Causa Cuadernos: la Fiscalía pidió la nulidad del fallo que benefició al primo de Mauricio Macri

Se trata de la resolución que consideró que los pagos de empresarios a funcionarios eran aportes de campaña y no coimas. Reclama que no se le notificó a la UIF la apertura del incidente en donde se resolvió pasar el caso a la justicia electoral

El fiscal federal Raúl Plee reclamó la nulidad del fallo que resolvió dejar afuera de la causa de los cuadernos a Ángelo Calcaterra por considerar que los pagos que le entregó al ex funcionario Roberto Baratta fueron aportes de campaña. El representante del Ministerio Público basó su pedido en que la Cámara Federal de Casación Penal no notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente, la apertura del incidente en donde se tomó la resolución.

La Fiscalía recordó el artículo del Código Procesal Penal que prescribe bajo pena de nulidad la no observancia de “las disposiciones concernientes a la intervención del juez, ministerio fiscal y parte querellante en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria”. Y al analizar el expediente señaló que no se le dio vista a la UIF del recurso que había motorizado la defensa de Calcaterra.

“Puntualmente, no se la ha notificado de la resolución de fecha 7 de diciembre de 2023 que hizo lugar a la queja interpuesta por la defensa, como así tampoco del proveído de fecha 11 de diciembre de 2023 que dispuso hacer saber a las partes la radicación de la causa y su trámite en los términos del art. 465 bis del CPPN, ni del proveído de fecha 22 de diciembre de 2023 que fijó la audiencia para el día 18 de abril del corriente año, como así tampoco de la resolución del 19 de junio de 2024. En síntesis, el trámite de este incidente se llevó a cabo sin la intervención de la parte querellante, lo que, en virtud de lo normado por el art. 167 inc. 2 del C.P.P.N., determina la nulidad de todos esos actos cumplidos en la instancia en los que su participación era obligatoria”, dice la presentación a la que accedió Infobae .

Raúl Plee (Guille Llamos)

“La cuestión aquí planteada constituye, según mi parecer, una de esas situaciones excepcionales que, de no atenderse mediante esta vía propuesta, generaría, a la par de un dispendio jurisdiccional innecesario, la consolidación de un perjuicio de imposible reparación ulterior, puesto que una de las partes del proceso ha visto cercenado su derecho a ser oído y, por tanto, de defensa en juicio, lo que implica una clara inobservancia de las reglas del debido proceso, por cuyo cumplimiento este Ministerio Público Fiscal debe velar”, argumentó Plee.

“Este cercenamiento de la intervención de una parte del proceso, en este caso, la querellante, genera para ella un agravio especialmente atendible, en tanto lo resuelto por V.E. impide la normal continuación de la causa hacia la celebración del debate oral y público respecto de los recurrentes, lo que frustró la pretensión de la UIF conforme su requerimiento de elevación a juicio”, se advirtió.

Hace una semana, la Sala I de la Cámara Federal de Casación hizo lugar a un planteo de la defensa de Calcaterra para que los pagos realizados al funcionarios del Gobierno fueran considerados aportes de campaña y no coimas o dádivas. La decisión alcanzó también a su principal colaborador, Javier Sánchez Caballero, que estuvo detenido en esta causa.

“Advertimos que los datos señalados, de cuyo análisis prescindió el tribunal oral, no se contraponen con las versiones de Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero al señalar que los pagos atribuidos habrían tenido como motivación financiar las campañas electorales del partido político Frente para la Victoria de los años 2013 y 2015″, determinó el juez Diego Barroetaveña, acompañado por sus colegas Diego Barroetevaña y Carlos Mahiques.

Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita

Para Casación, “no resulta aislado el dato, ya comprobado” que las fechas en que se concretaron las entregas de dinero atribuidas a los imputados “son coetáneas a las campañas electorales de las elecciones llevadas a cabo en los años 2013 y 2015″. Y afirmó que el Tribunal Oral “nada dijo acerca de la información aportada por la parte recurrente vinculada a que sus defendidos, a través de la empresa Creaurban SA, realizaron aportes para la campaña de elecciones presidenciales del año 2007 en favor de Frente para la Victoria. Ese dato resulta de interés por cuanto, tal como alega la defensa, indicaría que el aporte de dinero a una campaña electoral no era un hecho novedoso para sus defendidos”.

La decisión de Casación provocó un cimbronazo en la causa y la sospecha de que pueda producirse un efecto dominó en todo el expediente, con el resto de los acusados pidiendo el mismo trato. Mientras tanto, la fiscal Fabiana León denunció al tribunal oral por retardo de justicia en dos de los expedientes que conforman la megacausa Cuadernos, que nació con las anotaciones del remisero Oscar Centeno pero a la que se le sumaron otros expedientes conexos -algunos existentes, otros que nacieron de los propios dichos de los arrepentidos-. En dos resoluciones paralelas, la Sala I y la Sala IV del máximo tribunal instaron a los jueces del Tribunal Oral a avanzar con el juicio oral. Fue elevado por el juez Claudio Bonadio a fines de 2019 y aún no tiene fecha de juicio.

En la cuenta regresiva para que se cumpla el sexto aniversario de que aquel escándalo se hiciera público con allanamientos, detenciones y cataratas de arrepentidos, la fiscal León apuraba que el caso llegara a juicio oral con todos los implicados en el banquillo: desde Cristina Kirchner y sus funcionarios hasta los principales hombres de negocio que aceptaron declarar como imputados-colaboradores y detallar los pagos que habían hecho en los viajes que encabezaba el ex número 2 de Planificación, Roberto Baratta. Esos viajes quedaron detallados en los cuadernos de su chofer Oscar Centeno y que dieron origen a este expediente.

Por Patricia Blanco-Infobae