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Antikirchnerismo dolarizador antiaborto, la fórmula de Milei para la Corte Suprema

El Ejecutivo enviará los pliegos de sus propuestas para el máximo tribunal. Un juez federal que procesó a Boudou y un académico que militó contra la interrupción del embarazo.

El juez federal Ariel Lijo será el candidato de Javier Milei para ocupar el lugar vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema, mientras que el magistrado Manuel García-Mansilla será el postulante para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que cumple la edad jubilatoria a fin de año.

Con esta decisión, que en principio no contemplaría ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, tal como lo adelantó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, durante una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, la administración libertaria busca quedarse con el lugar que dejó vacante Highton de Nolasco en octubre del 2021 y con el que dejará vacío Maqueda cuando tenga 75 años, la edad límite para ocupar su cargo luego de que se cayera la ley

De lograrlo, el juez federal, un ferviente antikirchnerista que procesó al exvicepresidente Amado Boudou y fue acusado en varias oportunidades por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por promover escuchar ilegales, y el decano de la Universidad Austral, un defensor de la dolarización libertaria, integrarían el cuerpo presidido por Horacio Rosatti, y los juristas Carlos RosenkrantzRicardo Lorenzetti y Maqueda.

MIlei no la tiene fácil: por falta de apoyo en el Congreso, el gobierno de Alberto Fernández nunca pudo lograr la mayoría calificada para votar al quinto juez supremo y completar el estrado.

¿Quién es Ariel Lijo?

De 55 años, hijo de un matrimonio de docentes, Lijo creció en Villa Domínico, en el distrito bonaerense de Avellaneda. Egresó como abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, e ingresó al mundo judicial como secretario de la excamarista federal María Riva Aramayo, que en ese entonces estaba al frente de la Fiscalía ante la Cámara del Crimen.

Lijo asumió como juez federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires en el 2004 y cubrió la vacante que había dejado su entonces cuñado, Gabriel Cavallo, quien había sido ascendido a la Cámara Federal. Se trata de un magistrado cercano al ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el hombre fuerte de la Asociación de Jueces Federales de la Argentina.

Ejerció la docencia en la UBA, en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana y en la Universidad Nacional de Lanús. También, estuvo ligado a la causa AMIA en varias oportunidades y llevó adelante la investigación de las causas conexas al ataque terrorista de 1994.

Lijo, un antik hecho y derecho

Otra de las causas relevantes en las que estuvo al frente fue la del denominado caso Ciccone. De hecho, se convirtió en el primer juez en procesar a un vicepresidente en ejercicio, Amado Boudou.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo acusó en 2017 de “organizar las escuchas” ilegales difundidas ese año en un programa radial, y también pidió que se aparte al magistrado de la causa en la que se investigaba la denuncia que formuló el fiscal Alberto Nisman antes de morir por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA.

¿Quién es Manuel García-Mansilla?

De 54 años, nació en San Carlos de Bariloche, está casado y tiene tres hijos. Comenzó ejercer la abogacía en 1996, y en la actualidad es profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Cuenta con una larga trayectoria académica, y con un largo listado de asesoramientos y participaciones en materia de derecho.

De acuerdo a su curriculum, trabajó en Liendo & Asociados desde agosto del 2010 hasta la actualidad, hizo litigios estratégicos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en en cuestiones relacionadas con el derecho constitucional. También, realizó asesoramiento y participación en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos, y de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial.

Además, fue integrante del equipo de tres personas a cargo de la negociación, redacción de documentos y obtención de la extensión de 20 concesiones de explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz por US$3.000 millones, entre otras causas y asesoramientos generales.

García-Mansilla, a favor de la dolarización y antiaborto

A instancias de las críticas de Horacio Rosatti, que antes de asumir Milei señaló que “si la dolarización elimina el peso, es inconstitucional”, García-Mansilla había hecho una ferviente defensa en favor del programa económico de La Libertad Avanza, que incluso le valió una cita de Federico Sturzenegger en una nota de opinión en la que destacaba sus argumentos en favor de la dolarización.

En síntesis, el docente aseguró que la dolarización es totalmente compatible con los parámetros establecidos en la Constitución Nacional. “Moneda nacional no es moneda emitida localmente, sino moneda de curso legal en la Argentina. Por otra parte, aun si erróneamente se entendiera esa atribución como un mandato o una obligación, el artículo (75 de la Constitución) no establece una forma específica para defender el valor de la moneda. Sería perfectamente compatible con ese supuesto mandato que el Congreso estableciera como moneda de curso legal una moneda emitida en el exterior, reconocidamente estable, precisamente para impedir su envilecimiento”, argumentó el letrado en una entrevista reciente.

Desde 2018 se mostró en contra de la legalización del aborto. En aquel año escribió una columna en Infobae afirmando que la ley de interrupción voluntaria del embarazo era “inconstitucional”. “Guste o no, los ‘niños’ tienen un estatus expresamente reconocido a nivel constitucional en nuestro país y no son parte de la madre, ni cosas, sino seres humanos con derecho a la vida. Por eso, no pueden ser tratados utilitariamente y descartados a libre voluntad, aun cuando esa sea la firme creencia de aquellos que impulsan la legalización del aborto”, escribió el letrado.

También opinó en la comisión que debatía el proyecto en el Senado.

Por Pablo Lapuente-LP