El gobierno de Javier Milei, autodenominado defensor de la libertad económica y de la desregulación estatal, ha dado un paso más en su cruzada privatizadora. Con la firma del Decreto 718/2024, la administración ha decidido poner a la venta cuatro de las más importantes centrales hidroeléctricas del país: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Estas represas, ubicadas en la estratégica región del Comahue, no solo representan el 10% de la producción total de energía eléctrica en Argentina, sino que son piezas clave en la red de distribución que abastece a millones de hogares e industrias.
La medida, que se enmarca dentro del amplio plan de ajuste y venta de activos estatales, no es simplemente un asunto de cambio de manos. Es una apuesta audaz y peligrosa por parte de un gobierno que parece decidido a subastar el patrimonio nacional al mejor postor, sin detenerse a considerar las consecuencias a largo plazo para la soberanía energética del país.
La estrategia de privatización de Milei, que ya ha desatado múltiples críticas desde diversos sectores, se ha ejecutado bajo la premisa de la eficiencia y la modernización. Sin embargo, no son pocos los que ven en esta movida una amenaza directa a la seguridad energética y al control estatal sobre recursos estratégicos. En un contexto global donde la energía es un bien cada vez más preciado y disputado, entregar el manejo de estos complejos hidroeléctricos a manos privadas, muchas de ellas multinacionales con intereses foráneos, pone en riesgo la capacidad del Estado de garantizar un suministro eléctrico estable y accesible.
La decisión de avanzar con esta privatización no puede ser analizada sin entender el contexto político y económico que atraviesa Argentina bajo la administración de Javier Milei. El gobierno, desde su asunción, ha apostado por un modelo económico ultraliberal, que promueve la reducción del rol del Estado en la economía y fomenta la apertura del mercado a capitales privados, incluso en sectores tan sensibles como el energético.
Este enfoque, que ha sido celebrado por ciertos sectores del empresariado y los mercados financieros internacionales, ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos y expertos en políticas públicas. La venta de estas hidroeléctricas es solo una muestra más de cómo el gobierno de Milei está dispuesto a sacrificar el control estatal sobre recursos críticos a cambio de inyecciones de capital que, a corto plazo, pueden parecer tentadoras, pero que a largo plazo podrían ser desastrosas.
El Decreto 718/2024 establece un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía, bajo la tutela del Ministerio de Economía, realice el llamado a concurso público nacional e internacional para la venta de los paquetes accionarios mayoritarios de las cuatro hidroeléctricas. Este proceso, que se llevará a cabo bajo criterios de competitividad y rapidez, busca atraer a inversores con experiencia en el sector energético, pero deja varias preguntas sin respuesta.
¿Qué garantías tiene el Estado de que estos nuevos operadores privados cumplirán con los estándares de calidad, seguridad y sustentabilidad que requiere la operación de estos complejos? ¿Qué mecanismos de control y supervisión se implementarán para evitar que estas empresas, una vez en control de las centrales, prioricen sus beneficios por encima del interés público?
La falta de claridad en estos puntos es alarmante. El decreto menciona que las empresas ENARSA y NASA, encargadas hasta ahora de la operación de las centrales, deberán transferir las acciones a la Secretaría de Energía para su privatización. Sin embargo, estas mismas compañías, que hasta hace poco actuaban como garantes del control estatal, también están incluidas en la lista de empresas a privatizar bajo la Ley Bases, lo que elimina cualquier posibilidad de que haya un organismo estatal especializado supervisando el proceso.
Las represas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila no solo son esenciales para la producción y distribución de energía a nivel nacional, sino que también tienen un impacto directo en las provincias de Neuquén y Río Negro, donde están ubicadas. La transferencia de su control a manos privadas podría tener implicancias significativas para estas regiones, tanto en términos de regalías como de empleo.
Además, la venta de estas hidroeléctricas ocurre en un contexto de prórrogas y contratos vencidos, lo que genera un escenario de incertidumbre para los actuales operadores y para las provincias que dependen de los ingresos generados por estos complejos. La pregunta que queda en el aire es si las nuevas concesionarias estarán dispuestas a mantener o mejorar los estándares de operación y a cumplir con los compromisos financieros con las provincias.
Por otro lado, la población en general se enfrenta a un panorama incierto en cuanto a las tarifas de electricidad. La experiencia previa con la privatización de servicios públicos en Argentina ha demostrado que, cuando el control pasa a manos privadas, los precios tienden a aumentar, mientras que la calidad del servicio no siempre mejora en la misma proporción. En este caso, con cuatro de las principales generadoras de energía en proceso de venta, es probable que los usuarios finales terminen pagando el costo de la privatización.
El gobierno de Javier Milei parece estar jugando una carta arriesgada con esta medida. La privatización de estas centrales hidroeléctricas, que generan una porción significativa de la energía del país, podría ser un tiro de gracia para la soberanía energética de Argentina. La venta de estos activos estratégicos no solo pone en juego el control sobre un recurso esencial, sino que también expone al país a la volatilidad del mercado internacional y a los intereses de corporaciones extranjeras.
En definitiva, la decisión de privatizar estas hidroeléctricas representa un cambio de rumbo que podría tener consecuencias profundas y duraderas para el país. Mientras el gobierno de Milei sigue avanzando en su plan de ajuste y venta de activos, es esencial que la sociedad argentina se mantenga alerta y critique con firmeza cualquier medida que ponga en peligro el bienestar de la población y el futuro del país.
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Fuente: EO