Desde Los Lorenzana hasta Los Huistas, los carteles controlan gran parte de la estructura del poder guatemalteco. El golpe del ejército en el sur del país que provocó malestar entre dirigentes políticos
“La élite guatemalteca está sucia”. Es la sentencia que sale de la boca de un investigador norteamericano que no tiene autorización para hablar. La conclusión se basa en miles de horas de monitoreo a los popes de organizaciones criminales que, asegura, corrompen a políticos, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y gran parte de la sociedad civil más poderosa del país centroamericano.
Tanto los jefes narcos -como sus cómplices- están bajo el radar de Washington bajo el acrónimo DTO (Drug Trafficking Organization), la forma que tienen tanto la DEA como el Departamento de Justicia para rotular aquellas bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas. Son redes complejas que producen, transportan y distribuyen sustancias ilegales a gran escala: no sólo en la región, sino en Estados Unidos y Europa.
En la actualidad, estas redes delictivas utilizan todo su poder para manejar instituciones, empresas y gran parte de la estructura judicial de Guatemala. Con ello consiguen dos cosas fundamentales: blanqueo de sus ganancias e impunidad. También logran anticiparse a cualquier tipo de operativo que pudiera comprometerlos.
Sin embargo, algo cambió el pasado 27 de septiembre que rompió ese equilibrio tarifado. Un operativo de las Fuerzas Armadas -sin la Policía Nacional Civil (PNC)- golpeó al Clan Lorenzana, uno de los más poderosos -e históricos- del país. Ocurrió en Huité, Zacapa, al sur de Guatemala, donde esa familia reinan desde hace décadas. Ocho presuntos miembros de esa organización murieron en el enfrentamiento.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo removió a los militares al mando de la misión: el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa, coronel Erwin Constanza Hidalgo. Argumentaron que fue para garantizar la imparcialidad de la investigación asumida por el Ministerio Público.
Dos carteles, un país
Si bien son siete los carteles guatemaltecos, dos son las bandas delictivas que se dividieron el territorio guatemalteco para controlar sus rutas más importantes. Por un lado, en el norte, en Huehuetenango, en la frontera con México están Los Huistas, sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano en marzo de 2022. Por el otro, en el sur, están Los Lorenzana, recientemente golpeados por las Fuerzas Armadas.
“Los grupos criminales tales como la DTO Los Huistas contribuyen a la inestabilidad en Guatemala y la región”, dijo el entonces Sub-Secretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro Brian E. Nelson cuando se conoció la sanción. “Los Huistas contrabandea narcóticos mortales incluyendo cocaína, metanfetaminas, y heroína desde Guatemala a través de México, para distribuir en múltiples ciudades estadounidenses. El Tesoro y sus pares en los Estados Unidos y el gobierno de Guatemala continuarán usando cada recurso disponible para desmantelar estas redes criminales”.
Sus jefes históricos fueron Aler Baldomero Samayoa Recinos y Eugenio Darío Molina López.
Se cree que Los Huistas ganaron mucho terreno en los últimos 15 años, principalmente por sus vínculos con la política, jueces, fiscales y empresarios. De acuerdo a investigaciones se sospecha que en el grupo narco estuvieron “muy metidos” altos miembros de gobiernos pasados.
Entre esos nexos políticos habría uno que sobresale en la actualidad: el que mantendría con la diputada Sofía Hernández -representante de Huehuetenango-, hermana de Henry Hernández Herrera, quien en mayo de 2021 se declaró culpable ante la justicia de ser parte de esa organización. Al poco tiempo fue habilitado a salir en libertad. Fue asesinado en enero de 2022.
Pero no era el único lazo sanguíneo que unía a la legisladora con el crimen organizado. Un sobrino suyo, Jean Carlo Castillo Hernández, también cayó ante la policía. Es hijo de Éricka Ruth Hernández Herrera, hermana de la diputada, y su padre es Mario Augusto Castillo Salazar, alias “Tito”, incluido en la lista de los 100 más buscados por el Ministerio de Gobernación desde 2021 y quien tenía una orden de captura por participar en una estructura de apoyo a Los Huistas.
Por otro lado están Los Lorenzana, a quienes el ejército golpeó semanas atrás. El clan opera en Zacapa, cerca de la frontera con Honduras. Es una banda narco histórica de Guatemala, con múltiples resortes en el poder. Tantos que hasta utilizaban estructuras estatales para lavar el dinero que cosechaban del tráfico de drogas.
Waldemar Lorenzana fue el patriarca de la familia. Lideró el grupo por décadas hasta su captura, junto a sus hijos Eliu y Waldemar, en 2011, cuando fueron extraditados a los Estados Unidos.
Aquel jerarca tenía características similares a las de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín, en Colombia. Tal fue su conexión que Waldemar Lorenzana también logró ascendencia carismática entre la población de los lugares que dominaba militarmente.
La estructura criminal quedó en manos de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, “Haroldito”. Por su cabeza, el Departamento de Estado norteamericano ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.
Algunos creen que la violencia con que se maneja esa familia deriva de algún tipo de conexión que pudieran haber tenido con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, este grupo delictivo guatemalteco mantiene lazos históricos con Sinaloa, el golpeado cartel que alguna vez lideró Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ismael Zambada García, “El Mayo”, hoy detenido en Estados Unidos.
Los ataques que se registraron meses atrás en la frontera con Honduras, evidencian que Los Lorenzana están lejos de haber sido desarticulados. Sus contactos con la política, el poder judicial guatemalteco y fuerzas policiales, aún le aportan la impunidad necesaria para lograrlo.
Por Laureano Pérez Izquierdo - Infobae