Acusan a Fernando Whpei del armado de una causa para sacarle a la víctima una altísima cifra en dólares y también de haber recibido millones del magistrado actualmente investigado por la Justicia.
El juez federal Eduardo Rodrígues Da Cruz dictaminó este martes 13 de mayo por la noche que detuvieran al financista Fernando Whpei, en el marco de la causa Bailaque, donde está siendo investigado por presunta extorsión junto a un exfuncionario de la AFIP y un exjuez federal. También decretó la inhibición de sus bienes por un monto de 1500 millones de pesos. En su resolución, el magistrado llamó a Whpei “coautor penalmente responsable”, y lo definió como la persona que tenia “el control de las maniobras extorsivas”.
La medida fue tomada a las 21.30 por pedido de los fiscales, e implica una detención inicial de 90 días bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El empresario será alojado en una dependencia de la PSA hasta que se determine su traslado al Servicio Penitenciario Federal. La defensa de Whpei pidió prisión domiciliaria por razones de salud vinculadas a la hija del empresario, pero el juez decidió que continúe preso mientras se realizan los informes médicos necesarios.
Los otros dos acusados del caso son el exjuez federal Marcelo Bailaque y el extitular de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna, imputados, junto con Whpei, por presunta coacción contra Claudio Iglesias, un agente bursátil, al que habrían intentado cobrarle 250.000 dólares para desactivar una causa armada en su contra.
El fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), aseguró que Whpei actuó “de manera coordinada” desde 2019 hasta noviembre de 2024 con Bailaque y Vaudagna para “iniciar, tramitar o direccionar actuaciones, administrativas y judiciales” contra el empresario, que estaba por convertirse en presidente del directorio de una importante firma de seguros.
Según el magistrado, ese accionar tenía “el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del trámite administrativo y del proceso judicial”.
“En el marco de una relación de confianza y del trato social habitual, Bailaque, Vaudagna y Whpei orquestaron una causa penal a Claudio I. para dañar su imagen y de esa manera perturbar el ejercicio de cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal. La estrategia consistía en fingir la recepción de una denuncia anónima ante la ex AFIP para que fuera judicializada rápidamente en el juzgado federal de Bailaque”, agregó Argibay Molina.
Bailaque fue imputado y su caso es seguido también por el Consejo de la Magistratura, mientras que Vaudagna hizo un pacto con los fiscales federales tras haber confesado su participación en los hechos.
Además, a Whpei se le atribuye haber recibido una gran suma de dinero de parte de Bailaque, quien había intervenido la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, y de colocar sus fondos en la mutual del financista en vez de depositarlos en una entidad controlada y regulada por el Banco Central.
Antes de ser imputado formalmente, Whpei apuntó contra Iglesias, acusándolo de dar un “falso testimonio”, y además exigió la recusación de los fiscales por supuesta “parcialidad”, en un intento de postergar la prisión preventiva en su contra, sentencia confirmada finalmente este martes 13 de mayo por el juez.
Fuente: Perfil