En el Poder Ejecutivo reconocen que hay firmas del Estado a las cuales será más fácil de poner a la venta y generar interés por parte de privados. Cómo es el proceso de puesta a punto y qué casos particulares hay ya en estudio para avanzar
La Ley Bases contó con el permiso para que el Gobierno nacional comience con el proceso para privatizar total o parcialmente un total de ocho empresas públicas. Se trató del segundo paso de la administración libertaria para lograr avanzar con esa reconversión: el primero ya se había dado en diciembre con el DNU 70/23, que habilitó la transformación obligatoria de todas las empresas que son Sociedades del Estado hacia Sociedades Anónimas, decisión que facilita la puesta en venta de estas compañías.
La última noticia sobre este tema se dio el último lunes cuando se reglamentó el apartado de las privatizaciones de la Ley Bases a través del Decreto 695/24. Esto permite que ya exista el procedimiento burocrático por el cual tendrá que cursar el proceso de venta de acciones/activos o simplemente la concesión de una compañía.
Sin embargo, diferentes funcionarios consultados por El Cronista marcaron que, después de que se hubieran discutido las privatizaciones en el Congreso, estos meses no estarán caracterizados por novedades particulares sobre alguna empresa en particular que pueda llegar a venderse. Y es que restan varios pasos para que esto suceda.
Los próximos pasos de las privatizaciones
Por el momento, todos los esfuerzos están en la confección de los balances. En varios casos, estos documentos no se hacen desde hace más de tres años. “Ellos no los hacían porque, total, no tenían que justificar nada. Ahora cambió”, marcan desde el Gobierno.
Se trata de un aspecto clave para mostrar los números de las compañías, que también están realizando un “saneamiento interno” en cuanto aspectos normativos que faciliten su privatización y a la reducción de personal. El oficialismo considera que se logró bajar un número importante de empleados, pero que los grandes riesgos de judicialización ponen en riesgo a ese segmento de la motosierra. “El juzgado laboral siempre suele fallar en favor del trabajador”, indican.
El encargado de supervisar y ejecutar la liquidación de las compañías estatales es Diego Chaher, que está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. El abogado con pasado en Grupo América llegó de la mano de Nicolás Posse y se ganó la confianza de la gestión mileista cuando ejecutó la intervención de los Medios Públicos.
Signo de eso es que, a pesar de la salida del entonces jefe de Gabinete, lo asignaron como el reemplazante de Mauricio González Botto en la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado. Esa área se reconvirtió a la actual agencia, que depende del Ministerio de Economía. Su figura tiene la banca tanto de Luis Caputo como de la mesa chica del mileismo, particularmente del asesor plenipotenciario Santiago Caputo.
Según describen cerca de Chaher, su responsabilidad más inmediata es lograr que todas las compañías que son Sociedades del Estado (S.E.) pasen a Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), dado que las primeras no pueden privatizarse.
En cambio, los directores de diversas compañías en diálogo con El Cronista indican que el funcionario autoriza las designaciones de cada una de las autoridades, audita cómo se están “poniendo a punto” cada empresa y estudia las distintas formas de concesiones o la modalidad de ventas que pueden hacerse.
Qué empresas pueden privatizarse más rápido
El plazo en el que se puede hacer cada privatización depende de la compañía sobre la que se ponga la lupa. Hay dos factores clave: 1) si ya tienen el permiso del Congreso para iniciar ese proceso; y 2) si ya son Sociedades Anónimas.
En el primer eslabón aparecen aquellas que fueron abarcadas en la Ley Bases: AYSA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Energía Argentina, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Yacimiento Carboníferos Río Turbio. Las restantes fueron excluidas del listado privatizador durante las negociaciones en el Congreso. Eso no implica que estén exentas. Cerca de Milei repiten un mantra: “Ninguna debe ni va a quedar en manos del Estado a largo plazo”.
Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina son tres compañías que al Gobierno le frustró no haber podido prosperar con la Ley Bases. No se prevé que hasta el año que viene se vuelva a insistir con su privatización. En el caso de la primera, en el círculo mileista siempre vuelve la idea de la conducción de la compañía a sus trabajadores. Mientras que las otras dos tienen una sobrevida algo mayor.
Según indicaron fuentes gubernamentales, el Correo Argentino habría avanzado sustancialmente con el cerrojo del déficit. “Espero que eso baste como para que no se toque el año que viene. Tengo miedo por las elecciones”, indicaron en Casa Rosada.
A todas las empresas les cabe el mandato de disminuir la dependencia de las transferencias estatales. Yendo al caso de las que tienen el permiso para su privatización, Corredores Viales anunció días atrás que alcanzó superávit luego de que en 2023 terminó con un déficit de $66.000 millones. “Son noticias que ayudan para la imagen al interior del Gobierno como para atraer posibles oferentes”, indican desde la compañía.
Las ocho compañías tuvieron algún sondeo de posibles interesadas. “No te queda ninguna duda que hay algunas que son muy atractivas para el exterior”, afirman. Una de las que hablan desde el Ejecutivo es Nucleoeléctrica. También hay varias interesadas en las concesiones que se pueden hacer de los tramos de las líneas ferroviarias (urbanas, regionales y de larga distancia) que controla SOFSE y Corredores Viales.
Aunque todavía no hay plazos confirmados para que se lleven adelante las privatizaciones o concesiones, en el Gobierno creen que marzo de 2025 es una buena fecha para que AySA vuelva a manos privadas o a tener un socio privado que controle el management, inspirado en el modelo de la compañía paulista Sabesp. En el círculo mileista también fantasean con que la empresa de aguas dependa de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Hay una compañía puesta a privatizar que, de mínima, debe pasar por un proceso burocrático más largo. Se trata de SOFSE que es la única de las ocho empresas que es una Sociedad del Estado, figura jurídica que, por definición, impide la cesión de los activos de la compañía a privados.
Su puesta a punto pareciera ser una quimera hacia futuro: al día de hoy es la mayor empleadora del país con más de 23.000 trabajadores. Pero tal vez su punto más desgastante es la normalización interna que debe hacer la compañía, sobre la cual se le achacan fuertes irregularidades sobre la gestión de las líneas.
“No se han cumplido con los objetivos y tiempos adecuados para las políticas que demanda el sector”, argumentaron desde el oficialismo para anoticiar el despido de la cúpula de la empresa semanas atrás.
Por Julián Alvez-El Cronista