Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años, no pudo salir por su propio pie de una vivienda que ocupaba en Madrid desde que tenía 16. Confinada a una silla de ruedas, tuvo media hora para reunir sus pertenencias esenciales antes de ser desalojada en camilla por policías que ejecutaban un desahucio ordenado por un tribunal. El caso de la octogenaria ha vuelto a poner de relieve el drama inmobiliario de España.
"Me voy de Madrid, porque Madrid no es Madrid. Y la gente de Madrid ya no somos madrileños. Son todos los turistas que tienes en la Gran Vía". De esta forma resumió sus planes inmediatos Maricarmen Abascal, la octogenaria desalojada de la vivienda donde habitó durante 71 años, en declaraciones a RTVE.
Maricarmen se ha convertido en el rostro visible de la crisis habitacional de España. A sus 87 años y confinada a una silla de ruedas, tuvo 30 minutos para reunir pertenencias esenciales, antes de que agentes de policía y funcionarios de servicios sociales la sacaran en camilla hacia una ambulancia, para hacer cumplir un desahucio ordenado por un tribunal a favor de una empresa inmobiliaria.
Atrás quedaron recuerdos atesorados desde que tenía 16 años. También centenares de personas que, con pancartas y consignas de "¡Maricarmen, no estás sola!" y "¡Asesinos!" apoyaban la lucha que durante siete años libró en tribunales para evitar el desalojo.
La mujer de 87 años alquilaba un apartamento ubicado en el exclusivo barrio madrileño de Retiro, pagando menos de 500 euros al mes de acuerdo con el llamado régimen de renta antigua, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que obligaba a la prórroga forzosa: mientras viviera el inquilino, el propietario estaba obligado a renovarle indefinidamente el contrato.
Ese formato fue modificado en 1994, cuando se limitó a dos el máximo de subrogaciones permitidas para cada contrato. En el caso de Maricarmen, la suya era la tercera, pues el convenio de renta original había sido firmado por su padre, luego traspasado a su madre, cuando él murió, y posteriormente de la madre a ella, también por fallecimiento.
La extinción del régimen de renta antigua ha ocasionado más de 4.000 desahucios solo este año, la mayoría de ellos por impago. La cifra, ya de por sí dramática, es inferior a los 6.960 desalojos que se practicaron solo en el segundo trimestre de 2025.
Sin vuelta atrás
La situación de Maricarmen llegó a un punto de no retorno cuando los propietarios originales de la vivienda la vendieron al fondo de inversión Urbagestión. Según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la empresa inmobiliaria pretendía elevar a 2.650 la renta de la mujer, más del doble de su pensión por jubilación de 1.000 euros al mes.
Durante siete años, ella luchó por distintas vías judiciales para evitar el desalojo, hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de Urbagestión basado en un tecnicismo legal: la discapacidad de 50% de la octogenaria que se movilizaba en silla de ruedas estaba 15 puntos por debajo del umbral que le hubiera permitido quedarse de por vida.
El Ministerio de la Vivienda ofreció comprar el inmueble a través de la empresa pública Casa 47, pero la inmobiliaria no aceptó la oferta.
Luego una escritora que prefirió permanecer en el anonimato se comprometió a pagar la diferencia entre la renta de Maricarmen y el monto que demandaba Urbagestión, pero esta opción tampoco fue aceptada.
El presidente Pedro Sánchez admitió su cuota de culpa. En declaraciones desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que aprobar la "absolutamente necesaria" ley era "una responsabilidad compartida" entre su coalición de izquierdas minoritaria y el resto del Parlamento.
Su ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que el Gobierno había propuesto varias veces soluciones legislativas para prohibir este tipo de desahucios, sin éxito.
Mientras tanto, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, sostenía que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayudo, había ofrecido dos veces a Maricarmen una plaza en una residencia de ancianos, pero ella la había rechazado.
La revelación no atenuó las protestas contra Ayuso, que está en el centro de una polémica por la compra por parte de su gobierno, a través de una agencia inmobiliaria pública, de un ático de lujo valorado en 6,3 millones de euros (7,2 millones de dólares), supuestamente para uso personal.
Desde los alrededores de la vivienda desalojada en Retiro, los manifestantes gritaban "¡El ático de Ayuso para Maricarmen!"
El problema de muchos
La situación de la octogenaria es la de miles de personas en España, que tienen dificultades para encontrar soluciones habitacionales mientras los precios de la renta y la propiedad se disparan impulsados por una oferta insuficiente.
"No es un caso aislado, es solo un retrato más del sufrimiento que viven miles de hogares en España", dijo el capítulo local de Amnistía Internacional en un comunicado.
El barrio de Retiro y el parque del mismo nombre, donde vivía Maricarmen, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Activistas y asociaciones de inquilinos reclaman que los incentivos para la gentrificación y el auge del turismo (que impulsa a usar las viviendas para contratos por temporadas cortas, mucho más lucrativos) están contribuyendo al alza.
La Comunidad de Madrid es, junto a Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, una de las cuatro regiones donde se centra la mayoría de los desahucios. En Barcelona, una mujer de 78 años fue desalojada por una deuda de 88 euros (100 dólares), a pesar de que estaba vigente una moratoria para personas en condiciones de vulnerabilidad.
El Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez ha intentado impulsar protecciones más fuertes para los inquilinos y controles de alquiler más amplios, pero no ha encontrado respaldo en un Parlamento dividido.
En Madrid, el Gobierno regional, liderado por los conservadores, ha favorecido un enfoque más favorable al mercado, mientras la crisis habitacional se agrava cada vez más.
Por Eumar Esaá-Francce24