La situación de la discapacidad en Misiones atraviesa uno de sus momentos más críticos. Instituciones, profesionales y familias sostienen el sistema como pueden, mientras el Estado provincial mira para otro lado y se limita a responsabilizar exclusivamente al Gobierno nacional.
Claro que existen atrasos nacionales y problemas estructurales en el financiamiento de las prestaciones. Sería absurdo negarlo. Pero también es cierto que en Misiones hay decisiones políticas propias que agravan aún más la crisis y ponen en riesgo la continuidad de la atención de miles de personas.
El caso más evidente es el del IPS.
Mientras el Gobierno provincial cuestiona públicamente a Nación, el Instituto de Previsión Social paga apenas alrededor del 50% del nomenclador nacional de discapacidad y mantiene valores completamente desfasados de la realidad económica.
Y acá aparece un dato clave: el nomenclador nacional comenzó a actualizarse mensualmente desde febrero de 2026, tomando como referencia el IPC. Es decir, aun con dificultades y demoras, existe un mecanismo de actualización automática para evitar que la inflación destruya completamente el sistema.
En Misiones no ocurre eso.
El IPS continúa pagando valores muy por debajo de los nacionales y sin un esquema serio de actualización que permita sostener prestaciones básicas. La última fue en Octubre del año 2025 y el resultado es previsible: instituciones endeudadas, profesionales que abandonan el sistema y familias que viven con incertidumbre permanente.
Los números son alarmantes. Prestaciones esenciales como Kinesiología, psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología o estimulación temprana tienen reintegros insuficientes frente al costo real de funcionamiento. Un acompañante terapéutico domiciliario cobra valores que muchas veces no alcanzan ni para cubrir traslado, tiempo y capacitación. Y las instituciones deben seguir afrontando alquileres, salarios, servicios y mantenimiento en una economía inflacionaria.
A eso se suma otro problema grave: la falta de diálogo. Las instituciones vienen reclamando audiencias urgentes, presentando notas y advirtiendo sobre una situación límite. Sin embargo, las respuestas no llegan. La nota elevada por la Comisión de Instituciones Categorizadas de Misiones es contundente: hablan de emergencia crítica, riesgo de cierre y más de 1.500 familias afectadas. No es un reclamo sectorial más. Es un llamado desesperado para evitar el colapso de un sistema esencial.
Y como si todo esto fuera poco, la Provincia sigue cobrando impuesto de sellos por cada convenio que las instituciones firman para poder funcionar. Sí, el propio Estado provincial recauda sobre organizaciones que están tratando de sostener prestaciones para personas con discapacidad.
También existen demoras excesivas en reintegros y pagos, generando una cadena de endeudamiento que golpea directamente a profesionales, acompañantes terapéuticos, transportistas y centros especializados.
Detrás de cada prestación hay una persona. Detrás de cada demora hay una familia angustiada. Y detrás de cada institución que está al borde del cierre hay profesionales que hace años sostienen, muchas veces en silencio, una tarea profundamente humana.
La discapacidad no puede esperar más.