En noviembre de 1965, el cónsul de Estados Unidos en Surabaya, la segunda ciudad de Indonesia, envió un cable a la embajada en Yakarta. Los informes que llegaban de Java Oriental, escribió, eran un «indicio de matanza generalizada», y añadió un dato que hoy se lee con dificultad: se hablaba de hasta 15.000 comunistas muertos en una sola masacre. Era un cable más entre miles. Washington guardó silencio: según el National Security Archive, a fines de octubre de 1965 había empezado a apoyar al ejército indonesio con recursos financieros y equipos de comunicación, en secreto.
Los hechos principales no están en discusión. Entre octubre de 1965 y marzo de 1966, el ejército y milicias civiles mataron a al menos 500.000 personas acusadas de pertenecer al Partido Comunista de Indonesia (PKI), que era entonces el tercero más grande del mundo después de los de la Unión Soviética y China. Cerca de un millón fueron encarceladas, según Human Rights Watch. El pretexto fue el llamado Movimiento 30 de Septiembre, en el que seis generales fueron secuestrados y asesinados la madrugada del 1 de octubre. El general Suharto, que sofocó el intento, culpó al PKI, recibió poderes de emergencia y gobernó el país con mano de hierro durante tres décadas.
La documentación es de las más ricas. En octubre de 2017, el National Security Archive, de la Universidad George Washington, publicó 39 documentos tomados de unas 30.000 páginas de los archivos de la embajada en Yakarta, que muestran que los funcionarios estadounidenses seguían el desarrollo de las masacres con un grado de detalle notable. A fines de noviembre de 1965 ya sabían que las matanzas estaban en marcha, y tres meses después de iniciada la persecución otro cable de la embajada estimaba en 100.000 los muertos del PKI. El 12 de octubre, el embajador Marshall Green había informado que el ejército consultaba a embajadas occidentales sobre un derrocamiento de Sukarno, y que Estados Unidos podría ayudar con operaciones encubiertas, transporte, dinero, equipos de comunicación o armas. Según el libro de Vincent Bevins, la Casa Blanca autorizó además a la estación de la CIA en Bangkok a proveer armas ligeras a un contacto militar en Java Central «para uso contra el PKI», junto con suministros médicos.
Robert Martens, funcionario político de la embajada, preparó con analistas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) listas con los nombres de miles de dirigentes y militantes comunistas, y las entregó al ejército. En 1990, la periodista Kathy Kadane lo contó en una investigación que dio la vuelta al mundo, y Martens reconoció haber pasado los nombres. Un cable de la embajada, citado en los volúmenes oficiales del Departamento de Estado, precisa que una versión depurada de la lista había sido entregada en diciembre de 1965 al gobierno indonesio y que las autoridades de seguridad la estaban usando. Lo que esas listas cambiaron en la historia es, como admiten los historiadores, imposible de establecer. Lo que no admite duda es que alguien en una embajada decidió que pasar nombres a un ejército que mataba era una forma legítima de colaborar.
Hay una pieza más, y es de la propia CIA. En 1968, la agencia produjo un estudio titulado «Indonesia 1965: El golpe que salió mal». En él califica las matanzas como una de las peores masacres del siglo XX, junto con las purgas soviéticas de los años treinta, los asesinatos masivos nazis de la Segunda Guerra Mundial y el baño de sangre maoísta de comienzos de los cincuenta. El mismo estudio adopta la versión oficial de Yakarta, según la cual el PKI planeó y ejecutó la conspiración. La prensa de la época fue más franca: la revista Time celebró la matanza como «la mejor noticia de Occidente en Asia», y el columnista James Reston escribió con optimismo mesurado sobre el nuevo rumbo del país. El historiador Bradley Simpson, director del proyecto sobre Indonesia del National Security Archive, resume la conducta de Washington como una política de silencio público mientras prestaba apoyo y su prensa cuasi oficial lo celebraba.
Es importante no exagerar. La documentación disponible muestra que Estados Unidos sabía, apoyó y facilitó. No muestra que haya dirigido las matanzas. La iniciativa fue del ejército indonesio y de milicias locales, incluidas organizaciones civiles musulmanas, según los propios cables. Pero la diferencia entre dirigir y facilitar mejores recursos para matar, en un país donde se mataba a machetazos, es una diferencia moral que Washington prefirió silenciar durante cincuenta años.
¿Y las víctimas, hoy? El Estado indonesio nunca juzgó las matanzas. En 2023, el presidente Joko Widodo expresó su pesar por doce casos de graves violaciones de derechos humanos, entre ellos los hechos de 1965, y prometió reparaciones por un mecanismo no judicial. Según Human Rights Watch, el activista Bedjo Untung, de la Fundación de Investigación de las Víctimas del Asesinato de 1965, aseguró que ni un solo sobreviviente ni familiar obtuvo una sentencia que documentara lo que sufrió. El 10 de noviembre de 2025, el presidente Prabowo Subianto, ex yerno de Suharto y él mismo acusado de abusos cuando era militar, declaró a Suharto héroe nacional. El mismo día fue proclamado héroe nacional Sarwo Edhie Wibowo, el comandante del ejército a quien la historiografía atribuye haber iniciado la matanza con la bendición de Suharto y que llegó a afirmar que habían muerto más de tres millones de personas. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron el honor como un intento de reescribir la historia. En 2015, un tribunal popular reunido en La Haya, impulsado por la sociedad civil y sin efectos vinculantes, examinó el caso y emitió su fallo el 20 de julio de 2016. Entre los sobrevivientes está la familia de Tari Lang, cuyos padres estuvieron presos; su madre, Carmel Budiardjo, fue deportada al Reino Unido en 1970 y se convirtió en una conocida activista de derechos humanos. Y el cineasta Joshua Oppenheimer filmó a antiguos ejecutores que reconstruían sus crímenes sin vergüenza ante la cámara, en documentales que recorrieron el mundo y que, según la radio pública estadounidense NPR, ayudaron a movilizar la presión en Estados Unidos para desclasificar los cables y otros documentos.
La pregunta contrafáctica es la más difícil de este ciclo de artículos, porque el ejército indonesio ya estaba decidido a destruir al PKI y es probable que la matanza hubiera ocurrido de todos modos. Pero «de todos modos» no es una respuesta. ¿Habría sido igual de rápida y extensa sin listas, sin radios y sin dinero? ¿Habría tenido Suharto el mismo margen para gobernar durante tres décadas si Washington no hubiera condicionado su ayuda a que el PKI fuera destruido, Sukarno desplazado y las inversiones estadounidenses protegidas? ¿Habría una Indonesia con un partido comunista legal, con una oposición de izquierda, con un movimiento de países no alineados más fuerte? Nadie lo sabe. Sí se sabe lo que costó la alternativa elegida: al menos medio millón de muertos, un millón de presos y una sociedad donde, sesenta años después, su gobierno ha declarado héroes nacionales a dos de los comandantes de aquel genocidio.
Por Ignacio Stankewitsch

