Con un sorprendente método, una fiscalía argentina secuestró por primera vez criptoactivos de ciberestafadores

Tras un allanamiento, fue detenido un sospechoso de vaciar billeteras de criptomonedas. “En algún momento tenemos que ponerle el cascabel al gato”, dice Alejandro Musso, a cargo de una unidad especializada en el Departamento Judicial de San Isidro.

En el marco de un procedimiento hasta ahora inédito en la Argentina, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) del Departamento Judicial de San Isidro incautó activos digitales de origen delictivo. “Es el primero de estas características en el país, hecho del modo en que lo hacen agencias norteamericanas y europeas de seguridad, como el FBI y Europol”, señala en diálogo con TN Tecno el fiscal a cargo, Alejandro Musso.

Junto a los secretarios de la Fiscalía, Denis Banchero y Alejandro Martín Orlandini, Musso siguió los pasos de una serie de accesos indebidos a bases de datos y fraudes digitales a través del SIM Swapping, un fraude que permite a los piratas informáticos secuestrar números telefónicos al duplicar las tarjetas SIM, y que habitualmente se acompaña con otros ardides basados en ingeniería social (una brecha no tecnológica, aunque usualmente aprovechada por los ciberestafadores) para engañar a las víctimas.

En la investigación se empleó un sofisticado software especializado, se identificó al sospechoso de los mencionados cibercrímenes económicos y vaciamiento de cuentas, procediendo a su detención tras el análisis inmediato de los dispositivos encontraron en el lugar.

Una fiscalía incautó criptoactivos de origen delictivo: ¿por qué es un hecho inédito en el país?

La UFEIC confirmó sus sospechas en el allanamiento. El imputado poseía billeteras electrónicas (a las que se accedió con técnicas de avanzada, identificando las complejas “llaves” compuestas de 12 palabras), y se efectuó por primera vez en Argentina el traspaso de los fondos a una billetera descentralizada bajo el control de la mencionada Unidad. Según confirman las fuentes consultadas, la suma asciende a un equivalente a varios miles de dólares, que se espera sean convertidos a moneda fiduciaria.

“Es el primer secuestro de criptoactivos en el país de estas características. Antes, lo que pudo haber es un congelamiento de fondos”, observa Musso y nota una de las mayores dificultades con las que se topan las investigaciones en el ecosistema cripto: el anonimato. Amén de los exchange que operan de un modo similar a los bancos, donde los usuarios se tienen que identificar con sus datos personales; en el resto de las wallets reina una suerte de “modo incógnito”.

Recapitulando, ¿por qué la reciente movida del Departamento Judicial de San Isidro es inédita en el país? La explicación hay que buscarla en la complejidad de un sistema que, con ciertas excepciones, está ideado para ser anónimo. “En este caso se logró allanar, detener y abrir de urgencia los dispositivos (además de) conseguir las frases semillas, es decir, las claves para loguearse. Después viene el segundo paso, y otra complicación, que es transferirlo a una cuenta estatal. ¿Cuál es el problema? Al no ser un activo financiero y no ser un instrumento cancelatorio porque no está regulado, los jueces empezaron a plantear cuál es la calidad de un Bitcoin. ¿Se puede secuestrar o no se puede secuestrar? Bueno, en Argentina no está regulado como sí ocurre en otros países”.

La justicia corre detrás de las nuevas formas del crimen

La actualización de los delitos requiere, en paralelo, un aggiornamiento de la justicia y sus procedimientos. Musso da cuenta de ello. “Algunos jueces empezaron a plantear dudas respecto a si se puede abrir una cuenta. ¿Dónde? El ecosistema de criptomonedas es un sistema descentralizado, es decir, prescinde de gobiernos y de organismos de control. Entonces no podés abrir una cuenta en un banco estatal o en un exchange estatal porque no existe”, dilucida el especialista.

“Lo que se hizo es llegar al allanamiento, abrir la billetera del imputado, verificar qué tipos de moneda que había. Se transfirió una por una (porque todas tienen un sistema diferente) a la billetera de software descentralizada abierta por la fiscalía. Ahí se terminó de hacer la transferencia de los criptos”, explica en referencia al hallazgo de variantes de activos virtuales como Bitcoins, Kava, BitTorren y Cardano.

– Estos procedimientos no sólo deben sortear las dificultades habituales que establece la propia criminalidad, sino que también requieren una modernización de las prácticas de la propia justicia. ¿Esto es así?

– Claro, lo que hicimos con esto es quebrar la barrera de las dudas de los jueces y los fiscales porque nadie lo quería hacer, porque tenían muchas dudas todos de cómo técnicamente se hacía y cómo jurídicamente iba a quedar la cuestión. Recientemente, en un entrenamiento que dio el FBI en Chile, dedicamos un día entero a cómo explicar estos temas a los jueces, para que entiendan y accedan, contándoles las experiencias de cada uno de los países. En todos nos topamos con la misma cuestión: hay mucho interés y mucha preocupación porque es como arrancar de cero.

Se trata de explicarle conceptos que muchos desconocen absolutamente, y lo primero que hacen como mecanismo de defensa es tratar de analizar bajo el prisma jurídico un tema que es netamente tecnológico y de avanzada que no estuvo previsto en las leyes al momento de ser dictadas. Ahí empieza el primer embarre de la cancha. Pero después se dan cuenta de que lo tienen que solucionar porque si de diez causas que les llegan ocho están vinculadas con criptoactivos, en algún momento hay que ponerle el cascabel al gato.

– ¿Cuál será el destino de los fondos incautados?

– La billetera de software que abrimos está controlada por la fiscalía, una sola persona tiene las frases semillas, están guardadas bajo llave con un procedimiento que nosotros protocolarizamos, es decir, se lo trata como evidencia patrimonial, como si fuesen joyas, diamantes o dinero. Básicamente lo que se hace es borrar de todos los dispositivos la frase semilla para la apertura y ponerlas en papel, y ese papel obviamente cerrado, lacrado y toda la cuestión bajo llave, tiene acceso a una sola persona.

Eso va a suceder hasta el momento que tengamos que abrirlo. Cuando esté la condena va a haber un decomiso. Importa que el Estado se quede ese activo, pero no en criptomonedas; en principio, lo tiene que pasar a dinero fiduciario, seguramente va a ser a pesos o a dólares, para poder depositarlo en una cuenta bancaria.

El reciente paso de la UFEIC es una piedra fundamental en la lucha contra el ciberdelito económico en nuestro país, un área en ciernes que se aggiorna para ofrecer nuevas respuestas. “Es como aprender a caminar de vuelta. Si no empezamos a entender que es importante entrenarse en las herramientas, que además se modifican todos los días, estamos muerto y quedamos mil pasos atrás”, cierra Musso.

Por Uriel Bederman-TN