El expresidente del Banco Central fue oficializado este viernes a través de un DNU. Sus funciones atraviesan varias áreas de la vida pública.
Después de varias semanas de demora, finalmente el Gobierno oficializó hoy el desembarco de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, una nueva cartera creada puntualmente para el hasta ahora asesor.
Sturzenegger, que jurará a las 18 ante Javier Milei, tendrá un total de 27 atribuciones, según el Decreto 585/2024, que modifica la Ley de Ministerios. Sus funciones atraviesan casi toda la vida pública del país, apunta a desregularizar el sistema normativo vigente, y choca en varios puntos con las funciones de otros ministerios. Por eso, en buena parte de las funciones descritas se aclara que deberá hacerlo en coordinación con el área correspondiente.
“Compete al MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a los cursos de acción para la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional, la transformación de gestión, la simplificación del Estado, el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público”, señala el decreto en la descripción general de las funciones que tendrá la nueva cartera.
Enseguida, detalla 27 atribuciones particulares que tendrá a su cargo Sturzenegger, buena parte de las cuales estarán incluida en la “Ley de hojarascas” que días atrás anticipó el propio Milei, que buscará eliminar un centenar de regulaciones.
“Se vienen más reformas estructurales. La semana que viene, ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger. Vamos a sacar lo que él llama la Ley de Hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes”, explicó la semana pasada el mandatario.
Sturzenegger, que deberá seguir “las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional”, deberá “entender, junto con las áreas competentes, en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional y los proyectos relacionados con la desregulación económica y reforma del Estado”.
Además, tendrá entre sus atribuciones “la simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas, con la intervención de las áreas competentes”, así como “la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional”.
También podrá “impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional”; “participar, junto con las áreas con competencia en la materia, en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía” e “impulsar, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, reformas estructurales que impulsen la creación de empleo privado, el desarrollo económico, la equiparación de las estructuras tributarias y la eliminación de los privilegios”.
Así, sus competencia va más allá de cuestiones meramente administrativas, y podrá promover cambios en materias fiscales e impositivas.
Otra de las atribuciones que tendrá Sturzenegger será la de elaborar “propuestas para la reorganización del Sector Público Nacional con el objeto de lograr mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento” así como “proponer a las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional la implementación de medidas encaminadas a mejorar la calidad y eficiencia de la gestión y el gasto público”.
También podrá impulsar “políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de reducir el gasto público y propender a una administración pública moderna y eficiente”; “coordinar y controlar las acciones relativas a la reforma, transformación y modernización del Estado que se desarrollen en todos los Ministerios, Secretarías de Presidencia de la Nación y organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional” y “entender en la definición y monitoreo de los temas vinculados a la simplificación de trámites y procesos de la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y organismos desconcentrados, con especial foco en aquellos concernientes al sector productivo nacional en coordinación con las áreas sustanciales en la materia”.
Se trata, en este caso, de funciones que apuntan directamente a modificar la estructura burocrática estatal, con el propósito de simplificar procesos que tienen que ver con la función del Estado nacional. En ese marco, el economista también podrá “impulsar los principios de calidad regulatoria y la aplicación de estándares internacionales en materia de simplificación y desburocratización de trámites y procesos del Sector Público Nacional”.
“Promover, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, procesos de reforma y modernización que sean transversales al Sector Público Nacional, en coordinación con los sectores públicos provinciales y locales, destinados a impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, desregulación, simplificación y desburocratización, fomentando el uso de herramientas tecnológicas”, añade el decreto respecto al funcionamiento del Estado, que se complementa con la posibilidad de “proponer el dictado de reglamentos para modificar y/o eliminar trámites y normativas que establezcan una carga administrativa excesiva o que incumplan con la política de calidad regulatoria vigente”.
Sturzenegger también tendrá entre sus competencias un tema sensible en la relación del Gobierno con los sindicatos: el del empleo público. “Entender en la transformación, modernización y desarrollo de la política de gestión del empleo público tendiendo a la optimización y fortalecimiento de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, junto con las áreas competentes en la materia”, explicita el punto 17 de las atribuciones del nuevo ministerio.
En esa área, también podrá “diseñar e implementar el régimen de ingresos del personal, a través de parámetros para el diseño de una carrera pública conforme las negociaciones colectivas de trabajo”; “entender en la implementación de las políticas relativas a la mejora estratégica de los recursos humanos y su capacitación, la política salarial del sector público, la promoción y el desarrollo de carrera de los agentes de la Administración Pública Nacional y en la propuesta de las normas reglamentarias en la materia”; así como “entender en la formulación de políticas nacionales en materia de recursos humanos, procedimiento de selección e ingreso, gestión del empleo público, evaluaciones de desempeño y compensaciones, en el ámbito de su competencia” y “colaborar con las áreas competentes de cada Ministerio en la sistematización de los procesos de administración de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, como la liquidación de salarios, justificación de inasistencias, otorgamiento y convalidación de licencias y protección de la salud en el trabajo”
“Intervenir en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas de fortalecimiento institucional y en la promoción de políticas de integridad en la función pública, en coordinación con los organismos del ESTADO NACIONAL con competencias en la materia”, continúa el decreto en el punto 22 de las funciones particulares del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Las últimas atribuciones que asumirá Sturzenegger esta tarde son: “Coordinar junto con las áreas competentes, la estrategia y los estándares sobre tecnologías de la información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración Pública Nacional”; “Impulsar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del Sector Público Nacional”; “Promover, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, la implementación de los canales y plataformas digitales a fin de alcanzar un gobierno digital y tecnológico al servicio del ciudadano y del sector productivo”; “participar en la elaboración y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo, uso y fomento del software público, su interoperabilidad, estandarización y reutilización por parte del ESTADO NACIONAL” y “promover acuerdos con organismos provinciales y locales, en el ámbito de su competencia”.
De esta manera, Sturzenegger tendrá un cargo formal en el Gabinete de Javier Milei, a pesar de que su figura ha sido de las más importantes desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada.
El nuevo ministro fue presidente del Banco Central entre 2015 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Antes había sido diputado nacional y presidente del Banco Ciudad. También ocupó la Secretaría de Política Económica durante el gobierno de Fernando De La Rúa, en 2001. Renunció el 20 de noviembre, un mes antes de que se desatara la crisis. En los 90′2, durante el mandato de Carlos Menem, tuvo un cargo en YPF.
Si bien acompañó a Patricia Bullrich durante su carrera electoral, a fines del año pasado reforzó su vínculo con Milei y se transformó en el hacedor de varias de las reformas que impulsó el nuevo gobierno, entre ellas el DNU 70/2023 de desregulación de la economía. También tuvo una participación activa en la redacción de la Ley Bases que aún se discute en el Senado.
