Desde que el Grupo Z se hizo cargo del transporte en Oberá, el servicio habría empeorado. La Defensoría del Pueblo pide que el Municipio accione a favor de los usuarios del transporte.
Luego de que se realizara en Oberá la audiencia pública para debatir el aumento del boleto de colectivos, que contó con la participación de todos los sectores interesados, usuarios del transporte público están expectantes a la decisión que tomará el Concejo Deliberante local y si considerará lo planteado por ellos.
A pesar de tener esperanzas de que el Departamento Ejecutivo Municipal tome en consideración los reclamos de los oradores que participaron en la audiencia, desde la Defensoría del Pueblo acusan que “hasta el momento, la Municipalidad nunca tuvo una respuesta adecuada y contundente”, ante las irregularidades e incumplimientos por parte de las empresas de transporte.
“Hace mucho que venimos solicitando que se tomen acciones directas y concretas, en el sentido de que se sancione como corresponde, de acuerdo a la ordenanza respectiva, que fijó para cada incumplimiento una pena o una multa o como se le llame, acorde a la gravedad de lo que haya pasado”, advirtió el defensor del Pueblo de Oberá, Carlos Bernhardt en diálogo con FM 83.9 Santa María de las Misiones.
En esa línea, Bernhardt explicó que, más allá de la solicitud de aumento de pasaje, gran parte de los reclamos presentados por los pasajeros, es la baja calidad del servicio.
“La gran mayoría a lo que menos se hizo alusión fue a la tarifa, sino que se cuestionó la calidad del servicio. Por parte de todos lo que hicieron algún tipo de presentación, por parte de los usuarios, hubo notoria disconformidad con esta empresa”, señaló.
Asimismo, aseguró que entiende el planteo del representante de las empresas, acerca del desfasaje de la tarifa con relación a los aumentos de costos, algo que considera que tiene cierta lógica en el contexto de inflación terrible que vivimos. “Ahora, el desfasaje que hay también en la calidad del servicio que recibimos está en proporción”.
En principio, el monto que especularon que pediría la empresa, teniendo en cuenta los millonarios aportes económicos que recibe del Gobierno nacional, provincial y municipal, el boleto a pagar debería rondar los $500.
Sin embargo, Bernhardt explicó que la expectativa es que podría llegar a los 130 pesos o también que podría ser superior, pero ya algo similar a lo que hicieron en Posadas, que es escalonado a través del tiempo hasta fin de año.
Por tal motivo, lo que más molesta a los usuarios es que el servicio que brindan no es acorde a las exigencias que plantean y el Estado municipal tampoco se involucra.
“Hasta donde nosotros hemos podido ver, garantías de que el servicio mejore, no existen. Mientras persista esta actitud pasiva de la Municipalidad, ante los distintos incumplimientos en los que se ha incurrido”, reiteró.
Para Bernhardt, la decisión final no la termina imponiendo el actual intendente, Pablo Hassan, sino que son las empresas quienes terminan poniendo las reglas al municipio.
“Es algo que yo siento personalmente, que realmente en este tema particular no pasa por él la decisión final, yo supongo que vendrá, como dicen siempre, de más arriba”, aludiendo a altos cargos provinciales.
“Esa es mi impresión. No se lo puedo afirmar con pruebas o algo por el estilo, pero es la impresión general que tengo”, agregó.
Un cambio a peor
“De Guatemala vamos a guatepeor”, mencionó en un momento uno de los usuarios disconformes, en referencia al servicio que prestan las empresas desde el segundo semestre del año pasado y algo que adhirió en parte Bernhardt.
“Yo no sé si es como dijo esta persona, pero lo que sí sé es que, en este momento, el servicio no cumple con las expectativas que teníamos hace un año, en el cual se pensaba que iba a mejorar”, reflexionó.
Aunque el cambio de empresas significó en un principio la incorporación de nuevas unidades, limpias y con aires acondicionados en su mayoría, acusan de que a partir de eso no hubo absolutamente ninguna mejoría y que, hasta inclusive, hubo un retroceso.
“Hay menos líneas, hay menos colectivos de los que había antes, barrios enteros que están sin poder transportarse por este medio”, enumeró Bernhardt y recordó como fue que las empresas del Grupo Z llegaron a la Capital del Monte.
“Cuando la empresa anterior tuvo una huelga, esta empresa fue la que cubrió los recorridos del transporte en la ciudad, haciendo servicios gratuitos para con los usuarios y generando con la Municipalidad una deuda que, hasta el día de hoy no sé si se ha terminado de saldar”, manifestó.
Por último, adelantó que una de las cuestiones que, como defensoría les preocupa también, es el convenio de reconocimiento del costo, por la integralidad del kilómetro, algo que se viene planteando y dilatando un poco.
El Defensor del Pueblo aseguró que, determinar cuánto sería el porcentaje que deba subsidiar la Municipalidad, es un cálculo muy difícil de realizar, sin una propuesta clara previa.
“Si no tenemos números ciertos sobre qué es lo que recauda. Cuando se implemente un nuevo sistema, la cosa cambia porque va a un fideicomiso, pero ¿en el mientras tanto? Hay mucho dinero en juego, hay mucho”, finalizó.
Escuelas con servicios de transporte reducidos
Como dio a conocer PRIMERA EDICIÓN, el pasado 14 de junio, el Grupo Z suspendió, sin previo aviso y de manera unilateral, el recorrido de la línea “2 D”, la cual realizaba el trayecto desde el centro de Oberá hasta la Escuela 191 Picada Vasca, ubicada sobre la ruta provincial 5.
Si bien el servicio volvió de manera parcial, Bernhardt aseguró que son varias las escuelas que se han quejado al respecto.
“Nosotros hemos tomado nota de algunos de ellos y hemos hecho sugerencias a los distintos directores de esos establecimientos, en el sentido de que se pongan en comunicación en forma directa con Movilidad Urbana, que debiera ser la que decide al respecto y estamos siguiendo eso”, explicó.
No obstante, aseguró que la empresa, que decidió suspender estos servicios, no tiene la potestad para hacerlo.
“Para colmo, la Municipalidad da a conocer (el restablecimiento del servicio) como que fueran logros el haber hecho que las empresas cumplan con sus obligaciones, en algún caso en particular”, remarcó.
No obstante, las frecuencias siguen siendo insuficientes, ya que son menores que las que deberían.
“Entiendo que hay que buscar una eficiencia mayor en el transporte, hay horas valles en las cuales, así es el término que se utiliza habitualmente en el medio este, podrían disminuir, pero también debieran tener refuerzos con mayor frecuencia en algunos horarios y no se está dando una acción coordinada en ese sentido. De esta manera y, ante una aparente inacción por parte del Ejecutivo Municipal, un centenar de alumnos no cuentan con el servicio como correspondería”, agregó.
Las sanciones que le corresponderían a la empresa, serían de hasta 15 mil VTB (Valor Tarifario del Boleto) por cese parcial de servicios, es decir, por suspender líneas y frecuencias, según la Resolución 251.
Fuente: Primera Edición