La iniciativa impulsada por Santiago Horianski fue aprobada por amplia mayoría y busca analizar el viaje que Dib realizó con su familia a Disney durante el período de sesiones ordinarias. El procedimiento podría abrir la puerta a un eventual pedido de destitución, aunque todavía no existe una decisión en ese sentido. El concejal de Acuerdo Urbano cuestionó la medida, denunció una “cortina de humo” y reclamó que el cuerpo legislativo priorice debates sobre el transporte, SAMSA, la Ley de Lemas y los descuentos bancarios a trabajadores.
El Concejo Deliberante de Posadas resolvió avanzar con la creación de una comisión investigadora para analizar la conducta del concejal Jair Dib, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, acusaciones personales e intervenciones de vecinos. La decisión, impulsada por Santiago Horianski y respaldada por una amplia mayoría, formalizó un procedimiento que podría derivar en un eventual pedido de destitución del expresidente del cuerpo legislativo.
El episodio que motivó la iniciativa es el viaje que Dib realizó con su familia a Disney durante el período de sesiones ordinarias, una circunstancia que sus pares consideran suficiente para abrir una investigación sobre su conducta como representante público. La comisión deberá determinar los hechos y evaluar si corresponde adoptar otras medidas institucionales.
Sin embargo, más allá de la controversia sobre el viaje, la sesión dejó expuesta una discusión de mayor alcance: cuáles son los límites entre la vida privada de un funcionario electo y sus responsabilidades públicas, qué garantías deben respetarse cuando se investiga a un representante político y hasta qué punto las diferencias partidarias condicionan el funcionamiento del Concejo.
La creación de una comisión investigadora constituye una decisión institucional relevante, porque transforma un cuestionamiento político en un procedimiento formal. Pero su legitimidad dependerá tanto de la solidez de los argumentos que justifican la investigación como de la transparencia, la imparcialidad y el rigor con que se desarrolle.
Una investigación necesaria, pero con garantías y fundamentos
La moción de Horianski avanzó durante un cuarto intermedio, cuando los concejales se reunieron en la oficina de Presidencia para definir cómo proceder. Mientras sus pares deliberaban, Dib permaneció en el recinto y protagonizó un fuerte intercambio con el hermano del concejal impulsor de la iniciativa. La discusión se extendió después a vecinos presentes en la sesión y elevó todavía más la tensión.
Tras la reanudación del encuentro, la propuesta fue sometida a votación y obtuvo un respaldo mayoritario.
La decisión abre una instancia que el Concejo deberá utilizar para esclarecer los hechos, precisar las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder y establecer si existen fundamentos para avanzar hacia una sanción. No equivale, por sí misma, a una condena ni a una destitución.
En ese sentido, la investigación puede ser una herramienta legítima para determinar si la conducta de un concejal resultó incompatible con sus obligaciones institucionales. Los cargos electivos no eximen a quienes los ocupan de rendir cuentas por sus actos, especialmente cuando se plantean cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de sus funciones.
Pero también existe una diferencia sustancial entre investigar una conducta y dar por probada una irregularidad. La comisión deberá establecer con precisión cuáles son los hechos cuestionados, qué normas resultarían aplicables y qué consecuencias podrían derivarse de ellos. La eventual destitución, por la gravedad que implica, no debería funcionar como una conclusión anticipada ni como una herramienta para resolver disputas políticas.
La controversia también exige distinguir entre el momento en que se realizó el viaje y las consecuencias concretas que ese hecho pudo haber tenido sobre las obligaciones del concejal. El argumento de que el viaje tuvo lugar durante las sesiones ordinarias constituye el punto de partida del cuestionamiento, pero la información expuesta durante el debate no permite, por sí sola, establecer que Dib haya incurrido en una falta que justifique su remoción.
El antecedente mencionado durante la transmisión de una entrevista con Héctor Cardozo en Radio Up apuntaba precisamente a esa distinción: la posibilidad de investigar el viaje si se había realizado durante el período ordinario y no respondía a razones de salud. Ahora, con la comisión aprobada, será el procedimiento institucional el que deba determinar el alcance de los hechos.
La amplitud de la mayoría que respaldó la iniciativa le otorga peso político a la decisión, pero no reemplaza la obligación de fundamentar sus conclusiones. La calidad institucional de la medida no se medirá solamente por la cantidad de votos que consiguió, sino por su capacidad para producir una evaluación fundada y respetuosa de las garantías del investigado.
Dib denunció una “cortina de humo” y cuestionó el procedimiento
El concejal de Acuerdo Urbano rechazó el enfoque de sus pares y sostuvo que el cuestionamiento sobre su viaje desplaza de la agenda legislativa problemas que, a su entender, tienen mayor impacto sobre los vecinos.
“Cuando nos ponemos a ataques personales, ustedes lo saben, ya no hay argumentos jurídicos para tratar los temas”, afirmó durante el intercambio con Horianski. Luego calificó la iniciativa como “una cortina de humo” destinada a desviar la atención de otras discusiones.
Dib también cuestionó que los concejales se reunieran en la oficina de Presidencia durante el cuarto intermedio para debatir cómo avanzar con la moción y reclamó que la discusión se desarrollara públicamente. “Discutamos acá. Discutamos acá si quieren”, insistió.
Su planteo contiene dos dimensiones que conviene diferenciar. Por un lado, el cuestionamiento al procedimiento y a la forma en que se tomó la decisión. Por otro, la acusación política de que la investigación busca silenciarlo o evitar que se traten asuntos incómodos para otros sectores.
El primer argumento merece una respuesta institucional concreta: corresponde que el Concejo explique cuáles fueron los pasos seguidos, qué fundamentos respaldan la apertura de la investigación y de qué manera se garantizará que Dib pueda ejercer su defensa. La transparencia no consiste solamente en transmitir una sesión, sino también en hacer comprensibles las razones de las decisiones y permitir que las actuaciones puedan ser examinadas.
El segundo planteo, en cambio, constituye una interpretación política del concejal que no quedó demostrada por los hechos expuestos durante la sesión. Para sostener que la comisión fue creada con el propósito de encubrir otros debates sería necesario aportar elementos que permitan vincular ambas cuestiones.
La posibilidad de que exista una disputa política no invalida automáticamente una investigación. Del mismo modo, la existencia de un cuestionamiento sobre la conducta de un funcionario tampoco garantiza que la iniciativa esté libre de motivaciones partidarias. Precisamente por eso, el procedimiento debe sostenerse sobre hechos verificables y reglas claras, no sobre las intenciones que cada sector atribuye a sus adversarios.
SAMSA, el transporte y la Ley de Lemas: los argumentos de Dib
En su defensa, Dib intentó trasladar el centro de la discusión hacia una agenda de problemas municipales que considera relegados. Mencionó el transporte urbano, el servicio de agua y cloacas de SAMSA, la Ley de Lemas y los descuentos bancarios que afectan a los trabajadores.
“Yo quiero discutir la Ley de Lemas, quiero discutir el transporte, SAMSA”, sostuvo.
Uno de sus principales cuestionamientos apuntó a la infraestructura cloacal de Posadas y a las dificultades que, según afirmó, se manifiestan frente a las lluvias. También puso en duda la capacidad o la voluntad del Concejo para intervenir ante los problemas de los servicios públicos.
En referencia a SAMSA, aseguró que la empresa recibe alrededor de 5.500 millones de pesos mensuales y cuestionó que el cuerpo legislativo encuentre limitaciones para discutir su desempeño. “Ahora SAMSA no podemos hacer nada. O sea, ¿tan cañones somos para hacerlo a la empresa? Eso es lo que yo quiero discutir”, expresó.
La cifra y las valoraciones sobre la prestación del servicio fueron expuestas por el propio concejal y no quedaron verificadas durante el debate. Por lo tanto, requieren un análisis específico de sus fuentes y alcances antes de ser tomadas como una descripción comprobada de la situación económica de la concesionaria.
No obstante, el planteo remite a una cuestión relevante para la ciudad: el control político y público de los servicios esenciales, las responsabilidades de los prestadores y las herramientas de fiscalización disponibles para los representantes municipales. La discusión sobre el sistema cloacal, el funcionamiento del transporte o la calidad del servicio de agua no pierde importancia por haber sido introducida en medio de una controversia política.
Dib también recuperó el debate sobre los códigos de descuento y las propuestas que, según señaló, presentó para modificar mecanismos que afectan a los trabajadores. En ese contexto, acusó a otros sectores de defender intereses económicos y reclamó mayor claridad sobre las posiciones de cada concejal.
“Hay que dejar de mentir a la gente. Lo que cada uno defienda lo tiene que decir. Ese es el problema”, afirmó.
Sus argumentos no responden directamente al cuestionamiento sobre el viaje a Disney ni desvirtúan por sí mismos la pertinencia de la comisión investigadora. Pero sí plantean interrogantes sobre la agenda del Concejo y sobre la capacidad del cuerpo para abordar, en paralelo, las controversias vinculadas con sus integrantes y los problemas concretos de la ciudad.
Una investigación no debería impedir que se discutan esos asuntos. Tampoco la existencia de problemas relevantes en Posadas puede convertirse en una razón suficiente para desestimar el examen de la conducta de un funcionario. La responsabilidad institucional consiste, precisamente, en evitar que una discusión desplace a la otra.
La intervención de los vecinos profundizó la tensión
El intercambio dejó de ser exclusivamente una disputa entre concejales cuando algunos vecinos presentes comenzaron a intervenir en la discusión con Dib. El episodio profundizó la tensión y convirtió la sesión en un escenario de cuestionamientos cruzados sobre las prioridades del cuerpo legislativo.
El edil volvió a objetar que su vida personal se transformara en el eje del debate y sostuvo que el Concejo debía concentrarse en los problemas de los posadeños.
“¿En serio va a ser esta la discusión en el Concejo, lo que cada uno de nosotros hace en su ámbito personal? A mí me parece un absurdo”, manifestó.
La frase expresa la estrategia defensiva del concejal: presentar el viaje como un asunto privado y contraponerlo con las demandas de la ciudad. Sin embargo, la condición de representante público obliga a establecer una distinción entre las actividades estrictamente personales y aquellas que, por sus circunstancias, pueden tener relación con el cumplimiento de responsabilidades institucionales.
Que un viaje sea familiar no lo vuelve automáticamente irrelevante para el análisis de las obligaciones de un funcionario. Pero tampoco basta con que se realice durante el período de sesiones ordinarias para concluir, sin más elementos, que corresponde una sanción.
La cuestión central es determinar si existió un incumplimiento concreto y qué consecuencias tuvo, de acuerdo con las normas aplicables. Esa es la tarea que deberá afrontar la comisión, evitando que la discusión quede reducida a una disputa sobre la vida privada del concejal o a una pulseada de poder entre sectores políticos.
Dib también cuestionó a sus pares por debatir el tema fuera del recinto mientras él discutía con los vecinos. “Quién está acá hablando con los vecinos y quién está encerrado adentro del cuarto. No es tan difícil”, expresó.
La escena dejó expuesta una debilidad del debate público: la dificultad para sostener una discusión institucional ordenada cuando las diferencias políticas se convierten en acusaciones personales. En ese clima, los argumentos tienden a perder espacio frente a las descalificaciones y las decisiones corren el riesgo de ser interpretadas exclusivamente en función de la relación de fuerzas.
La destitución, una posibilidad que todavía no se concretó
La creación de la comisión investigadora abre una nueva etapa en el conflicto político dentro del Concejo Deliberante de Posadas. Si sus integrantes reúnen los elementos necesarios y se alcanzan los acuerdos institucionales correspondientes, el procedimiento podría derivar en un planteo de destitución. Sin embargo, al cierre de la sesión solamente quedó confirmada la creación de la comisión.
Dib descartó que la posibilidad de ser removido constituya una preocupación personal y recurrió a una frase que sintetizó su posición frente al proceso.
“Yo lo único que le temo es a Dios y a mi señora cuando se enoja conmigo. El resto no toma nada, nadie”, afirmó en declaraciones a Radio Up.
El concejal reiteró que considera la iniciativa una maniobra para silenciarlo por los temas que impulsa dentro del cuerpo legislativo y aseguró que está dispuesto a afrontar las consecuencias de la investigación.
“Que hagan lo que tengan que hacer, pero acá es claramente una realidad que es una cortina de humo para tapar los temas trascendentales que está viendo la ciudad”, sostuvo.
También recordó su trayectoria profesional como abogado y mencionó su intervención en reclamos vinculados con planes de ahorro para reforzar su argumento de que no teme enfrentarse con intereses económicos y corporativos.
Sus declaraciones reflejan una estrategia política de confrontación, en la que busca presentarse como un concejal dispuesto a cuestionar a sectores de poder y como blanco de una reacción de sus adversarios. Esa interpretación forma parte de su defensa, pero no reemplaza la necesidad de responder a los hechos que motivaron la investigación.
Al mismo tiempo, quienes impulsaron la comisión deberán evitar que el procedimiento se transforme en una demostración de fuerza de la mayoría. La eventual remoción de un representante electo es una decisión de especial gravedad y exige fundamentos suficientes, respeto por el derecho de defensa y cumplimiento de las reglas institucionales.
La comisión tendrá, por lo tanto, una doble responsabilidad: esclarecer el episodio que involucra a Dib y demostrar que el Concejo puede tramitar un conflicto político sin convertirlo en una condena anticipada.
El resultado también será una prueba para el funcionamiento del cuerpo legislativo. Si la investigación se desarrolla con transparencia y argumentos verificables, podrá contribuir a fortalecer la rendición de cuentas. Si, en cambio, queda atrapada en la lógica de las acusaciones personales y las disputas partidarias, profundizará la desconfianza sobre las decisiones del Concejo.
La controversia sobre el viaje a Disney abrió una discusión que excede al propio Dib. Está en juego la capacidad de los representantes de Posadas para distinguir entre la responsabilidad pública y la vida privada, entre la fiscalización legítima y la persecución política, y entre las diferencias partidarias y la obligación de atender los problemas de la ciudad.
La votación ya definió el inicio de la investigación. Ahora, la solidez de sus fundamentos y la transparencia de sus conclusiones determinarán si el procedimiento constituye un ejercicio genuino de control institucional o si termina alimentando las sospechas de utilización política que el propio concejal puso sobre la mesa.