El exrepresentante republicano David Rivera, cercano por mucho tiempo al secretario de Estado Marco Rubio, fue hallado culpable en mayo de cabildear secretamente para cambiar la posición de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a cambio de un contrato de consultoría de 50 millones de dólares con la estatal petrolera PDVSA. Este 2 de octubre, una jueza de Miami le impuso una pena de 10 años de prisión por estas actividades, que involucraron a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“La Dama de Rojo”. Ese era el nombre clave para Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina de Venezuela y ministra de Exteriores en 2017. Documentos judiciales revelan que en esa época fue ella quien captó a un exrepresentante republicano, David Rivera, para que tratara de influir en la posición de la Administración Trump hacia el Gobierno de Nicolás Maduro durante el primer paso del magnate por la Casa Blanca.
Rivera fue un antiguo aliado del secretario de Estado Marco Rubio, con quien incluso llegó a compartir residencia en Tallahassee, en el inicio de las carreras políticas de ambos.
Como legisladores por Florida, primero por el estado y luego federales, ambos compartieron la retórica anticomunista clásica de los políticos conservadores de ese estado, donde el voto de la comunidad de exiliados y migrantes cubanos (y ahora venezolanos) tiene un peso decisivo.
Sin embargo, al mismo tiempo que públicamente condenaba a los gobiernos de La Habana y Caracas, Rivera hacía lobby a favor de Nicolás Maduro, para tratar de cambiar la postura de Trump.
Lo hizo sin inscribirse como cabildero de un gobierno foráneo, como exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, un delito del que fue declarado culpable por un jurado de Miami en mayo. Ahora, una jueza federal lo ha sentenciado a una pena de 10 años de cárcel por lavado de dinero y por el lobby encubierto.
Rivera, que fue representante federal entre 2011 y 2013, fue juzgado y condenado junto a la consultora política Esther Nuhfer, que formó parte de la misma trama.
Los fiscales revelaron que Rivera y Nuhfer trataron de manipular a amigos influyentes como Rubio (entonces senador por Florida) o el representante por Texas Pete Sessions para que presionaran a la Administración Trump en busca de un cambio de línea hacia Maduro, que incluyera abandonar la política de sanciones y normalizar relaciones.
Ambos testificaron durante el proceso, asegurando sentirse traicionados cuando conocieron que Rivera había suscrito un millonario contrato de consultoría con una filial estadounidense de la estatal petrolera PDVSA, aunque Sessions presentó una carta solicitando clemencia este 2 de octubre.
La acusación señaló que Rivera evitó acreditar su función como cabildero de un gobierno extranjero para eludir las consecuencias sobre su propia carrera política en Florida de haber mediado a favor de Maduro.
Al emitir su sentencia, la jueza Melissa Damian comparó la aceptación de contratos con el Gobierno de Maduro con un eventual acuerdo económico con La Habana.
"Nadie aceptaría que eso está bien y no creo que esto sea diferente", dijo Damian. "No hay duda de que este dinero proviene del régimen de Maduro”.
Un chat cifrado para ayudar al “conductor del autobús”
Durante las siete semanas de juicio que concluyeron con la declaración de culpabilidad de Rivera y Nuhfer los fiscales revelaron una trama que se inició con el contacto inicial de la “Dama de Rojo”, el nombre código con el que se referían los participantes de un chat cifrado a Delcy Rodríguez, quien eligió al excongresista como mediador.
El Gobierno venezolano se comunicaba con Rivera a través de Raúl Gorrín, un magnate de medios de comunicación que hoy enfrenta cargos por soborno en Estados Unidos y estaría detenido en Venezuela, aunque no hay confirmación oficial sobre su encarcelamiento.
En los mensajes en clave que intercambiaban, Rubio era “Miss Clairol” (por el nombre de una marca de tinte de cabello), Maduro era el “conductor del autobús” (en alusión a su antiguo oficio) y los pagos eran “La Luz”.
Una luz verdaderamente brillante, porque Rivera también fue acusado y convicto por lavado de dinero, en concreto de 50 millones de dólares en contratos de consultoría que recibía de forma indirecta desde PDVSA.
La defensa del exlegislador argumenta que esos pagos estaban destinados a atraer de vuelta a Venezuela al gigante petrolero Exxon Mobile (que salió en medio de un agrio proceso de expropiación de algunos de sus activos durante el Gobierno de Hugo Chávez), para lo cual no necesitaba estar inscrito como un agente extranjero.
"David Rivera no merece morir en prisión por no haber presentado un registro FARA", dijo su abogado Ed Shohat durante la audiencia del viernes. "Si hubiera presentado ese papel, ese formulario, todo lo que hizo, incluido el contrato de 50 millones de dólares, que distorsionó totalmente este caso, es perfectamente legal”.
"No hay ni una palabra en ningún chat, ni un solo documento, ni una sola cosa que haya hecho para ayudar a Nicolás Maduro", agregó Shohat.
Rivera, que enfrenta cargos en Washington por otro caso de lobby no registrado para un gobierno extranjero, planea apelar de la decisión. En junio, solicitó un indulto presidencial.
Fuente: France24