Marijuán denunció y Comodoro Py rechazó. Las razones del juez Casanello y la fiscal Ochoa, y cómo sigue la investigación judicial.
El intento de traer los coletazos de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña a Comodoro Py naufragó rápidamente: el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente –por más de una razón- para intervenir y envió la denuncia formulada por el fiscal Guillermo Marijuán a la Justicia Federal de Corrientes.
Marijuán había denunciado el martes al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; al senador provincial Diego Pellegrini; al abogado José Fernández Codazzi; a Buenaventura Duarte y Alfredo Vallejos, ex y actual ministros de Seguridad correntinos; así como a Arnaldo Molina y Jorge Cristaldo, ex jefe y sub jefe, respectivamente, de la Policía provincial, por presuntamente “haber interferido mediante una acción de encubrimiento en la investigación para determinar el paradero y la posible captación y ocultamiento, presuntamente con fines de trata de personas” de Loan, sobre quien no se tienen noticias desde hace más de 40 días.
“Extraña jurisdicción”
La denuncia fue formulada en la Mesa de Entradas de la Cámara Federal porteña, en Comodoro Py 2002. Pero rápidamente el juez Casanello advirtió que la Ciudad de Buenos Aires es una extraña jurisdicción: los hechos no ocurrieron aquí.
“Resulta indudable que la maniobra se habría desarrollado por completo en la provincia de Corrientes. Allí se habría pergeñado la hipótesis delictiva (el falso testimonio, su inducción y retribución) y también es allí donde estaba destinada a surtir sus efectos, en tanto lo que se buscaba era sustraer la investigación de la esfera de la justicia federal con asiento en la provincia para que retornara a la justicia provincial”, subrayó el juez.
Casanello coincidió con un dictamen de la fiscal Paloma Ochoa, quien apenas recibida la denuncia comprobó –además- que en el juzgado federal de Goya, Corrientes, ya tramita una denuncia similar y con los mismos imputados. Ello fue, incluso, corroborado por el fiscal general Marcelo Colombo, quien está a cargo de la procuraduría contra la trata (PROTEX).
La Fundación La Alameda, a través de su titular, Gustavo Vera, había presentado con anterioridad una denuncia en Goya sobre una “trama de encubrimiento de una organización ilícita que plantó un abogado (Codazzi) para eludir el accionar de los actores del fuero federal a fin de desviar la investigación mediante la intervención de actores del sistema judicial provincial”.
Los mismos, aquí y allá
La denuncia de Vera sostiene que la trama de ese ilícito llega “a las máximas autoridades del gobierno provincial, incluyendo al senador provincial Pellegrini, al Ministro de Seguridad de la Provincia, Buenaventura Duarte, el Fiscal General, Cesar Sotelo y el propio Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, puesto que todos ellos participaron activamente en la maniobra de eludir el fuero federal y dar por cierta una versión armada por el Dr. Codazzi bajo intento de soborno y amenaza a Laudelina y su hija”.
Entonces, por “conexidad” entre ambas denuncias y “territorialidad” (“se advierte palmariamente que, de haberse cometido, ocurrieron en extraña jurisdicción”, destacaron Ochoa y Casanello), la denuncia de Marijuán ya viajó a Goya.
El fiscal denunciante había justificado la presentación de la denuncia en Comodoro Py en que las conductas de los señalados “habrían afectado directamente la efectividad y eficacia de las acciones desplegadas por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Policía Federal Argentina para el esclarecimiento del caso”.
Casanello respondió que la razón invocada por el fiscal denunciante “no alcanza para sustraer la competencia del tribunal con asiento en el lugar en el que el hecho se habría cometido” y, por ello, resolvió enviar la denuncia a Corrientes para “procurar la mejor actuación de la justicia, permitiendo que la investigación y el proceso se lleven a cabo cerca del lugar donde se encuentran los elementos de prueba”.
Por Néstor Espósito- A24