Para el Poder Ejecutivo, la norma busca otorgar mayor libertad a las partes y, a su vez, bajar los costos de la disolución conyugal. Qué implica
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca implementar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa.
La norma incorpora esta prerrogativa a las actuales causales de disolución establecidas en el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En ese sentido se propone un divorcio simplificado “con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”.
El texto precisa que “se debe tener presente que los divorcios judiciales cuestan tiempo y dinero. Un divorcio por vía judicial conlleva sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica per se. Asimismo, el tiempo que insume un juicio de divorcio implica un período de tiempo en el que las partes no pueden disponer de algunos de sus bienes con libertad. Además del tiempo y dinero perdido para las partes, los divorcios judiciales generan un incremento del número de causas en el sistema judicial. Procesos que podrían realizarse por medio de una vía administrativa, inundan los tribunales. Esto genera lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes”.
Por otra parte, el proyecto otorga mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida. Señala el texto en sus fundamentos que el matrimonio se contrae para “emprender un proyecto de vida en común. Las personas realizan libremente este acto jurídico con un simple acuerdo de voluntades ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, más los testigos que la ley prescribe, por lo que, de la misma manera, ese proyecto de vida en común puede terminar de mutuo acuerdo en pos de buscar nuevos proyectos de vida”.
Finalmente, el proyecto establece como objetivo la necesidad de introducir mejoras indispensables conducentes a la facilitación de los trámites de divorcio, con el fin de ampliar y agilizar los procedimientos tendientes a la disolución del vínculo conyugal, de promover la celeridad en ellos así como el ahorro en los costos y, por otro lado, el alivio de la carga sobre el sistema judicial, la aprobación del proyecto de ley adjunto permitiría la implementación de otra opción para la exteriorización de la finalización del vínculo matrimonial de una manera más simple y accesible para, de ese modo, dar respuesta a necesidades históricas de la presente época.
Ley Hojarasca: el Gobierno quiere eliminar 70 leyes
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dio nuevos detalles sobre la Ley Hojarasca que el presidente Javier Milei envió al Congreso el viernes pasado, con el objetivo de eliminar cerca 70 leyes que calificaron como “obsoletas”.
El nuevo proyecto busca eliminar normas “que restringen nuestras libertades” y el Gobierno enumeró una serie de argumentos detrás de esta decisión que efleja el rumbo que quiere tomar en el plano de normativo.
En ese sentido, el presidente Javier Milei, detalló que se trata de leyes que:
–Limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.
-Eliminan trámites inútiles y sin sentido.
-Que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores.
-Que son obsoletas por los cambios tecnológicos.
-Que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir.
-Que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos.
Sturzenegger retomó el tema la ley Hojarasca amplió la información brindando detalles sobre las normas a derogar.
Una de ellas es la 18.832 de 1969, que fue promulgada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y “creó un fondo para controlar la producción de papel de diarios y condicionar a la prensa escrita”.
También proponen eliminar una ley del gobierno de Juan Domingo Perón, la 14.034, que impone penas para los argentinos que “por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino”.
El Gobierno buscará eliminar la norma 20.120, sancionada en el gobierno de Alejandro Lanusse que “habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos” y otra en el mismo sentido, la 19.787 de 1972, que “restringe la libre elección de temas musicales en la programación de las radios”.
Otras normativas que el Gobierno eliminará de plano en el marco de este nuevo proyecto fueron sancionadas durante el mandato de María Estela Martínez de Perón.
Una de ellas es la ley 20.802 que “impide la libre circulación por el país”. La otra es la 20.959 que “deroga el permiso de libre estacionamiento para legisladores en todo el país” y la ley 20.983 que “obliga a ciertas industrias a difundir temas de interés del Estado en forma compulsiva”.
Además, se van a eliminar dos leyes del gobierno de facto de Reynaldo Bignone: la ley 22.875 que “permite al Estado exigirle a empresas privadas la relocalización de sus actividades productivas” y la norma 22.964 de 1983, que “habilita el confinamiento forzoso de enfermos de lepra”.
Por IProfesional