La investigación avanza en Argentina y Estados Unidos, mientras la justicia federal busca identificar a los responsables y recuperar los fondos desviados tras el colapso del token cripto.
Una resolución judicial emitida esta mañana ordenó el congelamiento de más de 57 millones de dólares en criptoactivos presuntamente vinculados al estadounidense Hayden Mark Davis, uno de los señalados en la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. El operativo apunta a proteger parte del capital que habría sido sustraído durante el colapso del token, promocionado inicialmente como una herramienta para financiar PyMEs argentinas.
Las billeteras alcanzadas por la medida —dos en total— fueron identificadas en la red Solana y contenían fondos en la criptomoneda estable USDC, cuyo valor está atado 1 a 1 con el dólar. Una de ellas, bajo la clave 61yk, contenía 44,6 millones de dólares; la otra, denominada Libra Team Wallet 1 (Defc), albergaba 13,4 millones. Ambas formaron parte del esquema original de creación del token y recibieron movimientos relevantes durante la noche del 14 de febrero de 2024, cuando comenzó la caída abrupta del activo.
Procedimiento judicial
La orden de congelamiento fue dictada por la jueza federal María Servini, a partir de un pedido presentado por un grupo de casi 50 damnificados, patrocinados por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá. La solicitud fue acompañada de un peritaje técnico clave, elaborado por el ingeniero especializado Fernando Molina, quien logró rastrear el origen, destino y evolución de los fondos asociados a la operación de $LIBRA, desde sus primeras transacciones hasta el derrumbe del sistema.
Los activos bloqueados se encontraban inactivos desde hacía varios meses. Según pudo constatarse en la red blockchain, no habían registrado movimientos desde la madrugada en que se desplomó el precio de la criptomoneda. El exhorto fue dirigido a la empresa Circle, emisora de USDC, que accedió a la solicitud y ejecutó el congelamiento.
Sin embargo, una parte sustancial del dinero vinculado a Davis quedó fuera del alcance judicial. Se estima que el total retirado tras la caída de $LIBRA ronda los 110 millones de dólares, de los cuales unos 42 millones continúan activos en otros tres wallets que contienen fondos en $SOL, la criptomoneda nativa de Solana. Este tipo de activo, más volátil y sin una entidad centralizada emisora, no está sujeto a medidas cautelares como las aplicadas sobre USDC. Las billeteras señaladas acumulan, al momento, el equivalente a 25 millones, 11,8 millones y 5,4 millones de dólares respectivamente, según su cotización actual.
Repercusión internacional
El caso $LIBRA no sólo se tramita en la justicia argentina, sino que también es seguido de cerca por tribunales federales de Estados Unidos, donde Davis —residente en Miami— ya fue notificado de al menos dos procesos civiles. En paralelo, Servini ordenó una serie de medidas de prueba en territorio nacional, incluyendo el relevamiento patrimonial del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, presuntamente vinculados al lanzamiento del token.
Entre los damnificados figuran tanto inversores argentinos como extranjeros. El grupo patrocinado por Oszust y Rombolá reúne personas que perdieron entre 8.000 y 17.000 dólares, aunque el caso más llamativo es el de un ciudadano de Bielorrusia que denunció una pérdida superior al millón de dólares. Según detallaron los letrados, muchos inversores locales han optado por no sumarse formalmente a la causa judicial por temor a represalias.
La cripto $LIBRA fue lanzada en febrero a un precio inicial de 0,01 dólares. El propio Javier Milei compartió el contrato inteligente apenas 22 segundos después de la primera compra pública, en un movimiento que disparó su cotización a casi 5 dólares en pocas horas. Sin embargo, la aparente manipulación del mercado provocó una caída estrepitosa, favoreciendo a quienes —según la denuncia— habían recibido información privilegiada y se anticiparon a vender. El retiro masivo permitió desviar fondos a diferentes billeteras, muchas de las cuales aún se intentan identificar.
Mientras el proceso judicial avanza, el foco está puesto ahora en rastrear la trazabilidad completa de las billeteras activas, no solo para recuperar parte de los fondos, sino también para identificar a los beneficiarios finales. Según fuentes vinculadas a la investigación, ya se han enviado pedidos formales a otros exchanges centralizados, tanto en América como en Europa, con el objetivo de lograr que los titulares de las billeteras sean debidamente individualizados.
Fuente: Perfil