Este jueves 9 de noviembre el PSOE y Junts per Catalunya alcanzaron un pacto que establece la ley de amnistía para los independentistas imputados por el ‘procés’ y desbloquea la investidura de Pedro Sánchez para que su partido pueda repetir en el gobierno. Además de estos dos puntos principales, el documento firmado también recoge otros asuntos claves, dentro de un acuerdo que tendrá que hacer frente al rechazo de la derecha y la extrema derecha española.
El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya es una realidad. Este jueves, los dirigentes de ambas formaciones firmaron este jueves el documento, en el que se refieren al pacto como un “acuerdo histórico” y que será la llave para poder formar Gobierno en España y llevar a cabo la investidura de Pedro Sánchez, que está prevista para los próximos días.
“Se ha cerrado el acuerdo político y la ley de amnistía (…) Es hora de conceder a la sociedad catalana un nuevo horizonte”, apuntó Santos Cerdán, secretario de organización y representante del PSOE en la negociación.
Los independentistas han insistido por años en una amnistía que contemple el completo perdón y borre todos los delitos de los condenados e investigados por la celebración del referendo de independencia de 2017, no autorizado por el Gobierno.
Y con este pacto se tiene un beneficio bilateral: los independentistas han logrado la ley de amnistía que llevaban pidiendo desde hace seis años y, a cambio, el PSOE ha conseguido los apoyos necesarios para poder iniciar un nuevo gobierno. Todo, a pesar de sus “posiciones divergentes”, como se apunta en el documento de cuatro páginas.
A continuación, las claves del documento y las reacciones que se esperan tras su firma.
La amnistía: el punto de partida y eje del pacto
“Este pacto abre una etapa inédita”, apuntó Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, desde Bruselas, donde lleva exiliado desde 2017.
Y es que, desde la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017, el diálogo entre el gobierno central y el gobierno independentista catalán parecía una puerta cerrada herméticamente. Algo que, con este acuerdo, parece haber cambiado.
El documento, difundido en primicia por el periódico catalán ‘La Vanguardia’, apunta el objetivo principal del pacto: el compromiso de ambas partes a “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”.
“La voluntad y la oportunidad es real”, aseguró Cerdán en una rueda de prensa desde Bruselas.
Esta parte del acuerdo –que sería la política– asienta la ley de amnistía, clave en todo este proceso para abrir esta vía de “diálogo” entre el Gobierno nacional y los independentistas catalanes.
Un punto que ha tenido idas y venidas durante todo el proceso de negociación por varios motivos. El primero, el alcance de la amnistía. Junts ha exigido durante todo el proceso que esta fuera “sin nombres”, es decir, que amparara a todos los relacionados —directa o indirectamente— con el proceso catalán para la independencia o ‘procés’ entre el 2012 y el 2023. Y, finalmente, así se ha establecido.
Además, la parte catalana ha hecho hincapié en que este pacto y, sobre todo, el conflicto por el que se ha llegado a él necesitan entenderse desde una “perspectiva histórica”. Con una referencia explícita al estatuto de autonomía –norma institucional básica en las comunidades autónomas españolas– aprobado por las Cortes Catalanas en 2010, pero rechazado por el entonces gobierno central del PP y suspendido tras el recurso que el partido presentó ante el Tribunal Constitucional.
“El conflicto que queremos resolver no se limita a 2017”, sostuvo Puigdemont al respecto este jueves.
“Esa sentencia hizo que Cataluña fuera la única comunidad autónoma que no tiene un estatuto de autonomía íntegramente votado por su ciudadanía (…) Un estatuto donde las cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales (catalanas) han tenido un papel destacado”, reza el documento.
Además de la exculpación judicial de todos los encausados por el ‘procés’, la parte política del acuerdo también incluye una mesa de diálogo entre partidos con un mediador internacional. Algo que formaba parte de las exigencias de Puigdemont.
En este sentido, se busca “la plena normalidad política, institucional y social” para el futuro de Cataluña y en sus relaciones con el Ejecutivo central.
Mediación internacional frente a las “desconfianzas mutuas”
Las discrepancias entre las dos formaciones políticas son una realidad. Sin ir más lejos, el mismo texto del acuerdo apunta que Junts reconoce la legitimidad del referendo del 1 de octubre de 2017. Pero el PSOE no.
En este aspecto, la mesa de diálogo acordada es fundamental para las negociaciones y tratamiento de “disensos” durante la legislatura. Y, para ello, ambas partes han establecido un mecanismo internacional para “acompañar, verificar y realizar seguimiento” de todos los procesos de negociación. Un punto necesario para combatir lo que el mismo documento define como “desconfianzas mutuas reconocidas”.
Otro punto clave del acuerdo es el autogobierno de la región o, como define el pacto, el “reconocimiento nacional de Cataluña”.
Junts planea utilizar esta mesa de negociación internacional para pedir la realización de otro referendo de independencia en Cataluña, esta vez amparado por la Constitución —por el artículo 92—. Pero el PSOE ya ha adelantado que ese no es un punto en el que planee ceder.
En contrapartida, el Partido Socialista propone el “desarrollo amplio del Estatuto del 2006” con el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad “institucional, cultural y lingüística” catalana.
Los independentistas también quieren la gestión íntegra de la recaudación de los impuestos en Cataluña. El PSOE, por su parte, se limita a ofrecer políticas que “permitan la autonomía financiera de la Generalitat”.
Además, ambas partes han establecido comisiones de investigación sobre el supuesto “lawfare” —persecución política— que Puigdemont ha denunciado desde que se exilió en Bruselas.
Desde el PSOE insisten en que este pacto no es un acuerdo de investidura, sino de legislatura –eso sí, sujeto a “los avances y cumplimiento” de los acuerdos mutuos—. Todo para poder garantizar la estabilidad de gobierno durante sus cuatro años de mandato. Y, para los analistas, esto es un gran giro para la política interna de Junts e incluso una “renuncia” a la independencia.
“Cuando uno se sienta a negociar está congelando —tácitamente— la posibilidad de montar otro 1 de octubre, o a retomar la declaración unilateral en el Parlament”, apunta Estefanía Molina, politóloga y periodista, en una columna de opinión del periódico ‘El País’.
Lo que es seguro es que esta es una nueva fase para la formación política independentista y de derechas catalana, ya que nunca antes había entrado en un pacto con el Ejecutivo central.
La “resistencia” prometida de la derecha y la extrema derecha
“Traición”, es la palabra que han repetido los sectores más conservadores de la política española tras el pacto entre el PSOE y Junts. Para Alberto Núñez Feijóo, líder del partido de derechas PP, la situación es de “máxima gravedad en términos democráticos”. El político conservador ha llegado a compararlo con el golpe de Estado del 23-F y el terrorismo del grupo ETA.
“Los acuerdos con los independentistas quiebran la igualdad de los españoles ante la ley (…) Los acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema, los agravan todos”, dijo Núñez Feijóo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que España ha entrado “en una dictadura”, por lo que pidió una “movilización serena y sin ira”. Es decir, protestas en contra del pacto. Una postura compartida con la extrema derecha española.
“Comienza un período negro en la historia de España. Los golpistas del PSOE y Junts han sellado hoy su amenaza a la unidad nacional con un acuerdo golpista que incluye claramente la abolición del Estado de derecho”, espetó Santiago Abascal, líder de la formación de extrema derecha Vox.
Todo en un claro llamado a movilizaciones al respecto, que ya han comenzado. Cientos de personas se han concentrado en Ferraz, la sede del PSOE en la capital. En los últimos días, manifestaciones en este mismo lugar y por la misma razón causaron graves disturbios.
“No nos mires, únete” o “¡policía, únete!”, son algunas de las consignas que se escuchan entre los manifestantes en su camino a la sede socialista. Protestas que se espera se repitan en los próximos días.
Y es que muchos políticos y ciudadanos de extrema derecha del país consideran el acuerdo como un intento de “romper el país” o su concepción de nación.
Ahora, falta por ver si el acuerdo resistirá esta embestida de la ultraderecha. Por el momento, los siguientes pasos son el cierre de un acuerdo entre el PSOE y Partido Nacional Vasco (PNV) y el registro de la ley de amnistía en el Congreso, que el PP ya ha prometido intentará dificultar todo lo posible. Pasos necesarios antes de que pueda llevarse a cabo la investidura de Pedro Sánchez.