Ocurrió en La Matanza y fueron detenidas 25 personas, 12 inmuebles fueron allanados, se secuestraron 421 tarjetas bancarias, 8.350.670 pesos y 36.300 dólares,
En las últimas horas, se desarticuló una organización criminal integrada por un clan familiar que se aprovechaba de personas de bajos recursos que viven en La Matanza, otorgándoles préstamos usureros. Fueron detenidas 25 personas en flagrancia, incluido el líder de la banda, un comerciante de la zona apodado “Carolo”.
Los operativos, realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina, tuvieron lugar en distintos cajeros del conurbano bonaerense en el marco de una investigación por amenazas y extorsión que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Se secuestraron miles de tarjetas de débito, entre 5 mil y 10 mil tarjetas de planes sociales, cooperativas, jubilaciones y pensiones, dinero en efectivo, vehículos y títulos de reserva de propiedad.
La investigación comenzó en abril pasado, cuando un testigo de identidad reservada denunció una organización que, con préstamos usureros, se quedaban con las tarjetas de planes sociales y cooperativas, haciéndoles firmar pagarés en blanco. Explicó que esta actividad la vienen llevando adelante en La Matanza hace más de doce años, incrementando considerablemente su patrimonio.
El líder de la organización, alias “Carolo” trabaja en una empresa de transportes de pasajeros y luego instaló “un mercadito” en la zona de “Puente Ezcurra” en la localidad matancera de Virrey del Pino.
Si algún cliente carente de fidelidad decidía comprarle a otro comerciante, debía cruzar la Ruta Nacional Nº 3, lo que era un incordio. Así fue generando una relación con sus vecinos de confianza y su crecimiento patrimonial le permitió “ayudar” mediante “préstamos” a sus vecinos.
“Carolo” tomaba como garantías de pago distintos documentos — principalmente “pagarés” en blanco- y cuando las ayudas sociales proliferaron en el barrio, encontró una forma aún más efectiva: retenía los plásticos, exigía las claves y se cobraba directamente de las ayudas sociales, no sin antes dejarles en claro a sus deudores, que no podían denunciar los plásticos, como tampoco hacer algo como para que los planes se cayeran. De ser así, debían atenerse a las consecuencias.
Esta operatoria, extendida en más de una década, llevó a reconvertir la actividad de “Carolo” y extender la mecánica de sus ingresos a todo su grupo familiar: primero su hermana, luego los sobrinos de aquel, las parejas y exparejas de estos. El círculo íntimo de confianza ya cada vez era menos íntimo, a medida que el negocio expandía.
Naturalmente, el “mercadito” de “Carolo” cerró y este se abocó a otro tópico: la reinversión de los dividendos en bienes raíces, automóviles y motos.
Por pedido de la Justicia, los agentes federales pudieron determinar que en el último tiempo, la organización tuvo incrementos patrimoniales considerables, volcados al rubro inmobiliario con propiedades en Cañuelas y el partido de La Costa. Se estima que llegaron a reunir entre 5000 y 10.000 plásticos de planes de ayudas sociales individuales, cooperativas, jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas.
También se pudo determinar, a través del análisis patrimonial, que en poco menos de un año tanto el líder de la banda como su hermana fueron estructurando elevaciones de su posición fiscal y actividad. Se presume que para ello utilizan los servicios de un contador y la pesquisa no descarta que esté involucrado personal de alguna agencia de recaudación gubernamental.
Gracias a las diversas tareas de campo desplegadas por los uniformados, se estableció que el hombre sindicado como líder de la organización contaba con una red de cómplices, quienes eran los encargados de efectuar la recaudación de dinero en efectivo mediante extracciones en cajeros automáticos, utilizando las tarjetas retenidas en garantía de pago a los deudores. Se logró demostrar además que operaban en grupos de diez, doce y quince individuos y varios autos.
Al tomar conocimiento de esto, el juez Rodríguez ordenó una serie de procedimientos en los que los autores fueron detenidos en flagrancia. Dichas detenciones dieron lugar a una serie de allanamientos en domicilios de los involucrados.
En San Justo, La Matanza, cuatro hombres fueron detenidos y un menor demorado con 108 tarjetas de débito de cooperativas. Llegaron hasta la sucursal de un Banco ubicada en calle Arturo Illia a bordo de tres autos. Se les secuestraron $2.186.000 y cinco celulares. En esa misma localidad, pero en otra sucursal, ubicada en calle Arieta, un hombre fue detenido con seis tarjetas en su poder y $398,000 pesos. Se le secuestró un celular y el vehículo que conducía.
En la sucursal de González Catán, ubicada en calle Equiza, fueron detenidas nueve personas y se secuestraron 135 tarjetas cooperativas; $4 millones de pesos; 11 celulares y tres cuadernos con anotaciones.
Estos operativos dieron lugar a varios allanamientos que se realizaron en Nueva Atlantis, Mar de Ajó (Partido de la Costa), Cañuelas, Virrey del Pino y González Catán.
En la ciudad balnearia, se detuvo a una persona y se secuestraron $500.000, vehículos, celulares, computadoras y cuadernos con escritos relacionados con la causa que se investiga, comprobantes de pagos y un arma de fuego.
En el resto de los allanamientos realizados en domicilios particulares, quedaron detenidas 10 personas y se secuestraron más de 1,8 millones de pesos, 36.300 dólares, celulares, discos rígidos, papeles con anotaciones, vehículos, resúmenes de cuentas bancarias, un documento de reserva de una propiedad en un country de Cañuelas, tarjetas de planes sociales, un posnet, autos y motos.
Como resultado del operativo, fueron detenidas 25 personas, 12 inmuebles fueron allanados, se secuestraron 421 tarjetas bancarias, 8.350.670 pesos y 36.300 dólares,
66 teléfonos, 17 vehículos, una pistola semiautomática, anotaciones varias, cuadernos, comprobantes bancarios, fotocopias de DNI, computadoras y elementos varios de almacenamiento de datos. Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del juez Rodríguez.
LN