El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy al exministro de Energía y Minería del macrismo Juan José Aranguren, al expresidente del Enargas Ezequiel Roitman y exdirectores del organismo, al impulsar una investigación por presuntas irregularidades en la fijación de tarifas de gas.
Marijuán impulsó la investigación y dispuso medidas de prueba, según el dictamen al que accedió Télam.
Además el fiscal imputó al exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería, Marcos Pourteau y a la exgerente de Legales del Enargas, Marcela Valdez.
Se trata de una denuncia presentada por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal.
En el dictamen al que accedió Télam, Marijuán apuntó a un “presunto desvío funcional” por parte de los imputados, quienes “persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”.
Según la denuncia, en noviembre de 2017 el entonces Ministro de Energía convocó a productores y distribuidores de gas” para establecer bases y condiciones en la comercialización de Gas en PITS (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) fijando por dos años precios uniformes para cada una de las cuencas”.
Esta circunstancia, según la denuncia, “iba por fuera de las pautas de libre competencia- y contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, que habría sido inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.
“Según sostiene el denunciante la presunta maniobra desplegada habría tenido su corolario en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, cuando se pretendió que la variación del valor de cambio fuera afrontado por los usuarios, en cuotas y frente a los reclamos efectuados, aquella diferencia traducida en una suma dineraria fue
absorbida por el Estado Nacional”, explicó el fiscal en su dictamen.
Marijuán dispuso medidas de prueba, entre ellas el envío de un oficio al Enargas para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un “detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente” en el tema.
Al organismo también se le pidió “un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PTS” desde el año 2016.
Además la fiscalía requiró al Ministerio de Desarrollo Productivo el envío de documentación.
Por último el fiscal requirió una copia del Decreto 1053/18 de Modificación del Presupuesto General para la Administración Nacional.