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El catálogo de guerra de la Corte Suprema

Del 2×1 a Vialidad, las sentencias regresivas de derechos humanos y laborales, Natalia Denegri y el cannabis. El ingreso de Rosatti y Rosenkrantz por el tobogán de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y la carta de 500 empresarios.

En sus primeros tiempos en la Corte Suprema, en 2016, Horacio Rosatti, decía que tenía dos grandes aspiraciones. Una era lograr que las causas se resolvieran en 90 días. La otra, que el tribunal funcionara sin decisiones concentradas en una sola persona sino en forma colegiada. Lo primero no sólo no se hizo sino que el paso del tiempo se volvió un instrumento de los supremos para favorecer a grupos económicos o sus exponentes en distintos tipos de causas y también para desgastar al gobierno de Alberto Fernández, sus referentes y/o aliados y robustecer a sus oponentes. A menudo lo hizo sin tomar decisiones de fondo sino con simples rechazos o medidas provisorias capaces de provocar un efecto político. En lo segundo, la disputa por el poder, avanzó con una estrategia que desplazó a Ricardo Lorenzetti de su larga presidencia para que lo reemplazara Carlos Rosenkrantz durante el gobierno de quien lo apadrinó, Mauricio Macri, hasta desembarcar el propio Rosatti en ese trono –autovotándose– y extender con un fallo su manejo al Consejo de la Magistratura, el organismo que quedó paralizado como consecuencia de decisiones de la propia Corte. El resultado, a gusto de la oposición, es que Comodoro Py quedó tal como el macrismo lo diseñó, sin nuevos jueces y juezas, ni tampoco avanzan juicios políticos o procesos disciplinarios.

Este estado de cosas, visible en la larga lista de fallos de los últimos seis o siete años, explica que la derecha política –llámese Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, entre tantos— y el empresariado (con 500 firmas), hayan salido con furia a intentar detener el juicio político a los cortesanos. 

La semana pasada, el ex ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, dijo que se trata de una Corte “independiente”. Es una afirmación osada, o propia del gobierno PRO-empresario que la moldeó. Quienes conocen sus entretelones explican que es una Corte que trabaja en  sus propios intereses y que reforzó un sesgo antiprogresista. Para mostrarlo basta repasar algunos fallos puntuales. Los pilares iniciales, cuando Rosatti y Rosenkratz llegaron por el tobogán de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón con un intento de saltear al Senado, fueron las sentencias regresivas de derechos humanos y derechos laborales. 

Las bases de este Corte

Un pantallazo veloz muestra un punto de partida: el fallo donde los cortesanos se negaron a aplicar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de revocar una condena contra los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico. Tiempo después llegaría el 2×1 a favor de la libertad de los genocidas acusados de crímenes de lesa humanidad, que sólo la reacción social pudo frenar. 

En asuntos laborales y sindicales se arraigó una jurisprudencia que, contra los antecedentes, estableció que sólo los sindicatos con personería pueden negociar convenios colectivos, que el derecho a huelga es solo de trabajadores/as sindicalizados/as, que por más que alguien facture todos los meses, por años, y cumpla horario, no es una relación laboral. 

En la misma línea, la Corte obligó a pasar por comisiones médicas arbitrales, sin relación con la justicia, para pedir una indemnización laboral. Son causas que duran años. La lógica antiderechos se aplicó contra los migrantes en más de un centenar de casos para facilitar su expulsión aunque no tuvieran antecedentes penales. 

El timing y las personas elegidas

La Corte se tomó dos años y nueve meses para confirmar, sin analizar nada, la condena a 13 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación contra Milagro Sala en el caso conocido como “Pibes Villeros” (una cooperativa de viviendas). Lo que hayan hecho los tribunales de Jujuy, dijo, es válido. Agregó que la defensa no había demostrado qué tanto afectaron al proceso la falta de publicidad de las audiencias, la falta de pruebas, testigos y peritajes, y que se la haya expulsado a Sala de varias audiencias. Una provocación. 

Es bien conocido que el Poder Judicial de Jujuy, harto denunciado, está sometido al gobernador Gerardo Morales, quien al instante del fallo salió a decir que quería cárcel común, sabiendo que la Comisión Interamericana lo impidió. La detención de la líder de la Tupac Amaru, en enero de 2016, fue paradigma de las prisiones preventivas infundadas y a granel durante el gobierno de Macri. 

Hay otra cara de las dilaciones: la Corte dejó pasar seis años hasta resolver la situación del empresario Carlos Blaquier acusado de crímenes de lesa humanidad, lo que permitiría desvincularlo del juicio. Se lo llama impunidad biológica.  

Los supremos especularon con los tiempos del juicio de la obra pública en Santa Cruz. En 2019 Cristina Fernández de Kirchner cuestionó ante la Corte que su juzgamiento comenzaría sin pruebas. No había ni un solo peritaje de las obras. Los cortesanos hicieron trascender una supuesta preocupación y le pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que les mandara el expediente. Parecía que el juicio no comenzaría. Pero bastaron las títulos de escándalo de los grandes medios y un reclamo telefónico desde las oficinas de un gran medio, para que dieran marcha atrás en 24 horas. 

Para resolver se tomaron tres años: dejaron que avanzara el juicio y justo cuando estaba por empezar el alegato del fiscal Diego Luciani (con su pedido de 12 años de cárcel), le rechazaron a CFK sus pedidos sin más. A Amado Boudou le confirmaron la condena por el caso Ciccone con un “280”, ese artículo del Código Procesal Civil y Comercial que habilita resolver sin dar fundamentos. De forma similar rechazaron recursos de Julio De Vido. 

“En todo está Clarín”, podría ser un eslogan. En noviembre, tras más de dos años, la Corte rechazó los recursos del Estado nacional y del Enacom y dejó en pie medidas  medidas cautelares favorables a Telecom y otras, que suspendieron la aplicación del DNU 690/2020 que declaró el acceso a internet, a la telefonía móvil y el cable como servicios públicos esenciales cuya regulación tarifaria debía ser estatal. Con un formalismo (“no hay sentencia definitiva”) la Corte dio vía libre a los aumentos. 

Autonomías y federalismo

En mayo de 2021 la Corte acusó al gobierno nacional de violar la autonomía porteña en una sentencia a pedido de Horacio Rodríguez Larreta que reclamaba presencialidad en las aulas. Ya antes los supremos dejaban trascender que firmarían fallos con criterio federal y a favor de las autonomías locales. 

Años antes la Corte inclinaba la balanza hacia el Estado nacional, que para algunos juristas ahora se ve debilitado. En efecto, vinieron fallos así: uno contra Farmacity sostuvo la competencia de la provincia de Buenos Aires para regular las condiciones de venta de medicamentos; otro reconoció al municipio de Quilmes, contra un reclamo de Axion, la facultad de fijar tasas; una más avaló una norma de la municipalidad de Arroyito que prohíbe a los supermercados abrir los domingos. 

En una línea emparentada, llegó la medida cautelar para Rodríguez Larreta –ya precandidato presidencial– contra el recorte de coparticipación para funciones de seguridad, donde incluso el tribunal fijó un 2,95 por ciento que se deberá pagar a la Ciudad. Pese a la jactancia federalista suprema, 18 gobernadores sostienen que ese reparto los afecta e impulsaron el juicio político a la Corte. 

Corporativismo y Py 

Después de admitir un per saltum (que supone urgencia) la Corte sentenció en noviembre de 2020 que los traslados de jueces de un cargo a otro para el que no concursaron ni tuvieron acuerdo del Senado, no pueden ser definitivos. Lo dijo por un reclamo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El macrismo los había llevado de tribunales orales a la Cámara Federal de Comodoro Py, donde los querían para frenar causas propias y fogonear otras contra CFK y sus exfuncionarios. Ellos no querían irse, pero el oficialismo en el Consejo desnudó los nombramientos a dedo. Todavía siguen en el mismo lugar. El Consejo de la Magistratura debe aprobar ternas para reemplazarlos, pero no trabaja debido a fallos de la propia Corte generaron obstáculos. 

La Corte había desempolvado una demanda del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo contra la integración del Consejo de la Magistratura de 13 miembros vigente desde hacía 15 años. Tenía votos para declararla inconstitucional desde 2020, sólo faltaba que opinara Lorenzetti. Pero todavía presidía Rosenkrantz y en la puja interna quien aspiraba a comandar todo era Rosatti. 

En diciembre de 2021 llegó la hora.  La Corte reconoció legitimidad a ese colegio –una especie de club que apoyó golpes de Estado y que no representa legalmente a los abogados-– e invalidó la estructura del Consejo al considerar que había sobre-representación de la política. Puso 120 días para que el Congreso aprobara una nueva ley o que el organismo se integrase con los 20 miembros de la ley de 1997, que reimplantó por mayoría, y que incluía al presidente supremo. 

Vencido el plazo, sin ley ni consejeros/as de Diputados y el Senado, la Corte cambió su propio fallo para permitir que asumieran después y a la vez invalidó que la contradecía. Pasaron meses casi sin sesiones en el cuerpo. A punto de terminar los mandatos de transición, a pedido del senador del PRO Luis Juez, los supremos anularon la primera designación del senador oficialista Martín Doñate por la segunda minoría. Doñate fue nombrado otra vez. La Corte frenó la jura de todos los senadores/as. 

Gestos y omisiones: Natalia Denegri, Robles y el cannabis

Los fallos sobre el Consejo tuvieron una ampulosa apariencia legalista, pero se llevaron fuertes críticas por meterse con facultades legislativas. Son resoluciones que van contra una vieja corriente suprema de los temas “no judiciables” o del terreno de la política. En el expediente de la coparticipación también se ha señalado la intromisión en el ámbito del Ejecutivo.

La Corte hizo gala de sus audiencias públicas por el mal llamado “derecho al olvido” y el “cannabis medicinal”. En el primero caso, al final, falló a favor de la empresa Google y contra Natalia Denegri que pedía desindexar viejas publicaciones. Con el cannabis solo avaló la regulación estatal del autocultivo para uso medicinal. 

Entre las omisiones supremas se puede nombrar el silencio interno sobre el anuncio de Rosenkrantz según el cual no se excusaría más en causa donde sus viejos clientes (mayoría empresas) son parte. Ya firmó cerca de 60 casos. La falta de nombramientos para el juzgado de María Eugenia Capuchetti, a cargo de la cuestionada investigación del atentado a CFK. El silencio, también, respecto del viaje de jueces federales a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, junto con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, entre otros, invitados por un grupo de medios. De los chats brotaron tratativas entre el funcionario y el colaborador de Rosatti, Silvio Robles, sobre la disputa por la integración del Consejo y el fallo de la coparticipación. Un juez de Comodoro Py, Sebastián Ramos, dijo que no investigaría porque lo que se conoció era fruto de inteligencia ilegal, tal como se lo pidió el fiscal Carlos Stornelli, procesado por espiar.

Por Irina Hauser – Página/12