El Gobierno presiona para extender la red; las gobernaciones defienden sus propios sistemas. El control de la recaudación y los subsidios, nudo de la pelea.
La presión que ejerce el Gobierno sobre las provincias para expandir la red SUBE a todas las jurisdicciones del mapa nacional es motivo de tensiones en aumento entre la Nación y las gobernaciones.
A más de 12 años de su creación durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Sistema Único de Boleto Electrónico funciona en el transporte público de pasajeros de 48 ciudades argentinas, una trama que incluye el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se cuenta como distrito único.
El proceso de implementación ha sido muy lento, lo que se explica, entre otros factores, por el cruce de intereses entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales.
¿Qué se discute? Quién maneja los fondos que los usuarios depositan con antelación en las tarjetas electrónicas, quién controla y audita el recorrido y el servicio de las empresas de transporte de pasajeros y qué sistema de boleto electrónico tiene mejores prestaciones.
Muchas provincias desarrollaron sistemas propios y aseguran que funcionan mejor que SUBE, al que le observan limitaciones técnicas y de concepción que ya fueron superadas por avances tecnológicos que se aplican a otros sistemas de gestión del servicio de transporte.
El Ministerio de Transporte no ha accedido a la homologación y validación de los sistemas provinciales. Por ejemplo, el de Córdoba y Tucumán con la tarjeta “Red Bus”, “Sirve” en La Rioja y “Saeta” en Salta.
Actualmente, la cartera nacional, que conduce Diego Giuliano, presiona para instalar SUBE lo antes posible en la mayor cantidad de ciudades. A fin de 2022, el ministro se fotografió con el intendente de Rosario, el progresista Pablo Javkin, con quien anunció que en marzo SUBE estará funcionando en esa ciudad, que le aportará al sistema un millón de nuevas personas usuarias.
Hay un dato que tiene fuerza de ley: el artículo 81 del Presupuesto nacional 2023, que aprobó el Congreso, determina que “las provincias o los municipios que adhieran al sistema de subsidios deberán implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público”.
Así, la puja por SUBE u otro sistema involucra los $85.000 millones en subsidios a las empresas de transporte público de pasajeros que repartirá en 2023 el gobierno nacional en el interior del país. Giuliano quiere instalar el sistema SUBE para tener “monitoreo directo” de los servicios en cada jurisdicción y repartir los subsidios de acuerdo a la “demanda genuina”.
La administración central asegura que las provincias evitan transparentar los costos del transporte en sus jurisdicciones y por eso no implementan el sistema SUBE. Afirma que, cuando SUBE audita los kilómetros recorridos, surgen diferencias notables con las distancias que informa cada estado provincial en las declaraciones juradas para acceder a los subsidios. El reparto de ese dinero se calcula, entre otras variables, con el dato de las distancias cubiertas por cada unidad.
Otra controversia suma tensión: quién maneja el dinero que el público usuario deposita previamente en el sistema al cargar su tarjeta. Si está instalado SUBE, la estatal Nación Servicios administra los fondos y los transfiere a las empresas de transporte. En cambio, con sus propios sistemas de pago electrónico de pasajes, las gobernaciones pueden controlar esa masa de dinero.
Nación Servicios es la empresa que, desde el nacimiento de la SUBE, está a cargo del desarrollo tecnológico, la administración y la gestión de todo el sistema. Es una firma del Banco Nación y el actual presidente del directorio es Pablo Pernicone, un funcionario que trabajó en el gobierno bonaerense durante los ocho años de gestión del ahora embajador en Brasil, Daniel Scioli. Pernicone trabajó con Martín Ferré, otro exfuncionario de Scioli y actual director del Banco de la Nación desde 2019.
La fortaleza de SUBE radica en la Tarifa Social Federal, que beneficia a 4,6 millones de personas que viajan con 55% de descuento: jubilados y pensionados; estudiantes del plan PROGRESAR, personal de casas particulares, veteranos de Malvinas y beneficiarios de AUH, asignación por embarazo, desempleados y todos los programas de inclusión social y laboral que brinda el Estado nacional. También SUBE incluye el boleto estudiantil gratuito, en caso de que las gobernaciones o los municipios lo habiliten.
El sistema se utiliza en 24 mil colectivos (18.500 en el AMBA), nueve líneas de tren y siete líneas de subterráneos. También administra más de 300 tipos de descuentos locales que se aplican en algunas jurisdicciones donde se viaja con SUBE.
Fuentes de SUBE defienden el sistema y destacan el desarrollo de equipamiento tecnológico que “mejora el acceso”: la APP Carga SUBE, que “tiene un millón de usuarios por mes”. La venta online de tarjetas, con opciones para recibirla según la necesidad del usuario. Además, subrayan que la SUBE “es interoperable y tiene un desarrollo federal que los sistemas provinciales no tienen”.
También resaltan que, en el AMBA, el esquema de descuentos RED SUBE aplica una rabaja del 50% en el segundo viaje y un 75% en el tercer viaje a quienes realizan combinaciones en trenes, colectivos y subtes durante un periodo de dos horas.
Provincias y empresas, al ataque
Las gobernaciones, en cambio, castigan a SUBE. El director provincial de Transporte de Neuquén, Luis Alberto De Brida, aseguró que “el sistema SUBE no debería extenderse porque es malo, no contempla gestión de flota ni datos estadísticos de los recorridos que sirvan para planificar el transporte”.
“Hace años se desarrollaron sistemas en el país que consideran estos aspectos y SUBE no”, agregó.
Por su parte, el secretario de Transporte de Córdoba y titular del Comité Federal de Transporte (CoFeTra), que representa a todas las provincias fuera del AMBA, Franco Mogetta, rechazó las acusaciones nacionales acerca de una supuesta falta de transparencia en los sistemas provinciales. “En Córdoba –afirmó- tenemos formas de control muchísimo más rigurosas que las que monitorean a las empresas que se relacionan con la Nación”.
“El sistema SUBE es más antiguo que el de Córdoba y, por eso, todas las provincias que tenemos control de flota buscamos que se nos homologuen las máquinas”, dijo Mogetta.
Las provincias aseguran que el sistema SUBE es costoso porque requiere un plástico que cada usuario debe pagar ($490), además del costo de la instalación de las redes de carga que tiene que disponer para ir a cargar la tarjeta a los a los puntos establecidos.
También se quejan las empresas del transporte que tienen relación directa con la gestión de SUBE. “El informe del GPS nos llega con 24 horas de retraso y para obtener la información online del recorrido de las unidades tenemos que contratar a un proveedor externo, ACTrans, que además es auditor del sistema”, le dijo a Letra P una fuente del sector. Además –agregó-, “se rompen muy seguido las máquinas y hay que desmontarlas y mandarlas a Buenos Aires, todo a nuestro cargo”.
“Otro problema frecuente es que se tilda el validador de la máquina, no podemos hacer el cierre de recaudación y es muy difícil recuperar ese dinero, que se pierde en la nube”, señaló la fuente, que recordó que “se repiten las quejas por la falta de tarjetas plásticas”.
“En otros países, las tarjetas físicas están desapareciendo y se reemplazan por apps para teléfonos, el pago mediante billeteras virtuales usando el dinero en cuenta o por débito de las tarjetas que cada persona tiene asociadas”, explicó un especialista en pagos electrónicos y agregó que “ir a un monopolio absoluto de Nación Servicios como proveedor no tiene ventajas, porque hay provincias que tienen sistemas más económicos y amigables para los usuarios”.
Respecto de las “cuestiones tecnológicas”, fuentes de SUBE destacaron que el sistema “funciona sin necesidad de acceso a internet”, lo que lo aísla de eventuales problemas de conectividad. También, que otra “fortaleza” del sistema es que “resguarda la confidencialidad de los usuarios y los desplazamientos que realizan en el transporte público. Esta información únicamente puede ser requerida por la Justicia”. Ponen, como ejemplo, el caso de las personas extraviadas.
Por Daniela Cosentino – Letra P