Lo cocinaron a fuego lento Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Martín Guzmán, Felipe Solá y Sergio Massa. Lo arrebató la asfixia verde. Los gigantes insaciables y las viudas de la Mesa de Enlace. ¿Alcanza?.
Gobernado por la urgencia, Alberto Fernández acaba de apelar a un acuerdo con las aceiteras para captar divisas del agronegocio y fortalecer las alicaídas reservas del Banco Central. La decisión de bajar el diferencial de retenciones para la exportación de aceites, harinas y subproductos de la soja como la cáscara para consumo animal es una doble distinción para las grandes empresas que concentran la oferta de dólares y persigue un objetivo ambicioso, pero de corto plazo: llegar hasta la próxima cosecha y evitar una devaluación brusca como la que reclaman distintos sectores con un operativo de presiones múltiples. El Gobierno no sólo reduce del 33% al 27%-28% el gravamen para los pulpos que gobiernan el comercio exterior hasta igualarlo con el que paga el grano de soja, sino que lo establece después en 30% de manera definitiva, en contraste con la reducción escalonada que dura tres meses para los sojeros y vuelve en enero al 33%.
Así, Fernández revierte la decisión que tomó Mauricio Macri en 2018 y cede a un lobby prolongado del sector que se lleva la parte del león, escudado en consignas contra la “primarización” de la economía. El Estado resigna millones en derechos de exportación y Martín Guzmán se aleja del objetivo de reducir el déficit que figura en el Presupuesto 2021, apenas unos días antes de la llegada de la misión del Fondo.
La jugada es una muestra descarnada de pragmatismo que delata la inestabilidad económica y la necesidad de postergar los planes de mediano plazo y asumir la emergencia en el frente de las reservas. Ante un cuadro de debilidad en el que la oferta de dólares es por demás escasa y la demanda se potencia por distintas ventanillas, Fernández, Guzmán y Miguel Pesce necesitaban rápido abrir un canal de negociación con el sector.
LOS GANADORES. A la medida le sobran padres en el ancho oficialismo. Sergio Massa, Felipe Solá, Jorge Neme, Matías Kulfas y Gustavo Beliz aparecen entre los que tuvieron que ver con el acercamiento con la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), una entidad que nuclea a gigantes como Bunge, Cargill, Luis Dreyfus, Molinos Agro, Aceitera General Deheza, Cofco Internacional, Glencore y la defaulteada Vicentin. Es un grupo reducido de empresas, la mayoría trasnacionales, que domina el rubro cerealero y aceitero en el polo exportador de subproductos de soja más grande del mundo.
Autor de la eliminación del diferencial en 2018, el macrista de la Rural Miguel Etchevehere dijo que la decisión representa “una transferencia de 500 millones de dólares de todo el interior productivo para ocho empresas”. Pese a todo, una alta fuente del Gobierno reconoció que el éxito del operativo para captar divisas no está garantizado y es, ante todo, una gran apuesta del peronismo gobernante. Depende tanto de la voluntad de los sojeros como de las compañías beneficiadas. Según datos del Banco Central, la liquidación del agro en los primeros ocho meses del año es un 27% más baja que en 2019 y, de acuerdo a números oficiales, hay 17 millones de toneladas de soja sin vender de la campaña que terminó en junio.
El principio de entendimiento entre el Gobierno y las cerealeras terminó de cerrarse en los últimos diez días. El jueves 24, Solá recibió en la Cancillería a Gustavo Idígoras, el presidente de CIARA-CEC, y dos días después, en un hecho por completo inusual, se sumó a la reunión del equipo económico en Olivos, de la que también participó Beliz. Vía el tucumano Neme, el Palacio San Martín fue la primera puerta que se abrió hace dos meses para el Consejo Agroindustrial Argentino, la entidad que reúne a 60 entidades del agro y será convocada por Guzmán el 14 de octubre. Después, visitaron a Massa -varias veces-, a Fernández y a la mismísima CFK.
El sector agroindustrial no sólo tiene sus propios intereses representados en ese ámbito, sino que gobierna desde hace tres años la Unión Industrial a través de Miguel Acevedo, el directivo de Aceitera General Deheza que, además, es cuñado de Roberto Urquía, el gran empresario que apostó por Fernández en la campaña del año pasado. El peso de AGD en la UIA es leído desde el agronegocio como parte de una transformación donde la industria más pujante es la que está ligada al campo y desplaza a históricos como Techint, que no deciden como antes en la central fabril.
SIN GARANTÍA. El regreso del diferencial a favor de la industria de la molienda generó malestar en las viudas de la Mesa de Enlace y provocó que Coninagro, Federación Agraria y CRA se plegaran a La Rural y tomaran distancia del Consejo Agroindustrial, que venían integrando. Serán los productores sojeros los que decidan cuánto y cómo vender, pero la dinámica de una crisis en la que el Gobierno no termina de hacer pie y se ve arrastrado por la falta de dólares no ayuda al objetivo oficial. Tampoco los gigantes insaciables del sector agroexportador parecen haber dado su compromiso ante la resolución que los beneficia más que a nadie. “No hay nada garantizado. CIARA pidió más para asegurar que iba a liquidar al nivel que le pedíamos. Querían el doble de rebajas en cada mes, pero hasta acá llegamos”, dijo un ministro que participó de las negociaciones. La propia cámara publicó un comunicado en el que tildó de “insuficiente” la baja de retenciones y consideró que la vuelta del diferencial es “un paso correcto” que “no otorga ventajas de ningún tipo” a la industria “con respecto a los demás eslabones de la cadena”. Todo lo contrario, dicen los sojeros y admite el Gobierno.
A cargo del anuncio en la Casa Rosada, Guzmán parece haber sido el que dijo que ceder más a las exportadoras era complicar aún más el mediano plazo del Gobierno y, tal vez, predisponer mal a los burócratas del FMI que vienen a la Argentina para discutir el ajuste y comenzar una negociación dura. El objetivo oficial es que todo el agronegocio responda a la baja de las retenciones: que los sojeros dejen de esperar una devaluación y vendan la cosecha y que las multinacionales liquiden lo que tienen en su poder para auxiliar a Pesce. El Gobierno espera que, en los próximos tres meses, las exportadoras utilicen el beneficio para trasladarle mejores precios a los productores y estimularlos a la venta. Una vez pasado ese período, el margen de ganancia extra quedará para los gigantes del comercio exterior.
Fuentes del sector estimaron que las aceiteras, que están pisando exportaciones, tienen en su poder unos siete millones de toneladas de soja. Aún cuando liquiden parte de lo que necesita Pesce con urgencia, el negocio de las multinacionales no peligra, porque los sojeros precisan pasar por esa ventanilla obligada para vender su producción.
EL TIRO EN LA CABEZA. Habrá que esperar para saber si las medidas que anunció Guzmán logran captar dólares suficientes o lo que algunos consideran un manotazo de ahogado no logra resultado. Pero el diferencial que Macri había eliminado era un reclamo persistente de las compañías representadas por Idígoras. Defensor a ultranza del agronegocio hasta que tuvo que subirle las retenciones, el egresado del cardenal Newman consideraba que el porcentaje menor que pagaban las aceiteras era una transferencia de los productores a la industria y que el complejo oleaginoso ya desarrollado no necesitaba esa ventaja extra. Según los directivos de Vicentin, esa decisión de Macri los llevó al default.
En junio pasado, el fallecido Sergio Nardelli dijo ante los legisladores santafesinos que la cerealera perdió 150 millones de dólares en dos años a causa de la medida y afirmó: “Mi mejor amigo me pegó un tiro en la cabeza”. La empresa lo repitió en el demorado balance que finalmente presentó la semana pasada. Según escribió Mariano Galíndez en Rosario 3, Vicentin era la principal productora de harina, pero en exportación de granos sin procesar estaba debajo de otras multinacionales como Cargill, Cofco y Bunge. Producto de la urgencia, el giro de Fernández en apenas cuatro meses es elocuente: pasó de querer expropiar la cerealera defaulteada para tener una empresa testigo en el comercio de granos a devolverles un margen de ganancia adicional a las grandes aceiteras. Es de esperar que al menos recupere oxígeno para las reservas que cuenta Pesce.
Por Diego Genoud- Letra P