente pueda coordinar políticas que integren esos sectores. La soberanía tecnológica exige instituciones capaces de aprender y ejecutar.
La responsabilidad de los partidos democráticos
Nuestra región dispone de recursos naturales estratégicos, universidades, científicos, capacidades industriales y enormes posibilidades de integración. Pero en el capitalismo contemporáneo, los datos se han convertido también en un recurso estratégico fundamental, tanto para la acumulación económica como para el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Comprender este nuevo paradigma exige formar dirigentes con conocimientos estratégicos y capacidad de decisión soberana para definir políticas sobre infraestructura digital, gobernanza de datos, desarrollo tecnológico y control de los recursos estratégicos.
La soberanía ya no puede pensarse únicamente en términos territoriales o de disponibilidad de recursos naturales: requiere también conocimiento, capacidades institucionales y autonomía para tomar decisiones sobre las tecnologías que organizan la producción y la vida social. Transformar estas capacidades en empleo de calidad, innovación y bienestar demanda planificación, continuidad institucional y decisiones públicas sostenidas.
En Argentina, la alternancia política ha estado acompañada muchas veces por cambios bruscos en prioridades industriales, científicas, educativas y de infraestructura. Sostener políticas de Estado requiere acuerdos estratégicos y equipos profesionales. No alcanza con redactar planes técnicamente impecables si luego faltan quienes puedan gestionar presupuestos, coordinar organismos, resolver conflictos y medir resultados.
Por eso, los partidos políticos, pilares de nuestro sistema democrático, necesitan recuperar y fortalecer sus capacidades institucionales. Esto implica consolidar escuelas de gobierno, establecer vínculos permanentes con universidades y centros de investigación, promover mecanismos transparentes de selección y evaluación, y construir equipos capaces de sostener políticas públicas más allá de los ciclos electorales.
Seleccionar a los mejores no significa reducir la política a una tecnocracia. Significa combinar preparación técnica con legitimidad democrática, compromiso social, integridad ética y sensibilidad territorial. También implica abrir oportunidades a nuevas generaciones y evitar que los cargos públicos se distribuyan exclusivamente por cercanía personal o conveniencia coyuntural.
La autorreforma de nuestras organizaciones debe medirse, en definitiva, por su capacidad para aprender, mejorar sus prácticas y ofrecer respuestas concretas a las demandas sociales. Recuperar el pensamiento estratégico, fortalecer la organización colectiva y construir proyectos orientados al bienestar popular son condiciones fundamentales para mejorar la calidad de nuestras instituciones democráticas.
Sin cuadros de calidad y equipos formados integralmente, ningún plan, por bueno que sea, puede desarrollarse ni cumplir plenamente sus objetivos. La planificación establece un rumbo, pero son las personas, las instituciones y los equipos quienes convierten ese rumbo en políticas efectivas. Formar y seleccionar dirigentes capaces de hacerlo debería ser una de las responsabilidades centrales de nuestros partidos políticos.
América Latina necesita mejores planes de desarrollo, pero sobre todo organizaciones preparadas para ejecutarlos. Fortalecer esa capacidad es fortalecer nuestras democracias y recuperar la posibilidad de transformar las aspiraciones de nuestros pueblos en resultados verificables.
Por Sabino Vaca Narvaja - P/12