Tres cámaras del navegable troncal solicitaron al Gobierno adecuar seis condiciones técnicas y económicas. Problemas operativos en la nueva agencia de puertos.
Casi al mismo tiempo en que la Justicia despejó el camino para la privatización de la hidrovía, entidades del Círculo Rojo de la Vía Navegable Troncal (VNT) le pidieron al gobierno de Javier Milei que amplié el plazo para la presentación de ofertas e introduzca una serie de modificaciones en los pliegos técnicos y económicos.
En una nota remitida al flamante titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor; las autoridades de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), y Cámara de Actividades Marítimas y Portuarias (CAMP); además del Centro de Exportadores de Cereales (CEC); solicitaron que se prorrogue la fecha del 12 de febrero prevista para la recepción de las ofertas y que se incorporen seis cambios específicos en las condiciones del proceso licitatorio.
Aval judicial a la privatización
La privatización de las obras de dragado y balizamiento de la hidrovía bajo el régimen de peaje y sin subsidios del Estado quedó virtualmente avalada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, quien rechazó la medida cautelar para paralizar la licitación que había promovido la empresa belga Dredging International (DEME).
La presentación de los letrados de DEME se basó en la supuesta existencia de irregularidades administrativas y en un presunto direccionamiento de los pliegos para favorecer a la empresa Jan de Nul, que tiene a su cargo el dragado de la hidrovía desde mediados de la década de los 90.
El fallo destacó que no existen indicios de ilegalidad ni de direccionamiento en las reglas licitatorias y que no quedó acreditada “la verosimilitud del derecho, ni el daño irreparable que justificara la suspensión de la licitación”.
El Círculo Rojo reclama
De cara a lo que viene, las entidades empresariales cuyos negocios giran en torno al principal corredor navegable del país plantearon la necesidad de estirar los tiempos para el armado de ofertas junto con un combo de adecuaciones a los pliegos licitatorios.
Tras aclarar que el planteo “no puede ser interpretado de forma alguna como oposición al llamado a la licitación pública nacional e internacional en curso”, las cámaras que agrupan las empresas portuarias, aceiteras y marítimas detallaron cuestiones que deberían corregirse:
- Incorporar la obligación de la concesionaria para que en la profundización desde los actuales 34 a futuros 40 pies de calado, las dimensiones del canal se ajusten a los requerimientos del buque de diseño. Esto permitirá a la Prefectura Naval adecuar su Ordenanza 4/2018 validando que los dos pies de revancha bajo quilla son suficientes para navegar de manera segura. De esta forma, se podrá navegar desde Timbúes al océano con buques de dimensiones mayores al Panamax, evitando el completamiento de las bodegas en otros puertos oceánicos y reduciendo el “falso flete” de la carga.
- Modificar la formula polinómica del Sobre 3 para aumentar el peso de la oferta económica de manera de lograr tarifas más competitivas.
- Incluir en el pliego una tarifa final de referencia para los 40 pies de calado navegable que incluya los aportes esperados por peajes.
- Introducir una progresión de tarifa vinculada con el avance de las profundidades logradas, de manera tal que el concesionario recupere cuanto antes su inversión por cada pie de incremento de tales profundidades, las que serán aprovechables inmediatamente para aumentar los calados navegables.
Para el empresariado del sector, estos cambios resultan “imprescindibles para asegurar la prestación de un servicio técnica, económica y ambientalmente sustentable y con una tarifa justa y razonable que preserve e incremente la competitividad de la hidrovía y el desarrollo del comercio exterior”.
Problemas operativos
Más allá de la solicitud del Círculo Rojo de la hidrovía, la reestructuración del sector que encaró la gestión libertaria con la creación de la ANPYN y la doble eliminación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SPVN) y la Administración General de Puertos (AGP) comenzó a afrontar los primeros problemas operativos.
La transferencia de funciones y recursos de las dependencias dadas de baja implicó la pérdida de la estabilidad laboral de 150 empleados de la SPVN.
La medida, adoptada por la resolución 10/25 del Ministerio de Economía que comanda Toto Caputo, estableció que el personal de “planta permanente con estabilidad adquirida” de la exsubsecretaria quede en “situación de disponibilidad” por un tiempo que oscilará, según los casos, entre seis y 12 meses.
Quienes no logren ser reubicados en los plazos previstos, pasarán a engrosar la lista de personas despedidas de la órbita estatal.
En el campo administrativo, las desprolijidades de la administración libertaria al presentar la nueva agencia sin haber cumplido con los trámites legales y fiscales previos, generó una virtual parálisis operativa que compromete el funcionamiento del sector.
Desde hace más de una semana, no se están facturando los peajes de la hidrovía, las terminales de barcos no tienen a quien pagarles las tasas portuarias y las locatarias de negocios y concesiones del puerto tampoco cuentan con una ventanilla habilitada para abonar los alquileres y cánones contractuales.
Por Antonio Rossi-Letra P