La falta de transparencia en la negociación y en el destino de los fondos generan polémica alrededor de este mecanismo que prometía aliviar la economía y proteger los espacios naturales.
La deuda y la crisis climática sofocan a América Latina, atrapada en un círculo vicioso de difícil escape. El pago del endeudamiento que, en promedio, equivale al 49,5% del producto bruto interno de la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), está dejándola sin recursos para afrontar el cambio climático. Y a la vez se ve obligada endeudarse más cuando ocurren los desastres. Es así que desde hace unas décadas, se viene promoviendo una opción que ayudaría a los países a superar estos difíciles momentos: los canjes de deuda por naturaleza.Sacar o no sacar petróleo, dilema latinoamericano en la COP28
Estos suelen ser una operación voluntaria en la que un acreedor —gobierno, organismo multilateral o incluso empresa privada— cancela o reduce el importe de la deuda de un país siempre que este se comprometa a invertir en la conservación de bosques tropicales, arrecifes y distintos ecosistemas. A menudo, las ONGs del sector también participan del canje, comprando parte de la deuda a los acreedores o dando fondos al país deudor.
Puede parecer que los acreedores salen perdiendo en los canjes de deuda por naturaleza, pero parte de la teoría que subyace a estos acuerdos es que proteger la naturaleza es difícil de cuantificar pero universalmente beneficioso.
El primer canje del mundo sucedió en Bolivia en 1987 y, desde entonces, se han sumado en la región: Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, Belice, Uruguay, entre otros.
Pero no todos los canjes son iguales, ni tienen condiciones similares. “No existe una definición única y, en realidad, hay infinitas maneras de hacerlos al punto que pueden ser difíciles de entender incluso para quienes trabajamos en esto”, explicó Juan José Guzmán Ayala, experto en finanzas climáticas. Además, algunos se ven empañados por problemas de transparencia y hasta por acusaciones de prácticas de greenwashing, que es cuando “promueven una imagen de conciencia ecológica sin tomar medidas significativas para respaldarla”.
“Los gobiernos o empresas involucradas no suelen explicar bien de qué va, cómo se hizo, quién ganó qué, cuál era la alternativa de no hacerlo”, añadió Guzmán.
Según Federico Sibaja, estas operaciones se alientan “en el momento desesperado que atraviesa América Latina, con la urgencia de conseguir más financiación cueste lo que cueste”. Sibaja es autor de un informe de 2022 publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) llamado “Detrás del canje de deuda por acción climática”.
En el último año, Colombia —uno de los tres países más endeudados de Sudamérica, según la CEPAL— viene empujando con fuerza este tipo de canjes para proteger la Amazonía. Esto a pesar de que el mismo Fondo Monetario Internacional reconoce sus limitaciones.
En efecto, “los canjes no proponen una solución sistémica ni a la crisis de deuda ni a la crisis climática ni de biodiversidad, pero sí aportan un reconocimiento explícito de la relación entre la crisis de deuda y la crisis climática en la región”, dijo Sibaja a Diálogo Chino.
Galápagos enredado en canjes de deuda por naturaleza
Ecuador firmó en 2023 el mayor canje de deuda por naturaleza de la historia, donde se dice que el país ahorró 1.121 millones de dólares con todo e intereses, de los que unos 300 millones se destinarán a apoyar la conservación marina en las Islas Galápagos.
Entender esta gigante operación no es sencillo. En mayo del año pasado, el banco Credit Suisse compró parte de la deuda ecuatoriana equivalente a 1.630 millones de dólares, la cual fue subastada a un menor costo: 656 millones de dólares.
“Esto [la subasta] sucedió porque Ecuador, y como muchos países, no tiene el potencial de pagar tan fácil sus deudas. Y [los acreedores] en lugar de perderlo todo, prefieren subastarlo”, comentó el economista Juan José Guzmán Ayala.
Luego, para pagarle al banco suizo, Ecuador adquirió un nuevo préstamo por $656 millones con la irlandesa GPS Blue Financing Designated Activity Company, con quien se haría el canje de deuda por naturaleza. Es así que se creó Galápagos Life Fund, una corporación que gestionará los fondos para los trabajos de conservación que el gobierno ecuatoriano tiene que ir depositando de manera trimestral hasta llegar a los 450 millones de dólares en los próximos 18 años. El resto de los $656 millones, sumados los intereses, se pagará directamente a GPS Blue.
Los canjes no son malos, pero esto es un trueque, pues la deuda no se suprime, se reemplaza por un nuevo préstamo con condiciones muy serias-Daniel Ortega — Ex ministro de Ambiente de Ecuador
Sin embargo, esta transacción ha generado preocupaciones sobre su transparencia y el impacto en la soberanía ecuatoriana. Para el exministro de Ambiente de Ecuador, Daniel Ortega, “los canjes no son malos, pero lo de ahora es un trueque, pues la deuda no se suprime, se reemplaza por un nuevo préstamo con condiciones muy serias”.
Una de estas condiciones es el tipo de interés del 11% del préstamo, que algunos consideran demasiado alto, y que hará que Ecuador pague los costos de transacción durante años. En una declaración firmada por Ortega y 260 activistas de la deuda y la justicia climática, académicos y analistas de la sociedad civil, se acusa al acuerdo de otorgar una participación desproporcionada en el futuro de Galápagos a un pequeño grupo de empresas privadas extranjeras.
También, se cuestiona la creación de Galápagos Life Fund, una corporación establecida en Delaware, considerado paraíso fiscal en Estados Unidos. “Por eso consideramos que no cumple las mejores normas y prácticas disponibles en cuanto gobernanza y transparencia”, argumentó Ortega.
Al respecto, el Gobierno ecuatoriano declaró en un comunicado que la creación de Galápagos Life Fund busca blindar el canje de “influencias políticas que quieran hacer mal uso de los recursos económicos”. Además, en otro documento, precisó que fue constituido en Delaware a pedido de los donantes y están previstas auditorías cada año, tanto a la asignación del presupuesto como al manejo de proyectos.
Para Sandra Guzmán, fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, esta falta de claridad fue el mayor error en este caso. “Las condiciones del canje no se hicieron de manera muy pública y, por eso, tanto revuelo”, dijo a Diálogo Chino. “Tampoco hubo información suficiente de hasta en qué punto generará beneficios sociales. Sin esa transparencia es difícil saber si cumplirán su objetivo y podemos caer en ejercicios que sean más greenwashing”.
Canje positivo en Perú
Más allá de los cuestionamientos, este mecanismo también ha logrado impactos positivos. Desde 1995, Perú lo ha utilizado con diversos acreedores, como Estados Unidos, Finlandia, Alemania y Canadá.
Uno de los más recordados es el realizado en 2002, entre Perú y Estados Unidos. Este permitió realizar proyectos de conservación en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en plena Amazonía peruana.
“Me pesa recordar cuántos árboles cortamos, pero entendimos que debemos cuidar nuestros recursos por el futuro de nuestros hijos”, dijo Linorio Novoa, poblador de la reserva y que con el proyecto se capacitó para dedicarse al ecoturismo y la conservación de flora y fauna en esta área natural protegida de más de dos millones de hectáreas.
“El cambio que logré en mi vida ha sido maravilloso”, añadió Novoa, quien hasta ahora lidera Ivy Mara Ey, emprendimiento que recibe unos 250 turistas al año.
En esta operación, Estados Unidos condonó una deuda de 10,6 millones de dólares a Perú, a cambio de que ese mismo monto se destine a conservación. Y para respaldar este canje, WWF, The Nature Conservancy y Conservación Internacional brindaron 1.1 millones de dólares como parte del fondo total. Este fue otorgado a Profonanpe, el único fondo ambiental de Perú, para financiar 41 proyectos en 17 áreas naturales protegidas.
“Casi el 30% se invirtió en Pacaya Samiria en un proyecto de largo plazo y el resto fueron intervenciones específicas y a corto plazo”, detalló Luis Espinel, vicepresidente de Conservación Internacional en Perú.
De ahí el impacto en esa reserva natural donde se logró que los ingresos de cerca de 2400 familias aumenten un 142%, al igual que se recuperaron especies en peligro de extinción, como la taricaya (Podocnemis unifilis), y bajaron las amenazas dentro del área que, según datos oficiales, tiene un 93.66% de estado de conservación.
En 2023, el país ha firmado un nuevo canje que aliviará casi 20 millones de dólares de su deuda con Estados Unidos, de los que tres millones vienen de Conservación Internacional, The Nature Conservancy, WCS y WWF. A cambio, en los próximos 13 años, el total se invertirá en proyectos de conservación, protección y restauración de bosques tropicales y el trabajo con comunidades en negocios sostenibles.
“Es una deuda que el país debía pagar y que, en su lugar, cada año depositará en una cuenta que administrará Profonanpe”, explicó Espinel de Conservación Internacional, organización que integra el Comité de Supervisión del canje, junto a representantes de ambos gobiernos, ONGs donantes y sociedad civil. “Pero es importante recordar que estos recursos no pueden ser asignados a gastos recurrentes del Estado peruano, como el pago de personal del Ministerio del Ambiente”, subrayó.
Se necesita más
El Fondo Monetario Internacional (FMI) admite que los canjes de deuda por acción climática o naturaleza no pueden restaurar la solvencia de un país, a menos que abarquen un porcentaje muy grande de la deuda pública y un alivio sustancial. Pero lo cierto es que, hasta el momento, ningún canje ha estado cerca de lograrlo. Según la organización financiera, abordar la deuda y el cambio climático por separado suele ser más eficaz.
Se necesita, por tanto, una reforma de la arquitectura internacional de la deuda, explicaron los economistas a Diálogo Chino, más aún en países en desarrollo donde la deuda ha alcanzado máximos históricos, según la CEPAL. Esta propuesta también es alentada por la ONU que califica a la actual arquitectura “anticuada, disfuncional e injusta”.
Casi el 30% de los ingresos de Ecuador viene de combustibles fósiles, así que por más canjes que consiga, no logrará desacoplar su economía de los fósiles –Sandra Guzmán — Fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe
“Los canjes no solucionarán el endeudamiento histórico si no cambiemos el comportamiento de las instituciones financieras, es decir, cómo evitamos que los países se endeuden con altísimos intereses a perpetuidad”, afirmó Sandra Guzmán.
Además, destacó la necesidad de un cambio de paradigma pues, por ejemplo, “aunque Ecuador invierta en proteger Galápagos, casi el 30% de sus ingresos viene de combustibles fósiles, así que por más canjes no logrará desacoplar su economía de los fósiles. Entonces, ¿cómo hacemos que valga más invertir en proteger el ambiente y no en destruirlo?”.
El desafío es que América Latina, según el economista Juan José Guzmán Ayala, no sabe cuánto le costará enfrentar el cambio climático ni su transición energética. En esto África lleva la delantera, dice: en junio de 2022, se estimó que el continente necesita alrededor de 2,8 billones de dólares entre 2020 y 2030 para financiar sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. “Antes de pedir financiamiento, en América Latina debemos saber cuánto pedir y ahí es donde digo que todas estos canjes quedan un poco cojos”, concluyó Guzmán Ayala.
Por Sally Jabiel-elDiarioAR