Pregunta incómoda para cualquier manual de relaciones internacionales: ¿quién decide que un gobierno es una dictadura? No lo decide un tribunal ni una comisión técnica. Lo decide un diccionario flexible, que se reescribe según las necesidades de quien tiene la fuerza. En la guerra híbrida, la etiqueta de «democracia» o «dictadura» es un arma. Se fabrica con el aparato que ya describimos, con cuentas falsas, tendencias infladas y relatos repetidos hasta volverse sentido común, y opera con una lógica de dos velocidades: sanciones, lawfare y condena mediática para quien desobedece, e impunidad total para quien resulta funcional a los intereses económicos de las corporaciones. No hay una doctrina de derechos humanos. Hay una lista de precios.
El caso testigo del «dictador malo» es Nicolás Maduro. El 3 de enero de 2026 fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y lo capturaron junto con su esposa, Cilia Flores. Eso no fue un procedimiento judicial: fue una operación militar contra un Estado soberano, sin autorización del Consejo de Seguridad y sin invocar legítima defensa. Amnistía Internacional la calificó en su informe anual de «acto de agresión». Un secuestro estatal con papeles posteriores.
Maduro y Flores se declararon inocentes el 5 de enero, dos días después de la captura, y él dejó la sala diciendo que era «un prisionero de guerra». La causa en Nueva York avanza con paso lento. El juez Alvin Hellerstein fijó el juicio para el 1 de junio de 2027, y la defensa, encabezada por Barry Pollack, presentó mociones de desestimación por inmunidad de jefe de Estado y falta de jurisdicción, que se discutirán en una audiencia el 17 de noviembre. La Fiscalía responde que Venezuela nunca solicitó formalmente esa inmunidad. Antes, la defensa había alegado que las sanciones del Tesoro le impiden pagar abogados, y el propio Hellerstein mostró escepticismo ante el bloqueo de fondos y afirmó que Maduro «ya no es una amenaza para la seguridad nacional». La fragilidad del caso no está en el expediente sino en el origen. La doctrina de los tribunales estadounidenses, desde el caso Noriega, sostiene que cómo llegó el acusado al estrado no es asunto del tribunal. El derecho internacional prohíbe lo que el derecho interno de la potencia se niega a mirar.
¿Qué cambió realmente en Venezuela? Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, juró como presidenta encargada el 5 de enero ante la misma Asamblea Nacional chavista. Diosdado Cabello, que figura en la acusación estadounidense, sigue en el gobierno. No hay fecha de elecciones, y Trump dijo que primero vendrán los avances económicos. Sí hubo, en cambio, una reforma de la ley de hidrocarburos el 29 de enero que rompió el control exclusivo de PDVSA y abrió el crudo al capital extranjero, y en abril una nueva ley de minas. Trump elogió a Rodríguez diciendo que hace «un gran trabajo». La amnistía liberó a cerca de mil presos políticos, pero Foro Penal contaba 409 todavía en mayo. Cambió el administrador, no el régimen. Lo que se buscaba era el recurso, no la democracia.
Ahora el contrapunto. Benjamin Netanyahu tiene desde el 21 de noviembre de 2024 una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, vigente después de que los jueces rechazaran en 2025 el pedido de Israel de anularla. La Comisión de Investigación de la ONU concluyó en septiembre de 2025 que Israel cometió genocidio en Gaza, y lo reiteró en un informe de junio de 2026. El caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sigue abierto, sin sentencia sobre el fondo. Según el Ministerio de Salud de Gaza, murieron más de 73.000 personas. Fue transmitido en directo durante dos años. Amnistía contabiliza más de 1.300 muertos desde el alto el fuego de octubre de 2025.
Y Netanyahu tiene tribuna. El 24 de septiembre habló ante la Asamblea General de la ONU, mientras decenas de delegaciones se retiraban de la sala. Los llamó «cobardes morales» y calificó la acusación de genocidio como «la mayor mentira del siglo». En ese discurso describió lo que haría un misil de una tonelada sobre el salón y dijo que dos aniquilarían a la ONU, en un pasaje donde pedía imaginar mil misiles sobre las ciudades de los delegados. Mientras tanto, un diplomático israelí recorría la sala anotando quién se había ido, y después Israel contabilizó 77 ausentes. Estados Unidos mantuvo a su delegación en sus asientos y, por segundo año consecutivo, negó visas a los delegados palestinos. Washington sancionó a funcionarios de la propia Corte Penal Internacional y a la relatora especial de la ONU Francesca Albanese. Con Maduro usa sus tribunales. Con Netanyahu castiga a los tribunales que lo investigan.
El patrón se repite. Los Emiratos Árabes Unidos operan un sistema de patrocinio, la kafala, que ata la situación legal de millones de trabajadores migrantes a sus empleadores y los expone a abusos, retención de pasaportes y trabajo forzado. En 2024 condenaron en un juicio colectivo, el de los «84», a dirigentes, abogados y académicos; Amnistía registra cadena perpetua para 67 de ellos. Participaron en la coalición militar en Yemen. Una investigación de Amnistía concluyó que reexportaron a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán armas chinas en violación del embargo de la ONU, y en septiembre una misión de la ONU informó de una red que incluye a personas y entidades emiratíes que las abastecía mientras esas fuerzas cometían masacres en El Fasher. Son un socio. Irán, que reprime y ejecuta, y cuya dictadura no necesita defensores, recibió en cambio la guerra: el 28 de febrero de 2026 Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto que mató al líder supremo, Alí Jamenei, y a gran parte de la cúpula, después de que en junio de 2025 Israel hubiera matado a mandos de la Guardia Revolucionaria y a científicos nucleares mientras se negociaba. Misma vara, invertida según a quién le vendas petróleo y a quién le compres armas.
El caso más brutal es el menos conocido: Annobón, una isla de 17 kilómetros cuadrados en el golfo de Guinea, gobernada por Teodoro Obiang desde el golpe de 1979. Los annoboneses denuncian que el régimen la usa como vertedero de residuos tóxicos y como cantera, y que dinamita casas para llegar a minerales. En julio de 2024, cuando protestaron por las explosiones vinculadas a operaciones mineras, fueron detenidos en masa. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que 37 annoboneses fueron privados ilegítimamente de su libertad, y Amnistía incorporó el caso a su informe anual. Los traslados a las cárceles de Malabo, el aislamiento de las comunicaciones, la militarización y los asentamientos de población continental en la isla configuran, según el pueblo annobonés, un genocidio estructural, que ya llevó ante la Organización de Naciones y Pueblos No Representados en agosto. Obiang respondió con una querella contra su dirigente Orlando Cartagena Lagar. El Parlamento Europeo condenó a su régimen por otros crímenes, pero no hay sanciones conocidas de Washington ni de Bruselas por lo que ocurre en Annobón. Exxon extrajo petróleo del país durante casi tres décadas. Si Obiang fuera un «dictador malo», Annobón sería tapa de todos los diarios. Como es bueno, no existe.
No hay dictadores buenos y malos. Hay empleados del mes y empleados despedidos. La calificación de «democracia» no depende de cuántos matás, sino de a quién le vendés lo que robás.
Por Ignacio Stankewitsch