El proyecto de ley autorizaría a mover de ciertas zonas a distintos grupos indígenas que no puedan comprobar que habitan el área desde una fecha previa a octubre de 1988. De los 610 espacios identificados como lugar de residencia aborigen, tan solo 487 se encuentran delimitadas por ley. El Ministerio de los Pueblos Indígenas rechazó la propuesta de la Cámara Baja. La iniciativa pasa ahora al Senado. De ser aprobada allí, estaría en manos del presidente Lula aprobar o vetar el documento.
Una medida que de aprobarse en pleno afectaría de forma sensible a la población indígena en Brasil. Este 30 de mayo, la Cámara de Diputados del gigante suramericano aprobó por mayoría la base de un proyecto de ley que obstaculizaría la permanencia de estos grupos autóctonos en sus tierras de residencia.
La clave del proyecto, conocido también como ‘Marco Temporal’, está en la petición de que solo se reconozcan como zonas indígenas aquellas que hayan sido ocupadas por etnias hasta el 5 de octubre de 1988, fecha en la que se estableció la actual Carta Magna que rige el país.
283 votos a favor fueron suficientes para que el texto pase al Senado. Después de su estudio, debate y eventual aprobación, será enviado al Palacio de Planalto para que sea rubricado o vetado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre los acápites más polémicos de la medida en trámite, se encuentra el ítem que permitiría la expulsión de las tribus de no comprobar su estancia en el período acordado para que esas tierras puedan ser comercializadas.
Las cifras actuales de ocupación de tierras, no augura un buen panorama. De los 610 espacios identificados como lugar de residencia aborigen, tan solo 487 se encuentran delimitadas bajo la ley.
Según la agencia de noticias EFE, de todo este plan un gremio saldrá beneficiado: el de los propietarios rurales. Este cuenta con una amplia representación en el Congreso de la República. Con la expulsión de los indígenas, inmediatamente pueden acceder a los terrenos.
Durante los cuatro años de mandato de Jair Bolsonaro, el proceso delimitador de tierras se encontraba en un nivel de paralización casi total. Incluso se permitió la explotación minera en áreas demarcadas y protegidas, a pesar de no estar autorizadas por leyes medioambientales.
Rechazo oficial y de oenegés
Una amenaza a la subsistencia de las etnias que puedan verse afectadas. Este fue el factor común que esbozó el llamado de atención oficial, así como de organizaciones no gubernamentales.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas, creado por el presidente Lula, emitió un comunicado en el que criticó con duras palabras la decisión de la cámara baja.
“Representa un genocidio legislado porque afecta directamente a pueblos indígenas aislados, ya que autoriza el acceso deliberado a territorios en los que viven pueblos que aún no tuvieron ningún contacto con la sociedad ni con otros pueblos indígenas”, sentenció la institución.
Por su parte, la ministra de esta cartera, Sonia Guajajara, pidió a Lula que vete el proyecto, en caso de llegar a su despacho. Subrayó además que, en caso de tener luz verde, la legislación provocará importantes daños, no solo a los pueblos afectados, sino también a la economía.
En este marco, medio centenar de grupos ecologistas agrupados como ‘Observatorio del Clima’ advirtió que en caso de que no se frene este paso del legislativo, aumentarán los conflictos en el campo, además de señalar que este proyecto “viola la constitución”.
“Bolsonaro se fue, pero el exterminio continúa”, concluyeron.
Los indígenas salen a las calles
En este contexto, un grupo de indígenas guaraníes salieron este martes a las calles para mostrar su desacuerdo con la medida que se discute en el Congreso respecto a sus tierras.
El estado de Sao Paulo, el más poblado del país, fue escenario del bloqueo de una de sus principales avenidas. Los miembros de los grupos autóctonos incendiaron neumáticos en la autopista Bandeirantes, una arteria clave en el transporte entre la capital regional y el puerto de Santos, el más activo de Brasil.
Según las autoridades locales, la protesta provocó un embotellamiento de unos cinco kilómetros. A principio de semana, se reportó otro foco de manifestaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo.
El plan del Congreso brasileño se viene gestando desde el miércoles pasado, cuando este aprobó el “estatus de urgencia”, una vía rápida interna para votar en menos de una semana el controvertido proyecto de ley.
Desavenencias a la vista
Se espera que esta no sea la única situación incómoda que enfrente el Gobierno Da Silva con los indígenas. Son varios los proyectos de infraestructuras que pueden resultarle contradictorios: atractivos para la economía, pero graves para la subsistencia de las comunidades señaladas.
Entre ellos se encuentra la continuación de un megaproyecto ferrocarril conocido como ‘Ferrograo’. Los que se oponen plantean que acelerará la deforestación en zonas ancestrales Metuktire, situación que puede tensar la relación entre el líder kayapó Raoni Metuktire y Lula, después de haber caminado juntos de la mano el día de la inauguración del líder de izquierda como presidente de Brasil.
Autoridades nativas han calificado el designio como “el ferrocarril del genocidio indígena”, sin embargo, el pasado mes de enero, el ministro de Transporte rotuló el plan como de máxima prioridad. Por el momento, está detenida su construcción a la espera de una autorización legal que permita talar árboles en zonas protegidas.
Aumentan la lista de planes similares, la carretera BR-319, una vía abandonada que se intenta repavimentar para el traslado de productos básicos y el proyecto de perforación petrolera en una zona cercana a la desembocadura del río Amazonas, detenido a la espera de la aprobación de la agencia ambiental local Ibama.
La represa hidroeléctrica de Belo Monte no se queda atrás. Una idea diseñada bajo el primer mandato del Partido de los Trabajadores y que se encuentra a la espera de una renovación de licencia ambiental. Su construcción desplazó a unas 40.000 personas y ha llevado a la sequía total varios tramos del río Xingu, según la agencia de noticias AP.
Por Rafael Pérez-France24 con EFE y AP