En los últimos dos años, la situación de inseguridad en Ecuador solo ha ido a peor. Masacres en las cárceles, asesinatos en las calles e incluso magnicidios han ocupado las portadas de los medios nacionales. Sucesos que han hecho que muchos se pregunten: ¿por qué Ecuador ha pasado de ser un país tranquilo y relativamente pacífico a ser la nueva cuna del narcotráfico en América del Sur?
Eran las 2:00 de la madrugada del 31 de octubre de 2022. Por eso, algunos de los testigos pensaron que se trataba de una broma de Halloween. En la localidad ecuatoriana de Esmeraldas —cerca de la frontera con Colombia—, los conductores tuvieron que esquivar dos cadáveres decapitados colgados de un puente.
Y no era una broma, era un mensaje que el narco dejó muy claro en la mente de los habitantes de la región: el destino de quienes no acataran sus normas sería el mismo de quienes colgaban de la vía. Una situación “impensable” en Ecuador hace apenas unos años, según los expertos.
Un día después, 13 atentados perpetrados por bandas de narcos se cobraron la vida de al menos cinco policías y dejaron dos heridos en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Crímenes que obligaron a Lasso a salir a la palestra y anunciar medidas al respecto ese mismo 1 de noviembre.
“Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, y el toque de queda a partir de las 09:00 de la noche en ambas regiones hasta las 5:00 de la madrugada durante al menos 45 días”, dijo Lasso en una comparecencia a través de la radio y la televisión nacionales.
Los ataques con bombas contra los centros policiales y las balaceras habían sido una venganza. Una respuesta a los traslados de los miembros de las bandas de la cárcel de Guayaquil no.1 y, por tanto, a la pérdida de sus contactos y privilegios dentro de la prisión.
“Fue una demostración mayor del poder de estos grupos ilegales en Ecuador para orquestar ataques de este nivel. También fue el punto de inflexión en el que la violencia que se estaba viviendo en las cárceles saltó a las calles ecuatorianas”, cuenta Glaeldys González, investigadora del Programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, a la cadena ‘BBC’.
Esta semana se registraron ataques con granadas y dos coches bomba explotaron en Quito, uno frente a la autoridad estatal a cargo de las prisiones y el otro frente a un edificio que antes había albergado una sede del organismo. Los ataques fueron interpretados como una respuesta de grupos armados al traslado de presos para evitar represalias entre grupos armados en las prisiones.
Y es que el país viene de una mala racha con la violencia. El 23 de febrero de 2021 un enfrentamiento entre bandas —para disputarse el vacío de poder tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, líder de la banda Los Choneros— dentro de cuatro centros penitenciarios, se saldó con al menos 79 muertos. Desde ese año hasta el día de hoy, más de 460 presos han sido asesinados entre rejas.
“¡Me van a matar, sácame de aquí! Diles que me cambien de pabellón!”, fue uno de los mensajes de un recluso a su pareja a las afueras de la penitenciaría de Guayaquil.
Llantos, gritos de desesperación, desmayos a causa del shock por ver a sus familiares muertos y amontonados en el suelo de la cárcel. Presos gritando desde la azotea de la Penitenciaría N. 1 de Guayaquil para que los sacaran de allá. Un suceso que evidenció dos cosas en Ecuador: que el Gobierno no tenía el control de las cárceles y que los niveles de violencia en el país estaban por encima de lo que muchos creían.
Para la mayoría de los ecuatorianos, acostumbrados a vivir en un país relativamente tranquilo y pacífico comparado con sus vecinos –Colombia y Perú–, el cambio fue impactante. Con una de las tasas de criminalidad más bajas de la región durante años, actualmente Ecuador tiene la cuarta tasa de homicidios más alta de Sudamérica –de 25,9 por cada 100.000 habitantes, según la organización Insight Crime–. El 2022 fue el año más violento de la historia de la nación andina.
Una realidad muy lejana a la estabilidad y la bonanza económica que vivieron los ecuatorianos entre 2005 y 2015 durante el mandato del expresidente Rafael Correa. Ahora, las encuestas muestran que la inseguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos por delante de cualquier otra, incluso de la situación económica del país.
Pero el mayor punto de inflexión para Ecuador, según los politólogos, llegó el 9 de agosto con los 12 balazos que acabaron con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio a la salida de un mitin en Quito.
El candidato liberal y afín al Gobierno había denunciado públicamente amenazas de muerte provenientes de alias ‘Fito’, líder de Los Choneros. El homicidio consternó al país, redibujó la recta final de la campaña para la primera vuelta presidencial e hizo que el mundo dirigiera su atención a los nuevos dolores de Ecuador, unos que se han ido gestando en los últimos años no tan silenciosamente.
Este hecho representó “una pérdida total de control para el Gobierno y para los ciudadanos también”, sostiene Ingrid Ríos, politóloga de la ciudad de Guayaquil, ante el periódico ‘The New York Times’.
El asesinato de Villavicencio demostró que el crimen organizado había salido de las cárceles y llegado hasta los civiles, pero también hasta la cúpula política del país. El homicidio del candidato demostró que la violencia puede amenazar a cualquiera dentro del país.
“Ecuador se pregunta lo que otros, como Colombia, nos hemos preguntado antes: ¿en qué momento se jodió nuestro país?”, apunta el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez en una columna de opinión en periódico ‘El País’, en la que compara el asesinato de Villavicencio con el de Luis Carlos Galán, candidato presidencial baleado en público el 18 de agosto de 1989.
Ahora, son muchos los que se hacen la misma pregunta: “¿Qué está pasando en Ecuador?”. Desde fuera —en la comunidad internacional—, nadie parece entender lo que le pasa a este país que en el pasado no encabezaba titulares debido a la violencia. Desde dentro, todos los indicios conducen hacia la misma respuesta: el narcotráfico.
¿Por qué Ecuador?
Ecuador está ubicado entre los mayores productores de cocaína del mundo: Colombia y Perú. Por eso, la nación sudamericana siempre ha sido un país de paso o puerto de salida de la droga. Pero nunca había estado involucrado en el proceso de producción, refinamiento, almacenamiento y distribución. Hasta hace una década.
Los acontecimientos relacionados con los motines fueron síntoma y no la causa de la inseguridad en el país. Antes de que la situación en las prisiones se deteriorara, el narcotráfico ya tenía un largo recorrido en Ecuador.
Para Will Freeman, investigador del centro de pensamiento Consejo de Relaciones Exteriores, la situación de Ecuador está estrechamente relacionada con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia. El motivo: las FARC controlaban muchos puertos de salida de droga en el Pacífico ecuatoriano. Y cuando desaparecieron de la escena, muchos se interesaron por ocupar su lugar.
“Los grupos ecuatorianos comenzaron a luchar para llenar el vacío. Al ver la oportunidad, grupos criminales extranjeros pronto siguieron su ejemplo”, sostiene Freeman en la publicación ‘World Politics Review’.
Eso, junto a otros factores como la inestabilidad política y la crisis económica del país —agravada por la pandemia—, han hecho del país andino un caldo de cultivo para nuevas pandillas.
Además, el producto que comercializan ilegalmente –la cocaína– tiene cada vez más demanda. Y, por eso, se produce cada vez más, tanto en Ecuador como en todos los países productores. Según un informe de Naciones Unidas, entre 2020 y 2021 la producción de cocaína se disparó en un 35%.
Con el paso de los años, nombres como Los Choneros, Los Tiguerones o Los Lobos suenan cada vez más debido a su creciente poder. Ellos controlan las drogas que se producen, entran y salen del país. También asesinan por encargo y son los beneficiarios del dinero que dejan estas actividades ilegales. Un dinero bañado en sangre.
Fuera y dentro de las cárceles: grupos criminales, corrupción e impunidad
El 12 de agosto, José Adolfo Macías Villamar –alias ‘Fito’– salía en ropa interior de la cárcel Regional de Guayaquil para ser trasladado a una prisión de máxima seguridad, La Roca, en el mismo complejo penitenciario. ‘Fito’ es el dirigente del mayor grupo criminal de Ecuador, Los Choneros.
Hasta ese día, su centro penitenciario se había librado de todas las requisas y redadas policiales. Pero el señalamiento de Villavicencio antes de morir, que aseguró que ‘Fito’ y Los Choneros lo habían amenazado directamente con matarlo, le empezó a pesar al líder del grupo ilegal.
“Dijeron que me iban a quebrar, pero no les tengo miedo”, aseguró Villavicencio días antes de ser asesinado.
Tras el magnicidio, ‘Fito’ se vio forzado a desprenderse de los privilegios con los que vivía: desde una televisión hasta una cama doble o una celda especial, más grande que la del resto de reos. Y también de todos los policías que lo protegían.
El 25 de julio, ‘Fito’ difundió un video en el que declaraba una tregua con todos los grupos criminales ecuatorianos enemigos –Los Lobos, Los Tiguerones, etc.– acompañado por miembros de su banda y por otra persona, que se presumió era un policía. Más tarde, el mismo Juan Zapata, ministro del Interior de Ecuador, confirmó que se trataba de un miembro de las fuerzas de seguridad ecuatorianas.
“Sí, es un policía. Pero no puedo dar su nombre porque no quiero adelantarme”, confirmó Zapata durante una entrevista.
La corrupción y connivencia entre los funcionarios del Estado y los grupos ilegales no es una sorpresa para los ciudadanos de Ecuador ya que, en los últimos años y meses, varias investigaciones periodísticas los han puesto en manifiesto.
“Las bandas funcionan como un estado paralelo al ecuatoriano que tiene muchos más recursos, personas, alcance, etc. (…) Si un juez captura a uno de estos criminales, a veces quedan libres porque los amenazan”, dijo Arianna Tanca, politóloga e investigadora, al medio ‘Newtral’.
Los Choneros es la principal banda criminal del país y una de las más antiguas. Fue fundada en la ciudad costera de Manta en 1998 e inicialmente se dedicaba al microtráfico, pero en el 2003 se quedó con el monopolio de la ruta del tráfico en la zona de Manabí y de los traslados de droga desde Colombia –en concreto del departamento de Nariño– hasta la zona costera del país. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), la banda cuenta con cerca de 12.000 miembros.
Otras bandas como la de Los Lobos, originaria de la región de Azuay, apareció en 2019 y se ha constituido como la segunda agrupación delictiva más numerosa del país, con más de 8.000 miembros, según InSight Crime. Tanto Los Lobos como otros grupos de menor tamaño como Los Tiguerones son rivales de Los Choneros.
Estos grupos no están solos. De hecho, sin una pieza clave no podrían haber ganado tanta fuerza en tan poco tiempo en el país: los carteles mexicanos y la mafia albanesa.
“Ya no nos enfrentamos a la delincuencia común, sino a los más grandes carteles de la droga del mundo”, sentenció el presidente Guillermo Lasso el 10 de agosto, un día después del asesinato de Villavicencio.
El mandatario se refería al cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación –rivales entre ellos–, que controlan y hacen negocios con Los Choneros y Los Lobos, respectivamente.
“Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que ya estaban en guerra abierta en México, reclutaron representantes locales en un esfuerzo por tomar ventaja en Ecuador. La mafia albanesa, que durante mucho tiempo había ayudado a las FARC a enviar su cocaína a Europa, también estableció su propia presencia en el país”, sostiene Freeman, investigador del centro de pensamiento Consejo de Relaciones Exteriores.
Según los expertos y las investigaciones policiales, los grandes carteles “subcontratan” a las pandillas nacionales por el almacenamiento y distribución de drogas en el país y, a cambio, les pagan con cocaína por sus servicios y les brindan protección, contactos y armas.
La política de drogas ecuatoriana, aprendiendo ‘por las malas’
“Deficiente”, así es como define la organización Insight Crime la política contra el narcotráfico en Ecuador. Acusa años de laxitud policial que ha hecho del país una tierra prometida cada vez más atractiva para la fabricación y distribución de drogas. Y señala la implementación de estados de excepción y el aumento de personal en las cárceles como medidas “insuficientes”.
También la impunidad que envuelve a la mayoría de los crímenes de estos grupos. En julio, Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional, fue asesinado a balazos en la provincia de Esmeraldas, al norte del país. Ese mismo mes, Agustín Intriago, alcalde de Manta, también fue asesinado mientras trabajaba.
“El crimen ha cooptado partes del Estado”, sostiene la organización.
Los jueces provinciales conceden hábeas corpus para liberar a sospechosos de casos de delincuencia organizada. De hecho, el mismo ‘Fito’ era candidato a uno de estos procesos de absolución temprana. Y es que, desde 2022, las amenazas y ataques a fiscales, jueces y oficiales de orden público han ido en aumento en el país. Y muchos tienen miedo a las represalias si no cooperan.
“Los ecuatorianos han perdido toda fe y confianza en las autoridades. Muchos están dispuestos a cualquier tipo de solución en este punto”, asegura Freeman. Otros analistas como Grace Jaramillo, investigadora de la universidad British Columbia, o Arianna Tanca, politóloga e investigadora, coinciden.
“En Guyaquil todos tenemos miedo. Tenemos miedo incluso de dejar a nuestros hijos en el colegio porque se han registrado ataques hasta en los colegios”, contó Tanca en un podcast sobre la situación del país con la ‘BBC’.
Un miedo que inclina a muchos ecuatorianos por opciones drásticas. “Muchos apuestan a una solución rápida, quizá autoritaria (…) Pero no se trata de conseguir un héroe que se siente en Carondelet. Este problema no se resuelve en un periodo de gobierno ni se soluciona por una persona”, dice Jaramillo, quien sostiene que lo realmente necesario es “hacer cambios estructurales que atajen problemas como la pobreza”.
Ahora, la pregunta es si el Gobierno de Ecuador es capaz de hacer esos cambios estructurales que necesita el país. Muchos, incluso dentro del propio Ejecutivo, ya temen lo peor.
“En diez años, este podría ser un Estado fallido”, dijo Juan Carlos Holguín, asesor del ministro de Relaciones Exteriores, a la publicación ‘World Politics Review’.
Unos años que podrían convertir al que una vez fue el oasis de tranquilidad de Sudamérica en el nuevo paraíso del narcotráfico transnacional.