Esa es la nueva Argentina Libertaria, el modelo que votó la mayoría de loa argentinos y que se consolida con el avance y sanciones de leyes que borran o recapitulan con nombres atractivos la quita de derechos que tantas luchas colectivas nos llevó tenerlos y que hoy forman parte de nuestras leyes y principios de nuestra Constitución Nacional.
Las nuevas reformas que se están debatiendo y tratando en el Congreso Nacional, y que aborda punto por punto, la Ley de Bases, anteriormente aprobada de manera general en la Cámara Baja y Alta de la legislatura nacional, trae consigo “trampas” que nos hacen retroceder en materia legislativa y como sociedad, porque en sus modificaciones disfraza la quita de derechos ya conquistados a distintos sectores de la sociedad.
Por analizar algunos puntos, como la Reforma laboral y concebir la Educación como un “servicio esencial”, transforma nuestra sociedad de derechos a una de mercadeo, donde el gobierno se corre de su rol de Estado
garante para el ejercicio pleno de derechos humanos y transfiere eso a los ciudadanos, sin tener en cuenta las barreras económicas y sociales que existen en nuestra sociedad, la igualdad de oportunidades deja de ser un valor
fundamental para este nuevo “plan de gobierno”. Como parte del proceso de democratización que siguió a la última
dictadura cívico-militar (1976-1983), Argentina emprendió un importante esfuerzo de reforma constitucional, incorporando nueve destacados tratados de Derechos Humanos a su Constitución.
De este modo, Argentina presenta un ejemplo prototípico de internalización del derecho internacional. En el año 1989 Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, reconociendo al niño como
Sujeto de Derechos y garantizando Derechos fundamentales como la Identidad, Familia, Educación, Salud, entre otros.
Pero parece mentira que en estos últimos meses de gobierno libertario, el sistema de derechos que tanto costó pensar, construir y consolidar en la República Argentina parece susceptible de revisión, es importante recordar que
el derecho a la educación es uno de los pilares del sistema jurídico, social y cultural nacional y que cualquier intento por modificarlo implicaría un proceso de modificación tan profundo que alcanzaría a la propia Constitución Nacional.
EDUCACIÓN: un derecho humano
En primer lugar es importante destacar que la educación es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través del artículo 26, en el que además se establece que dicha educación
deberá ser gratuita -al menos en la instrucción elemental y fundamental- y obligatoria. Tras la aprobación del documento de París, en 1948, el derecho a la educación fue ratificado por un amplio abanico de tratados, tanto regionales como internacionales, a los que Argentina adhirió y que tienen rango constitucional.
Entre ellos cabe mencionar el Pacto Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (de 1966) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (del mismo año. También los pensados para proteger a grupos más específicos en situación de vulnerabildiad, como la Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).
¿Por qué es un derecho humano?
Tal como lo expresa la propia DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) es a través de la educación que se alcanza “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”. También porque favorece la “comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos” y promueve “el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.
En otros tratados internacionales se destaca también que la educación es el derecho que permite el ejercicio del resto de los derechos, al tiempo que se torna fundamental para el desarrollo humano, social y económico, tanto a
nivel individual como colectivo.
Un derecho con jerarquía constitucional en Argentina
Como país adherente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para Argentina el derecho a la educación es, también, un derecho humano fundamental.
Sin embargo, no se trata de una decisión aislada en el tiempo sino fundamentada en la historia del país. De hecho, la educación es reconocida como un derecho por la propia Constitución Nacional, sancionada en 1853.
En efecto, el artículo 14 reconoce el derecho de todas las personas a “enseñar y aprender” en tanto que el 75, inciso 19, establece que le corresponde al Congreso de la Nación “sancionar leyes de organización y de base de la
educación”.
El mismo artículo establece, además, que dichas leyes deben consolidar “la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales”; asegurar “la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la
familia y la sociedad”, promover “los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna” y garantizar “los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal” así como “la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.
Fue en ese marco que el 8 de julio de 1884 el Congreso Nacional aprobó la ley 1420 que estableció la educación común, obligatoria, gratuita, laica y gradual en la Argentina.
Ley Nacional de Educación
El 14 de diciembre de 2006 el Congreso sancionó una nueva ley, la 26.206, a través de la cual se regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrados en el artículo ya mencionado de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados con posterioridad.
Dicha ley establece en su artículo 3 que la educación es “una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”. En este sentido en el artículo 9 afirma que el Estado deberá garantizar “el financiamiento del Sistema Educativo” en tanto que en el 10 se prohíbe cualquier acto que implique “concebir la educación como un servicio lucrativo o aliente cualquier forma de mercantilización de la educación pública”.
La Educación para la era libertaria
Como lo expuse la Educación es un derecho social y, como tal, debe ser garantizada por el Estado en todas sus instancias. Declararla como un servicioes intentar equipararla con cualquier otra mercancía y someterla a la lógica del mercado.
Las modificaciones a la Ley, que se están debatiendo en el Congreso de la Nación, supone un retroceso a todo ese recorrido histórico y conquistas en materia educativa y que concibe a la Educación como un Derecho. Esta reforma,
con la excusa de una supuesta modificación que revalorice la Educación, tiene como pretensión final cercenar cualquier tipo de protesta de los educadores, desconociendo que el ejercicio del derecho a huelga es siempre la respuesta lógica a la falta real de inversión y abandono del Estado y sobre todo avanzar en el desfinanciamiento y privatización de la Educación.
Y para terminar cabe reflexionar que la educación sea un derecho implica que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla, de que sea gratuita y de que alcance a todos los habitantes y en las más diversas modalidades en que se refleja la diversidad de la población. Convertirla en un “servicio esencial” trae un problema, no con la palabra esencial, que nadie puede dejar de compartir, sino con la palabra “servicio”, porque equipara a la escuela con cualquier otra mercancía. Hay que reflexionar y pensar que es en la escuela donde se forman individuos y comunidad en valores, en saberes y competencias, de las que se desprende un proyecto de sociedad. La escuela es,
así, un dispositivo institucional de transformación y emancipación en la que las familias y los ciudadanos depositan esperanzas y futuro. En ella aprendemos a convivir, nos socializamos, forjamos caracteres y amistades, garantiza la
igualdad de oportunidades y movilidad social. Y lo que es alarmante, que partidos políticos y dirigentes de larga representación popular avalen en silencio y con el voto estos desaciertos sin dimensionar que con esta “modificación” dejarán sin acceso a un Derecho Humano a millones de argentinos.
Por Luna García