Todo ocurrió en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal. La fiscalía habló de una “absolución encubierta”. La defensa del empresario reclamó que se rechace la petición
La suerte de Angelo Calcaterra en la causa por las anotaciones de Oscar Centeno quedó en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. La fiscalía federal, con Raúl Pleé y Fabiana León a la cabeza, le reclamó al tribunal que anule una decisión que esos mismos jueces habían dictado para mandar la imputación del primo del ex presidente Mauricio Macri al fuero electoral, por entender que los aportes que recolectó el ex funcionario Roberto Baratta eran para la campaña del kirchnerismo.
La Unidad de Información Financiera, que no había sido parte de la decisión anterior, insistió en su nulidad y en enmarcar los hechos en un entramado de corrupción. La defensa del empresario rechazó los planteos y pidió que quede firme la resolución.
Todo se enmarca en la polémica generada en junio pasado cuando inesperadamente, Ángelo Calcaterra, el primo del ex presidente Mauricio Macri, se convirtió en el primer empresario arrepentido en la causa de los cuadernos en conseguir salir del futuro juicio oral por el pago de esas coimas por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. La decisión alcanzó también a su principal colaborador, Javier Sánchez Caballero, que estuvo detenido en esta causa. Casación también instó al Tribunal Oral Federal 7 a acelerar el juicio oral en donde está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner y hombres de su gobierno.
Los empresarios habían dicho en la causa penal, apenas estalló el escándalo, que la plata que le entregaron al ex colaborador de Julio De Vido, Roberto Baratta, era dinero que les pedían para la campaña, una exigencia que se les hacía para poder obtener los permisos y avanzar con obras públicas que tenían adjudicadas. En la justicia penal los argumentos no tuvieron éxito para ser mandados a juicio. Pero tuvieron suerte en el fuero electoral con el fiscal Ramiro González y jueza María Servini, quien reclamó que le enviaran el expediente. Casación decidió mandarlo al fuero electoral y otros tres empresarios querían seguir los pasos de Calcaterra.
Oscar Centeno, ex chofer de Baratta
Pero la decisión de Casación provocó un cimbronazo en ese momento. El Tribunal Oral Federal 7 disparó por elevación en duros términos contra su superior y el fiscal Pleé pidió anular la sentencia porque no se había notificado a la querella de la UIF. En el medio la ex presidenta Cristina Kirchner también promovió recusaciones que fueron rechazadas. Así las cosas, se convocó los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques para escuchar los argumentos en contra de su fallo anterior.
“La decisión de enviar el caso al fuero electoral implica una absolución encubierta y directa para Calcaterra y (su mano derecha) Javier Sánchez Caballero por hechos por los que fue acusado por esta fiscalía y la querella de la UIF, y que se pretende que queden afuera del juicio”, sostuvo Pleé en la audiencia que presenció Infobae. Fabiana León, la fiscal que acusará en el futuro juicio, estaba sentada a su lado.
Pleé aseguró que un fallo reciente de la Corte Suprema le daba la razón en su planteo: el máximo tribunal anuló todo lo actuado en una causa en donde se le había otorgado a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue un predio de 180 hectáreas registradas a nombre del Ejército Argentino sobre la ladera oeste del cerro Otto, localidad de San Carlos de Bariloche, porque en el caso se omitió dar intervención a la provincia de Río Negro.
El fiscal Raúl Pleé (Adrián Escandar)
Luego fue el turno del abogado de la UIF Mariano Ezeyra, quien ratificó los términos del escrito presentado ante el tribunal. Allí el organismo antilavado cuestionó que no se le dio intervención cuando se resolvió que el capítulo Calcaterra tenía que pasar al fuero electoral e insistió en su acusación. “La hipótesis que se pretende introducir por vía del planteo de incompetencia presupone un adelantamiento de los alegatos propios de un debate y una pretensión procesal extemporánea para su dilación”, sostuvo.
La UIF afirmó además que de la evidencia surge que “los pagos efectuados” a Baratta, en los viajes relatados por Centeno, “eran efectuados para beneficiarse de las licitaciones de obra pública” y las declaraciones de los arrepentidos exponen “un presunto mecanismo de corrupción montado a través de licitaciones efectuados en el marco de la obra pública cuyo único fin consistía en enriquecer ilícitamente tanto a empresarios como a funcionarios públicos”.
Del otro lado estaba María Valeria Oneto, defensora de Calcaterra, quien rechazó estos argumentos y los trató de “insólitos”. Con términos jurídicos, la abogada aseguró que no puede existir nulidad porque no hubo agravio para el Ministerio Público ni para la UIF. Y sostuvo que se está pidiendo una revisión de la decisión por la “campaña mediática” en su contra. Aseguró que el momento de definir la competencia no surge de la elevación a juicio y afirmó que no podía compararse el fallo de la Corte Suprema sobre los mapuches en este caso.
Los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques
Es más: aseguró que Calcaterra sí va a tener que estar sentado en el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral Federal 7 que sustancia la megacausa cuadernos. ¿Por qué? Porque aún prosperando el planteo sobre el aporte de campaña en el fuero electoral, el primo de Mauricio Macri sigue acusado en la causa conocida como “la Camarita”, en donde se procesó a un grupo de empresarios por asociación ilícita luego de las declaraciones del financista Ernesto Clarens, de Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y del ex secretario de Obra Pública José López. Allí no se había pedido la competencia del fuero electoral.
“La determinación de competencia procede hasta que sucede el juicio. Señores jueces, le pido que rechacen el planteo y se reanude el plazo. No hay posibilidad de que se revea la decisión que han tomado porque es válida”, afirmó la abogada, que integra la comisión de reforma del Código Penal.
En lo único que coincidieron todas las partes es en apelar ante la Corte Suprema en caso de que la Casación no les dé razón
Por Patricia Blanco-Infobae