Artículo 3 | Guerra híbrida y mares en disputa: el agua como arma, como blanco y como frontera
Sin declaración de guerra, sin ejércitos en formación, el agua se corta, se envenena, se hackea o se retiene. Y el mar, que parece ajeno a la sed, es su tablero más extenso.
La expresión «guerra híbrida» describe conflictos que combinan fuerza convencional, grupos irregulares, ciberataques, presión económica y campañas de desinformación, de modo que ningún bando cruza —o admite haber cruzado— el umbral de la guerra declarada. El agua es un terreno ideal para esa zona gris: es esencial para la vida, depende de infraestructura frágil y concentrada, y su manipulación puede castigar a una población entera sin disparar contra un solo soldado.
Como arma, el repertorio es antiguo y a la vez actual. En junio de 2023, la destrucción de la presa de Kajovka, sobre el río Dniéper, en plena guerra de Ucrania, inundó decenas de localidades, dejó sin agua a regiones enteras y vació el embalse que alimentaba el canal de Crimea y la refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente por la responsabilidad. En 2014, apenas anexada Crimea, Kiev cortó el canal que abastecía a la península; Moscú lo reabrió por la fuerza en 2022. En Gaza, los organismos de Naciones Unidas documentaron el colapso del suministro y del saneamiento bajo bombardeo y bloqueo, con consecuencias sanitarias que superarán en el tiempo a la propia guerra.
El agua también puede ser el blanco estratégico de un conflicto. Irán llegó a 2025 con una crisis hídrica severa —acuíferos sobreexplotados, embalses en mínimos, Teherán con cortes de suministro y protestas— que combinó mala gestión, represas aguas arriba y cambio climático. En la guerra que involucró al país en 2026, analistas de riesgo registraron que la infraestructura hídrica emergió como objetivo, señal de lo que podría repetirse en otros teatros: un país sediento es un país vulnerable a la presión externa y a la desestabilización interna.
La nueva frontera es digital. Las plantas potabilizadoras y las redes de distribución funcionan con sistemas de control industrial, muchos antiguos y mal protegidos. En 2021, un intruso accedió al sistema de la planta de Oldsmar, en Florida, e intentó elevar la dosis de hidróxido de sodio en el agua; un operario lo advirtió a tiempo. En 2023, el grupo CyberAv3ngers, vinculado por Estados Unidos a Irán, comprometió equipos de fabricación israelí usados en instalaciones hídricas, entre ellas una en Aliquippa, Pensilvania. No hubo víctimas; hubo un mensaje: cualquier red de agua es potencialmente un objetivo.
El derecho internacional humanitario prohíbe atacar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, entre ellos las instalaciones y reservas de agua potable, y limita los ataques a presas y diques cuando pueden liberar fuerzas peligrosas. Pero la guerra híbrida prospera justamente en lo que esas normas no alcanzan: los actos deleznables, los sabotajes sin firma, los ciberataques que nadie reivindica. Sin atribución clara, no hay responsabilidad; sin responsabilidad, no hay culpables.
A estas herramientas se suman las de la coerción silenciosa: retener datos hidrológicos, demorar la apertura de compuertas en época de sequía, postergar el llenado de un embalse, condicionar la cooperación a concesiones políticas. Nada de eso exige un disparo y casi nada es fácil de probar. En esa misma lógica de poder, China, que controla las cabeceras tibetanas, inició en 2025 la construcción de una represa gigantesca sobre el Yarlung Tsangpo, el curso alto del Brahmaputra, que inquieta a India y a Bangladés. La desinformación completa el cuadro: cada crisis hídrica genera relatos cruzados sobre quién la provocó, y esos relatos sirven para movilizar a la opinión pública, justificar medidas de fuerza o encubrir fallas de gestión propias.
Hay otra dimensión híbrida, menos visible y más cercana: la económica. En 2000, en Cochabamba, Bolivia, la concesión del agua a un consorcio privado internacional disparó aumentos de tarifas y una revuelta popular —la «guerra del agua»— que terminó con la rescisión del contrato. En Chile, el Código de Aguas de 1981 convirtió los derechos de agua en propiedad privada transferible, un modelo que la reforma de 2022 intentó corregir para priorizar el consumo humano. En 2020, la bolsa CME lanzó contratos de futuros sobre el agua de California, y fondos y Estados compran tierras para asegurarse el agua incorporada en ellas: Arizona canceló en 2023 arrendamientos de tierras públicas a una empresa saudí que cultivaba alfalfa con agua subterránea para exportar forraje.
El mar parece, a primera vista, ajeno a esta discusión: el 97% del agua del planeta es salada. Pero lo marítimo es el escenario donde el agua se vuelve frontera, ruta y despensa. Para los países áridos, además, es fuente de agua potable. Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos y Qatar obtienen una parte decisiva de su consumo en plantas desalinizadoras costeras, concentradas en pocos puntos y expuestas a ataques, derrames o ciberintrusiones. Un solo golpe a una de ellas puede dejar sin agua a una gran ciudad en cuestión de días.
En el Atlántico Sur, la Argentina conoce el otro costado de lo marítimo: la soberanía sobre los recursos vivos. Su plataforma continental y su zona económica exclusiva de 200 millas son una de las reservas pesqueras más ricas del hemisferio, y en el borde exterior de esa zona —la llamada «milla 201»— opera cada temporada una flota extranjera de cientos de buques, principalmente poteros que pescan calamar con luces que se divisan desde el espacio y que, según investigaciones de monitoreo satelital, suelen apagar sus sistemas de identificación para eludir controles. La disputa por Malvinas añade otra capa: quien administra las islas proyecta jurisdicción sobre un enorme espacio marítimo. Concretamente, un tercio del territorio argentino, con opción al sector antártico, lo cual elevaría el control del invasor colonial a más del 50 % del país.
A eso se suma la presión energética. Los proyectos de exploración sísmica y de explotación de hidrocarburos costa afuera frente a Mar del Plata despertaron litigios judiciales y la oposición de organizaciones ambientales, que temen por la fauna marina; revelaron una tensión recurrente: el mar como espacio de soberanía económica y como ecosistema frágil. Y más al sur, la Antártida concentra alrededor del 70% del agua dulce del mundo en forma de hielo, protegida por un sistema —el Tratado Antártico de 1959 y su Protocolo de Madrid de 1991— que congela las reclamaciones territoriales, entre ellas la argentina, y prohíbe la actividad minera. Ese régimen podrá someterse a revisión a partir de 2048, y los analistas ya miran esa fecha.
Lo marítimo y lo glaciar son vasos comunicantes: cuando el hielo continental se derrite, sube el mar, se salinizan las napas costeras y se erosionan deltas donde viven cientos de millones de personas. El agua que falta arriba reaparece, en exceso y destructiva, abajo.
Conviene cerrar con un matiz. Los especialistas que estudian la historia de los conflictos hídricos han mostrado que los Estados cooperan por el agua más de lo que se enfrentan. Pero la guerra híbrida desplaza el problema a un terreno donde esa lógica rinde menos: el de los actos deniables, las infraestructuras vulnerables y los recursos disputados en espacios sin policía. El peligro no es tanto la «guerra por el agua» clásica como un goteo de agresiones por debajo del umbral, que acumula daño y desconfianza. Para un país con mares ricos, ríos estratégicos, glaciares codiciados y empresas públicas en venta, esa distinción no es teórica: define qué debe proteger, con qué capacidades y bajo qué control soberano.
Por Ignacio Stankewitsch