El Estado boquea, la CGT milita la rebaja impositiva con los ceos y el zarpazo a los ricos de Máximo K no sale de promesa. La deuda y el doble filo del acuerdo.
En la residencia de Olivos no cayó muy bien. En el Instituto Patria, mejor ni preguntar. Hector Daer, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, Carlos Acuña, José Luis Lingieri y Andrés Rodríguez no sólo se conectaron al Zoom con dueños de la Asociación Empresaria Argentina como Héctor Magnetto, Paolo Rocca, Marcos Galperin, Enrique Cristofani, Cristiano Rattazzi y Luis Pagani, sino que terminaron rubricando un documento que tenía que ver mucho más con las preocupaciones empresarias que con las demandas laborales. El sindicalismo colaboracionista que convalidó la destrucción del salario real durante los años de Mauricio Macri como presidente difundió un comunicado que habla de “reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía” cuando Alberto Fernández no puede responder de dónde va a sacar los fondos para financiar la cuarentena larga que impone el Covid 19 y en el Frente de Todos se debate desde hace más de tres meses una contribución extraordinaria de los millonarios argentinos para hacer frente a la emergencia. Los inoxidables de la CGT incluyeron, al lado del reclamo de la baja de impuestos, lo que pretendió ser un atenuante: “Atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales”. Con sindicalistas así, el contrato social es de lo más leonino y la chance de que el salario se recupere del ajuste que viene sufriendo en cuarentena, un imposible.
Daer estuvo el 9 de julio en la puesta en escena del contrato social que unos días después criticó Cristina Fernández de Kirchner. Jefe por descarte de una cúpula cegetista que no representa al amplio abanico sindical y avaló las suspensiones con recortes de sueldo, su llegada a Fernández es indudable. El Presidente lo distingue como uno de sus gremialistas preferidos, pese a que representa a Los Gordos y se mueve con la liga de Martínez, Lingeri y Rodríguez, tres dirigentes de íntima relación con Macri durante sus años de gobierno.
Esta semana, el líder de Sanidad, que funciona en tándem con Carlos West Ocampo, no dudó en defender el convenio colectivo hiperflexibilizado del sindicato a medida que armó Galperin. “Creo que hay que ser respetuosos de las organizaciones sindicales. El convenio colectivo lo tiene firmado el gremio de Carga y Descarga”, le dijo a Futurock y contó que había llamado al sindicalista de Mercado Libre, Daniel Vila, para solidarizarse con él. Tal vez para compensar tanta predisposición hacia el modelo de país empresario, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, recibió a Pablo Moyano en la Casa Rosada, un día después.
El otro puente de Fernández con Los Gordos es Armando Cavalieri. El histórico jefe del sindicato de Comercio que la semana pasada apareció en la pantalla de A24 para defender la flexibilización, quejarse de las tarifas atrasadas y de la “maquinita” oficial en su sector está ligado a Claudio Moroni por Miguel Angel De Virgiliis, el asesor especial del ministro de Trabajo que fue abogado de la Obra Social de Comercio.
SINTONÍA FINA. El comunicado conjunto de AEA y la CGT muestra que el sindicalismo oficial funciona con el chip del sector privado y rechaza financiar el costo de la emergencia con un aporte de las capas de mayores ingresos. Fernández acaba de lanzar el ATP 4 y de anunciar que el programa que paga la mitad de los sueldos de las empresas se extenderá hasta diciembre en los sectores más afectados por la parálisis. El aumento de los contagios y los muertos no sólo hace temer un desborde sanitario: además, prolonga la necesidad de que el Estado sostenga un auxilio que, sin embargo, le cuesta muchísimo financiar con la recaudación en picada. La pandemia profundiza la crisis de una economía que se heredó asfixiada por el endeudamiento y la recesión. El Gobierno busca una sintonía fina que es producto de las restricciones y que, como adelantó Letra P, explica en gran parte la decisión de flexibilizar la cuarentena pese a que el virus no cede. Muestra de esos condicionamientos es el subsidio del IFE, que se pagará en agosto por tercera vez a nueve millones de personas pero será reemplazado después por un Ingreso o Renta Básica Universal que llegará a entre tres y cuatro millones de beneficiarios.
Según le dijo a Letra P la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, desde que se inició el aislamiento obligatorio el Estado destinó fondos que equivalen al 3,25% del PBI para auxiliar a los damnificados por el encierro.
Según le dijo a Letra P la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, desde que se inició el aislamiento obligatorio el Estado destinó fondos que equivalen al 3,25% del PBI para auxiliar a los damnificados por el encierro. Otro 2% del PBI llegó en forma de créditos que otorgan los bancos con la garantía del Gobierno y el endulzante de las Leliq. El negocio del sector financiero que Fernández impugnó en campaña vio reducida su tasa del 63% al 38%, pero no sólo no fue eliminado, sino que su stock creció un 150% desde diciembre: el Banco Central pagó 2,3 billones de pesos en julio en concepto de intereses a los bancos. Nada sobra.
COMO EL GENERAL ALAIS. Anunciado hasta el hartazgo, el impuesto a las grandes fortunas que Máximo Kirchner y Carlos Heller idearon poco tiempo después del inicio de la cuarentena todavía no fue presentado en el Congreso. Pasan los días, las semanas y los meses, pero el proyecto no aparece. Mientras algunos dicen que la iniciativa se presentará en los próximos, otros afirman que Máximo piensa que no es momento de llevar a Diputados un tema de debate que acentuará la polarización y necesita, además, contar con los votos suficientes para ser aprobado. Hace casi un mes, desde el oficialismo se había anunciado que se presentaría el 14 de julio, en coincidencia con el cumpleaños del hijo del jefe de La Cámpora. Pero, como anticipó Letra P el 30 de junio pasado, la contribución de los millonarios argentinos ya suena al “segundo semestre” del hijo de la vicepresidenta.
En el albertismo, algunos se ríen y dicen que el impuesto a los ricos está llegando “como el general (Ernesto) Alais”, el militar condenado por delitos de lesa humanidad que nunca cumplió la orden de Raúl Alfonsín ni apareció con los tanques para reprimir a los carapintadas de Aldo Rico. Alais murió en 2016 en la cárcel de Ezeiza, pero sobrevive como sinónimo de las promesas incumplidas por la democracia argentina. Esta semana, Hugo Yasky aseguró que el proyecto está “prácticamente redactado”. Pero pasaron 100 días a pura necesidad y el FdT muestra en el debe de sus primeros meses la dificultad para avanzar con las iniciativas que se propone en un contexto de lo más complicado.
POBRES RICOS. La revista Forbes difundió en los últimos días el ranking 2020 de las 50 grandes fortunas de Argentina: lo lidera Alejandro Bulgheroni con U$S 5.400 millones, seguido por Galperin con U$S 4.200 millones, Paolo Rocca con U$S 3.400 millones, Gregorio Pérez Companc con U$S 2.700 millones, Alberto Roemmers con U$S 2.400 millones y Hugo Sigman-Silvia Gold con U$S 2.200 millones. Gran ganador también en pandemia -aumentó sus ventas un 76%-, Galperin es el de mayor crecimiento en la pirámide y su empresa hoy cotiza en Wall Street a nada menos que U$S 51.066 millones.
Los 50 más ricos dicen reunir, entre todos, un capital de U$S 46.600 millones, un 19% menos que en 2019 y U$S 24.400 millones menos que en 2018, producto del derrape de las acciones en los últimos dos años de Macri. La aventura del egresado del Cardenal Newman en el poder logró el milagro de que casi todos perdieran. Sin embargo, nadie resignó tanto como los asalariados argentinos. De acuerdo a un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, en septiembre de 2019 cada trabajador registrado había perdió 286.000 pesos con respecto a diciembre de 2015, lo que representa “una transferencia de ingresos sin antecedentes en un contexto democrático”.
Fernández dio su aval al impuesto a los ricos pero dijo que su prioridad es la reforma impositiva. De esa iniciativa tampoco hay precisiones. Martín Guzmán, Mercedes Marcó del Pont y el gabinete económico están trabajando en el tema, pero, según dijeron fuentes oficiales a Letra P, no hay fecha para presentar el proyecto. Tan deseado por el mercado, el acuerdo por la deuda que se anuncia como inminente traerá una quita significativa, pero implicará compromisos de pago durante el gobierno de Alberto, algo que no estaba en el plan original.
Por Diego Genoud – Letra P