Federico Marín había sido condenado, pero estaba bajo arresto domiciliario y en un programa de protección de testigos por haber delatado a funcionarios políticos, jueces, policías y gendarmes; el martes fue al médico y no regresó; sospechan que se fugó, como ya lo hizo años atrás
Es la segunda vez que Federico Sebastián Marín, alias Morenita, uno de los capos narco de Itatí, Corrientes, logra esfumarse. Pero, esta vez, su desaparición abre dudas. Es que este correntino de 34 años, condenado por narcotráfico, habría huido de su propia casa, porque desde noviembre gozaba de la detención domiciliaria, y además, estaba bajo el régimen de protección de testigos, ya que el testimonio que prestó en las dos causas en las que declaró involucró a funcionarios, jueces, policías federales y provinciales, y gendarmes.
Morenita vivía con sus cuatro hijos y su pareja con otra identidad, uno de los requisitos del programa de protección de testigos. Como estaba detenido en su nuevo domicilio, también tenía una tobillera electrónica, que controlaba si violaba el radio donde debía permanecer para cumplir con la condena. Por eso, investigadores judiciales dudan de la fuga de Marín, porque él mismo estuvo durante más de dos años solicitando que le otorgaran la prisión domiciliaria, algo que le concedieron en noviembre pasado. Hasta ese momento estuvo preso en el penal de Marcos Paz. Parece fuera de toda lógica que cuatro meses después se escape, señalaron fuentes de la investigación.
Según explicaron fuentes judiciales el lunes pasado Marín fue a un hospital del conurbano bonaerense a atenderse de un cuadro de hemorroides. Ese mismo día volvió a su casa, después de que le advirtieran que había violado la prisión domiciliaria. Expuso, según las fuentes, que había ido a una consulta con un médico por un sangrado. Al otro día hizo lo mismo. Se fue al hospital a atenderse por el mismo problema de salud, pero esta vez no regresó a su casa.
Una de las hipótesis es que Morenita decidió fugarse otra vez. Ante esta situación, el Tribunal Oral Federal Nº3 ordenó la captura nacional e internacional de Marín. También se solicitó a Interpol que inicie una búsqueda del supuesto prófugo.
En octubre de 2021, Marín fue condenado a ocho años de prisión como organizador de diversas maniobras de narcotráfico. Tenía su base logística en la localidad correntina de Itatí, puerta de entrada de la marihuana paraguaya y punto desde el cual era distribuida a, al menos, siete provincias argentinas.
El caso desató un escándalo en la provincia de Corrientes porque en el marco de la investigación, en marzo de 2017, fueron detenidos el intendente y el viceintendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán y Fabio Aquino, respectivamente. Esos funcionarios políticos, junto con policías correntinos que daban protección a la banda, recibieron sentencias en un expediente que se movió en forma paralela a esta causa.
Uno de esos episodios fue el contrabando de 387,5 kilogramos de marihuana detectado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) el 10 de septiembre de 2018 en la costa del río Paraná, sobre la localidad correntina de Paso de la Patria.
Además, Marín reconoció su participación en el traslado de otros 410,5 kilogramos de marihuana hallados en la ruta nacional 12, también en cercanías de Paso de la Patria, el 14 de septiembre de 2018, en un utilitario Fiat Doblo abandonado tras una persecución de la PNA; el vehículo tenía orden de secuestro por haber sido denunciado como robado.
Morenita Marín fue perseguido desde que se desató el escándalo en Itatí, en 2016, pero logró mantenerse prófugo hasta octubre de 2018, momento en que fue detenido por la Gendarmería. Ese narco que figuraba en la lista de los hombres más buscados en la Argentina no se había alejado demasiado de la zona en la que tenía consolidado un poder en las sombras. Fue capturado, finalmente, en Itatí cuando visitaba a su esposa e hijos.
Como parte de ambas maniobras de narcotráfico que sostuvieron el expediente contra la banda de Itatí también fueron condenados en juicio abreviado Jonathan Duarte; José David Botello Da Silva; Rubén Darío Princigalli; Sergio Augusto Botello Da Silva y Miguel Núñez a seis años de prisión, así como Elías Gómez y Arnaldo Ramón Alegre a cuatro años de prisión.
A su vez, Oscar Olmedo y Edilio Centurión fueron condenados a seis años de prisión, tras ser señalados en la investigación como los responsables de facilitar vehículos para realizar las maniobras de contrabando, así como de actuar como punteros, es decir, de verificar rutas para alertar sobre puestos de control de las fuerzas federales.
En la investigación intervino el fiscal federal de primera instancia Flavio Ferrini, en tanto que en la instancia de juicios el representante del Ministerio Público Fiscal fue Carlos Schaefer junto a Tamara Pourcel.
En forma paralela se avanzó con otros integrantes de la organización narco que dejó expuestos los vínculos con la política a escala municipal. En esa causa fue condenado en agosto pasado el exintendente de Itatí, Roger Terán, que acordó con la fiscalía una pena de tres años en un juicio abreviado. Otros diez sospechosos recibieron condenas en ese momento.
El acusado que recibió la sentencia mayor en este expediente que causó una fuerte conmoción política en Corrientes fue Carlos Bareiro, más conocido por su alias de Cachito, que fue condenado a la pena de 17 años de cárcel.
Bareiro fue encontrado culpable del delito de transporte de material estupefaciente en concurso real con los delitos de comercio de ese tipo de sustancias, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en calidad de autor, en concurso real con asociación ilícita, en carácter de jefe. El Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 18 años de prisión para el acusado.
La semana pasada, el fiscal general federal Juan Patricio García Elorrio y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Martín Uriona pidieron que el tercer gran narco de Itatí, Luis Alberto Saucedo, sea condenado a 9 años y 5 meses de prisión como “jefe de una asociación ilícita y uno de los jefes de la organización que lideraba junto a los ya condenados” Bareiro y Marín.
Los representantes del Ministerio Público también solicitaron penas para otros integrantes de la organización que funcionó entre 2014 y 2017 y a la que le incautaron más de 20 toneladas de Cannabis sativa: 7 años y 3 meses de prisión para Cirilo Amado Saucedo y 6 años y 10 meses de prisión para Hugo Horacio Ayala.
Por Germán de los Santos y Gabriel Di Nicola-La Nación