Tras el derrumbe en Encarnación de un edificio en construcción ubicado sobre la calle Capellán Molas, cerca de la avenida Japón, la Fiscalía avanza en la investigación del trágico hecho que dejó como saldo la muerte de Hemelinda Báez y su nieta, Monserrat Brítez, de 15 años.
La causa que investiga el derrumbe en Encarnación, se encuentra caratulada, en esta etapa inicial, como «intervenciones peligrosas en la construcción», aunque no se descarta que surjan nuevas imputaciones en función de lo que revelen los peritajes técnicos.
Francisco Martínez, uno de los fiscales que está al frente de la investigación, confirmó que ya se cuenta con los planos, expedientes y documentos oficiales tanto del municipio como de la empresa responsable de la obra. También se está solicitando información a otras firmas tercerizadas que habrían intervenido en distintos tramos de la construcción.
«Ya contamos con los documentos del municipio, con los proveídos por la asesoría jurídica del propietario o propietaria de la construcción y también con los de la empresa. Existen otras empresas tercerizadas que realizaron trabajos en el lugar y estamos solicitando sus documentos también», señaló el fiscal.
Respecto a los aspectos técnicos que se investigan, Martínez explicó que el trabajo está siendo acompañado por peritos del Ministerio Público con vasta experiencia en siniestros similares: “Son personas que ya han participado en otras situaciones, con conocimiento acabado de ingeniería y arquitectura. Buscamos que nos den una realidad de lo ocurrido, una verdad, para tomar una disposición penalmente”.
Sobre las víctimas, el fiscal destacó la brutalidad del colapso: “Conlleva que es aplastar a una persona… y el golpe que recibió, por todo lo que ustedes ya ven, por el kilo y la cantidad de piezas que cae sobre una persona. Bueno, esas dos aristas van a ser investigadas y vamos a determinar una disposición en ese sentido”.
En cuanto a la eventual responsabilidad penal de los profesionales que intervinieron en la obra, Martínez fue claro: “Ya está todo. La firma de profesionales fue solicitada. Existen varias personas que participan en un expediente administrativo: topógrafos, calculistas, ingenieros, arquitectos. Todas esas personas están identificadas y serán citadas cuando sea necesario”.
Sobre los planos y si se habrían realizado modificaciones durante la obra, el fiscal indicó que esa será una cuestión a determinar por los especialistas. “No tengo conocimiento técnico de la materia, somos abogados. Son los ingenieros quienes deben decirnos si hubo alguna conducta penal en la actuación de alguna persona”, remarcó.
Respecto al avance de la causa, todavía no hay imputaciones formales. “Recién estamos en etapa de recolección de datos. Si los informes técnicos lo ameritan, se podrán ampliar las figuras penales y citar a las personas responsables”, aseguró.
Por último, se confirmó que el arquitecto Roberto Ramírez, señalado como director de obra, fue notificado formalmente y será citado para declarar en los próximos días. El delito investigado, intervenciones peligrosas en la construcción, prevé una pena de hasta cinco años de prisión, aunque podría variar si se comprueba algún tipo de responsabilidad directa en las muertes de Báez y su nieta.
La investigación continúa con relevamientos en el lugar y análisis detallado de los documentos. El Ministerio Público espera contar pronto con un informe técnico preliminar que permita avanzar hacia una posible imputación penal.
Por Carina Pinto-MOL