El expresidente estadounidense Donald Trump tiene por delante un 2024 plagado de procesos judiciales. También una larga campaña electoral en busca de la nominación republicana en su renovada carrera por la Casa Blanca. Convertirse en el primer exmandatario en la historia del país en ser acusado penalmente no ha alejado al magnate de capitalizar la polarización social y sacar réditos políticos y económicos de ello. Ad portas del inicio de un año clave, un debate jurídico busca responder una cuestión esencial: ¿puede Trump ser inhabilitado?
La cuenta regresiva ha empezado: 2024 pondrá a Estados Unidos frente a un complejo panorama político, social y judicial. El protagonista de la afrenta es Donald J. Trump, el expresidente que busca ocupar nuevamente el Despacho Oval.
Trump anunció en noviembre de 2022 su intención de presentarse a las elecciones del 5 de noviembre del próximo año. Desde entonces, la maquinaria judicial también empezó a correr. En marzo, se convirtió en el primer exmandatario de la historia estadounidense en ser acusado penalmente y a lo largo del 2023 ha sumado 91 cargos y cuatro imputaciones penales, dos de ellas a escala federal. Una condena civil por abuso sexual y difamación a la escritora y periodista E. Jean Carroll. Y ha sido hallado culpable de fraude económico en el marco de su emporio empresarial.
Pese a todo, Trump no solo aplasta a sus rivales republicanos en la carrera por la nominación interna del partido, sino que también saca una ligera ventaja al presidente Joe Biden en una eventual reedición del duelo que le dio la Presidencia al demócrata en 2020.
Aludiendo a una “caza de brujas” y una “persecución política”, el magnate ha hecho de su pulso a la Justicia la columna vertebral de su campaña. Y a tenor de las encuestas, la estrategia le está funcionando.
La ecuación es sencilla: imputación + comparecencia en los juzgados + mítin para su base enarbolando el relato de la conspiración política en su contra desde la Casa Blanca y el Departamento de Justicia + donaciones millonarias de sus seguidores + alimentar la polarización = posicionarse como favorito en los sondeos.
A las puertas de que inicien los juicios que podrían empañar su hipotético regreso al poder, Trump busca ahora ganar tiempo.
A la fecha, su defensa ha logrado que la magistrada que lo juzgará por su presunta implicación en el intento de revertir los resultados electorales a escala federal en 2020 paralice la instrucción del caso hasta que se resuelva una cuestión elemental: ¿es Trump inmune o puede ser inhabilitado por insurrección por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021?
El fiscal especial Jack Smith, que acusó al expresidente por tales hechos, se pronunció previamente y, en un giro poco habitual, hizo un llamado a la Corte Suprema (de mayoría conservadora) para que se pronuncie sobre esto a la mayor brevedad.
Más allá del debate está el relato. Por el momento, nada impide a Trump presentarse a los comicios presidenciales estando encausado por la vía penal. Tampoco una eventual condena. Ni siquiera la cárcel sería un obstáculo ni para sus aspiraciones políticas ni para gobernar, en tal caso.
En un escenario tan improbable como espectacular, si el exmandatario fuera condenado por cada uno de los 91 cargos que pesan sobre él, la pena de prisión alcanzaría los 717 años y medio.
Aquí los casos judiciales que enfrenta el magnate republicano:
‘Stormy Daniels’
Es el nombre artístico de la actriz porno a la que Donald Trump presuntamente sobornó en octubre de 2016, en medio de la campaña electoral contra Hillary Clinton, para ocultar una relación extramatrimonial diez años antes, cuando la esposa del empresario, Melania, se recuperaba del parto del hijo que tienen en común.
Con su nombre se popularizó la causa con la que el expresidente hizo historia al convertirse en el primer jefe de Estado estadounidense, en activo o retirado, en enfrentar cargos penales. Concretamente 34, cada uno de ellos castigado con cuatro años de cárcel.
Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, acusó. Y un gran jurado votó a favor de imputar a Trump por el escándalo. El entonces candidato a la Presidencia habría ocultado el pago de 130.000 dólares a ‘Stormy Daniels’ a través de su abogado Michael Cohen para que esta guardara silencio.
Aunque no han trascendido todos los detalles de la acusación, el magnate habría cometido un delito penal de falsificación de registros comerciales si hubiere desviado dinero de su campaña de 2016 para hacer esa transferencia a la actriz.
El juicio empezará, según lo establecido por la corte de Manhattan, el 25 de marzo de 2024. Los expertos coinciden en que es poco probable que este proceso perjudique al expresidente.
Los documentos de Mar-a-Lago
Mar-a-Lago es el club de Palm Beach, en Florida, donde fueron halladas decenas de cajas con documentación clasificada que el exmandatario estadounidense se habría llevado ilegalmente tras abandonar la Casa Blanca en enero de 2021.
El 9 de junio, el fiscal especial Jack Smith, designado por el fiscal general de la nación Merrick Garland, acusó a Trump -y a dos persoans de su círculo de confianza- de 37 cargos federales, entre los que están la “conspiración”, la “obstrucción a la Justicia” o la “violación de la Ley de Espionaje”. El gran jurado de la corte de Miami falló a favor de imputarlo.
Un mes y medio más tarde, se sumaron a la lista otros tres cargos federales, entre los que están la “retención deliberada de información de defensa nacional”. En total, 40 cargos que suman 450 años de prisión.
Previamente, agentes del FBI entraron en la residencia del magnate, donde encontraron e incautaron más de 11.000 documentos, cerca de un centenar de ellos marcados como ‘Top Secret’ y ‘Top Top Secret’. Afirma el acta de imputación que Mar-a-Lago “no era un lugar autorizado para el almacenamiento, la posesión, la muestra o la discusión de documentos clasificados”.
Tras la acusación, la cadena estadounidense ‘CNN’ obtuvo en exclusiva un fragmento de audio en el que se escucha a Trump en su mansión de Bedminster, en Nueva Jersey, comentar con personas cercanas acerca de un documento secreto que parece tener en las manos y que habla directamente de un plan para atacar a Irán.
El juicio por el caso de los documentos clasificados debería iniciar el próximo 20 de mayo, aunque la defensa del expresidente ya solicitó que el proceso se retrase hasta pasadas las elecciones de noviembre de 2024.
Asalto al Capitolio
La toma de los edificios del Congreso de Estados Unidos por parte de seguidores de extrema derecha de Trump el pasado 6 de enero de 2021 fue la fase final de un proceso que se gestó durante las elecciones de noviembre de 2020.
Un caso en el que el expresidente enfrenta cuatro cargos penales federales por intentar revertir los resultados de aquellos comicios con el objetivo de aferrarse al poder a sabiendas de que había perdido contra Joe Biden.
Jack Smith, también al frente de esta causa, avalado por un gran jurado en Washington D. C. acusó al magnate republicano de “conspiración para defraudar a Estados Unidos”; “conspiración para obstruir un proceso oficial”; “obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial”; y “conspiración contra los derechos de los estadounidenses”. En total los delitos suman 55 años de prisión.
Reza el escrito de acusación que las afirmaciones reiteradas de que Trump había ganado las elecciones eran “falsas, y el acusado sabía que eran falsas. Pero el acusado las repitió y las difundió ampliamente de todos modos para hacer que sus afirmaciones conscientemente falsas parecieran legítimas, para crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y para erosionar la fe pública en la administración electoral”.
Este es el caso judicial que ha abierto un agrio debate jurídico en el país. Por un lado, la defensa alega que Trump es inmune y no debe ser juzgado a escala federal por estos delitos ya que estaba en el ejercicio de sus funciones presidenciales y además ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Esto ha llevado a que Smith eleve al Alto Tribunal federal el interrogante de si efectivamente el exmandatario tiene o no esa inmunidad.
Por otro lado, se debate a escala estatal, por el momento, si Trump puede ser inhabilitado por presunta insurrección en el marco del asalto al Capitolio, pese a no ser acusado de ello formalmente. Un extremo que le podría dejar fuera de las papeletas de las primarias republicanas.
A la espera de que la justicia dirima estos aspectos esenciales sobre el futuro de este procedimiento judicial en concreto, la fecha prevista para que dé inicio el juicio es el 4 de marzo de 2024, un día antes del conocido como ‘Supermartes’, un día clave para la nominación del futuro candidato republicano.
Georgia
El expresidente también está acusado, junto a 18 aliados, de interferir en los resultados electorales de 2020 en el estado sureño de Georgia.
La fiscal del condado de Fulton, Fani T. Willis, apunta a que Trump lideró una “empresa mafiosa” para revertir la voluntad del electorado en las urnas. El gran jurado estatal dio luz verde a la imputación de 13 cargos que suman 76 años y medio de cárcel.
Entre ellos, está la violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO), que persigue al crimen organizado y la mafia.
Willis sostiene que Trump y los demás imputados formaron parte de “una empresa de crimen organizado para anular el resultado de las elecciones presidenciales en Georgia” mediante la manipulación de testigos, las declaraciones falsas, la suplantación de funcionarios y la presentación de documentación falsa.
Entre las pruebas está una llamada -publicada por ‘The Washington Post’- entre el expresidente y el secretario de estado estatal de Georgia, Brad Raffensperger, en la que se escucha a Trump decirle que necesita “encontrar 11.780 votos” para imponerse ante Biden allí.
El juicio está previsto que comience el 5 de agosto del año entrante, tres meses exactos antes de las elecciones.
Debate legal: la Enmienda 14
Al margen de los procesos judiciales en marcha, Trump continúa su travesía hacia la nominación republicana que le catapultaría a una reedición del cara a cara contra Biden. Las imputaciones no son un obstáculo para ello. Tampoco una eventual condena o condenas. Ni siquiera un futuro entre rejas.
Para presentarse a las elecciones, la Carta Magna estadounidense solo habla de tres condiciones explícitas: haber nacido allí, haber vivido un mínimo de 14 años en territorio nacional y tener al menos 35 años. Trump cumple todos los requisitos.
No obstante, tras la acusación federal por su intento de revertir los resultados de 2020 y el posterior asalto al Capitolio, hay un debate sobre la mesa entre los juristas estadounidenses acerca de Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución, que dice:
El interrogante es dilucidar si el magnate republicano, entonces presidente, formó parte de una insurrección de la que se derivó el asalto violento a las instituciones del Poder Legislativo en enero de 2021. Trump no está acusado formalmente de ello, pero cabe a los secretarios de estado de 50 estados -y en instancias superiores a las Cortes Supremas estatales y la federal- decidir si hubo una vulneración de esta parte de la Enmienda 14 y, por ende, no puede aparecer su nombre en las papeletas de las primarias así como en la presidencial.
El futuro cercano de Donald Trump pasa así por un fragmento constitucional creado tras la guerra civil estadounidense que tenía por objeto impedir que los insurrectos ocuparan puestos de poder en el Gobierno. Una sección centenaria y apenas utilizada.
“Primero hay que decidir si los acontecimientos del 6 de enero fueron una insurrección o no, y eso no es evidente. No es evidente que Donald Trump jugara un papel directo en el asalto al Capitolio. Segundo, está la cuestión de si la Presidencia es un cargo oficial delimitado por la Enmienda 14. Son cosas abiertas legalmente a las que nunca nos hemos enfrentado”, afirma a France 24 Samuel Issacharoff, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Nueva York.
Por el momento, fallos judiciales en los estados de Michigan, Minnesota o Colorado han desestimado la idea de que Trump no se pueda presentar a las elecciones.
“Es muy difícil ver cómo a Donald Trump se le va a prohibir ser presidente. Si se le prohíbe presentarse en California, por ejemplo, ¿quién va a obstaculizar que Texas decida que también Joe Biden es culpable de insurrección por la manera de ejercer su oficio?”, se pregunta Issacharoff acerca de la ambigüedad que presenta el debate.
Así las cosas, el escenario más previsible es que la discusión legal se traslade a la Corte Suprema federal. “Es muy desestabilizador para una democracia tener un argumento legal imprevisto, nunca antes utilizado, que sea decisivo en una elección democrática. Sobre todo cuando se usa en contra de un candidato que en la última elección tuvo 75 millones de votos”, señala el profesor.
¿Qué salidas tiene Trump?
En paralelo a las discusiones jurídicas y el panorama penal, Trump ha conseguido reiteradamente cambiar el foco de sus presuntos actos delictivos alentando el fantasma de la “persecución política”.
Sin presentarse a ninguno de los tres debates electorales republicanos, continúa sacando una media de 60 puntos a su principal contendiente, el gobernador de Florida Ron DeSantis. Llena mítines en los que alardea estar en el punto de mira del Departamento de Justicia con la connivencia del “corrupto Joe Biden”, a quien promete perseguir si gana las elecciones.
Tras cada imputación, ha logrado hacer crecer su recaudación con microdonaciones de miles de donantes. Con su primera imputación, logró 13 millones y medio de dólares para su campaña. Con la última, dos millones provenientes de aportaciones de no más de 50 dólares. Trump hace campaña con su foto policial, con la que vende merchandising para financiar su carrera a la Casa Blanca y “hacer Estados Unidos grande otra vez”.
Trump, un entramado judicial en medio de la carrera por la Casa Blanca en 2024
“Asumimos que esta era una democracia estable y que una votación determina quién va a ganar y quién va a perder. Pero Trump cambió todo eso”, afirma Samuel Issacharoff sobre la trascendencia social de la figura del magnate republicano en el debate democrático estadounidense.
2024 es un año crucial para Estados Unidos y, por ende para el resto de la humanidad. Donald Trump puede seguir ganando tiempo y lastrar el inicio de las causas en su contra. En paralelo, puede acabar ganando las elecciones y de vuelta en la Casa Blanca, o incluso absuelto.
“(Si gana)… en ese caso, una vez sea elegido presidente y asuma en enero de 2025, simplemente terminará con todos los procesos legales y ahí acaba todo”, apuesta Issacharof sobre el hombre que ‘The Economist’ describe como “el principal peligro” del año dentro y fuera de las fronteras estadounidenses.
Por Marta Moya Domínguez y Rosa Pérez Masdeu-France24