Artículo 4 | Hielo y roca: las reservas ocultas del agua
Los glaciares y los acuíferos guardan casi toda el agua dulce utilizable del planeta. Son, a la vez, los recursos menos visibles y los más expuestos.
Si el agua de los ríos es la que se ve, el hielo y las napas son el agua de la cual no tenemos conciencia plena. Cerca del 70% del agua dulce del planeta está congelada en glaciares y casquetes polares; de la que permanece líquida, la inmensa mayoría yace bajo tierra, en acuíferos. Son el banco central del sistema hídrico: amortiguan sequías, alimentan ríos en la estación seca y sostienen a miles de millones de personas. Y, como toda riqueza acumulada, pueden ser vaciados más rápido de lo que se reponen.
El Himalaya y el Hindu Kush, a los que los glaciólogos llaman el «tercer polo», alimentan a los grandes ríos de Asia, entre ellos el Indo, el Ganges y el Brahmaputra, de los que dependen cerca de 2.000 millones de personas río abajo. Los glaciares, mientras tanto, se derriten: un estudio internacional publicado en 2025 estimó que el planeta perdió cerca del 5% de su masa glaciar entre 2000 y 2023, y Naciones Unidas declaró 2025 Año Internacional de la Preservación de los Glaciares. El hielo que se pierde no vuelve en la escala de tiempo de una vida humana.
En los Andes la situación es igual de crítica. En Perú, Bolivia y Ecuador los glaciares tropicales retroceden a ritmo acelerado; algunos, como el de Chacaltaya, en Bolivia, desaparecieron. Para las zonas áridas de la Argentina y de Chile, la nieve y el hielo de la cordillera son un tanque de reserva: los oasis de riego y las ciudades de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca existen porque el deshielo alimenta ríos en regiones donde casi no llueve. Más al sur, el Campo de Hielo Patagónico Sur, compartido con Chile, suele citarse entre las mayores reservas de agua dulce del planeta fuera de la Antártida y Groenlandia.
La Argentina decidió proteger ese capital con una ley pionera, aunque el camino no fue lineal. En 2008 el Congreso sancionó un primer proyecto de protección de glaciares que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó, en un momento de fuerte presión de las provincias mineras y de empresas como Barrick, cuyo proyecto binacional Pascua-Lama se asentaba sobre zonas con hielo. Tras un debate público intenso, el Congreso sancionó en 2010 la Ley 26.639 de presupuestos mínimos, que prohibía actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y en el ambiente periglacial que actúa como reserva de agua, y creó el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA. Ese inventario, completado en 2018, relevó más de 16.000 cuerpos de hielo y geoformas periglaciales que cubren unos 8.500 kilómetros cuadrados.
La ley nació de una experiencia concreta. La minería a gran escala en la cordillera consume enormes volúmenes de agua y maneja sustancias peligrosas. En septiembre de 2015, un derrame de solución con cianuro en la mina Veladero, de Barrick Gold en San Juan, afectó ríos de la cuenca del Jáchal, y hubo nuevos incidentes en 2016 y 2017; se abrió una causa judicial que alcanzó a directivos y exfuncionarios. Para los defensores de la ley, ese episodio mostró por qué la protección debía ser nacional y uniforme, y no depender de la discrecionalidad de cada provincia.
Dieciséis años después, esa arquitectura cambió. La Ley 27.804, sancionada por el Congreso el 8 de abril de 2026 —con 40 votos afirmativos y 31 negativos en el Senado en febrero, y 137 votos contra 111 en Diputados— y promulgada por el Gobierno de Javier Milei mediante el decreto 271/2026, modifica seis artículos de la ley de 2010. El cambio central: la protección deja de ser general y preventiva y pasa a estar condicionada a que el glaciar o la geoforma periglacial cumpla una función hídrica relevante, cuya verificación queda en manos de cada provincia, que además puede pedir retirar geoformas del Inventario. Las provincias deberán notificar al IANIGLA, pero la omisión del instituto no afectará la validez de las autorizaciones provinciales.
El Gobierno defiende la reforma como una aclaración de precisión científica: sostiene que se siguen protegiendo los glaciares y geoformas que cumplen funciones hídricas y que solo se habilita la explotación en terrenos que, a su juicio, estaban mal catalogados. Detrás de la discusión técnica hay una razón económica explícita: la modificación se promovió con vistas a proyectos que podrían ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en un plan económico de entrega de la Argentina que apuesta al cobre y al litio como motores de exportación.
Para organizaciones como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la reforma convierte una protección amplia y preventiva en una condicionada y revisable, y abre la puerta a que cada provincia fije criterios propios. Una campaña de esas organizaciones reunió alrededor de 850.000 firmas. La discusión judicial sigue abierta: un juzgado de Río Gallegos suspendió la ley en Santa Cruz el 24 de abril, a pedido de El Calafate, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó esa cautelar el 1 de junio; en La Pampa, el juez de Santa Rosa rechazó la suspensión aunque admitió el amparo como proceso colectivo, y el reclamo llegó a la Corte Suprema. Sobre la validez constitucional de fondo no hay todavía sentencia.
Bajo tierra, el panorama es más silencioso y más grave. Los acuíferos aportan alrededor de la mitad del agua potable del mundo y una parte importante del riego, y en varias regiones se extraen más rápido de lo que se recargan: el Ogallala de las Grandes Llanuras de Estados Unidos, el sistema Indo-Gangético, la llanura del norte de China. Las mediciones satelitales de la misión GRACE de la NASA mostraron pérdidas sostenidas en esas zonas. Hay además aguas fósiles, acumuladas hace milenios y casi sin recarga, como las del Sistema Acuífero de Arenisca Nubia, compartido por Egipto, Libia, Sudán y Chad, del que Libia extrae agua mediante el Gran Río Artificial. Un acuífero no tiene frontera visible, y por eso son pocos los tratados que lo regulan.
Sudamérica tiene en el Acuífero Guaraní una de las mayores reservas subterráneas de agua dulce del planeta, con más de un millón de kilómetros cuadrados repartidos entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Los cuatro países firmaron en 2010 un acuerdo para su gestión conjunta, pionero en América, que entró en vigor en 2020 y que reconoce el dominio soberano de cada Estado sobre la porción que le corresponde y el deber de no causar daño a los demás. Es una buena noticia con una condición: la eficacia de un acuerdo así depende de datos, monitoreo y voluntad política sostenidos en el tiempo.
En territorio argentino, las aguas subterráneas son vida y problema a la vez. Millones de habitantes de la llanura chaco-pampeana consumen agua con arsénico de origen natural, causa del hidroarsenicismo crónico regional endémico, que provoca lesiones en la piel y mayor riesgo de cáncer. La expansión de Vaca Muerta demanda grandes volúmenes de agua para la fractura hidráulica, tomada de ríos como el Neuquén y el Limay, en una región ya presionada por el riego frutícola. Y en la Puna, el boom del litio —salmuera extraída y evaporada en salares de Jujuy, Salta y Catamarca, con escasa recarga— enfrentó a comunidades indígenas que reclaman consulta previa y cuidado de sus fuentes con provincias y empresas, en conflictos como el de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que formó parte del trasfondo de las protestas jujeñas de 2023.
Hielo y roca comparten una condición: son reservas, no flujos. Lo que se gasta no vuelve en una escala de tiempo humana. Por eso su protección exige regulación nacional sólida, datos científicos públicos y decisiones de largo plazo, exactamente lo que se pone en cuestión cuando la urgencia por atraer inversiones se impone sobre la cautela.
Por Ignacio Stankewitsch