Las amenazas, vinculadas a un presunto reto viral, derivaron en la suspensión preventiva de clases y la activación de protocolos. Autoridades confirmaron intervención judicial y pidieron trabajo conjunto entre familias e instituciones.
Mediante una conferencia de prensa, autoridades municipales y directivos escolares de Puerto Rico abordaron la situación generada por la suspensión de clases. Fue tras la difusión de amenazas de tiroteo escolar vinculadas a un presunto “reto viral” en redes sociales. El intendente Carlos Koth sostuvo que el objetivo del mensaje es transmitir información “clara, precisa y responsable” ante un escenario complejo.
Koth pidió a la comunidad un abordaje conjunto frente a la situación y remarcó la necesidad de mayor cuidado en el uso de plataformas digitales. “Pido responsabilidad ante una situación tan delicada”, expresó, al tiempo que señaló que el control del uso de redes sociales en adolescentes requiere participación familiar e institucional.
El jefe comunal también aclaró que la definición sobre la continuidad escolar corresponde a organismos provinciales. En ese sentido, mencionó al Consejo General de Educación y al SPEPM como autoridades competentes para la aplicación de protocolos ante este tipo de hechos.
Durante la conferencia, se indicó que la suspensión de clases respondió a medidas preventivas adoptadas tras la circulación de mensajes intimidatorios, con el objetivo de resguardar a estudiantes y docentes mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.
Intervención judicial y medidas preventivas
La responsable legal de una de las instituciones afectadas, María Mabel Lorenzo, detalló que el hecho fue denunciado ante la Policía y derivado a la Justicia. Señaló que la decisión de suspender actividades se tomó ante la incertidumbre inicial y la necesidad de resguardar la integridad de la comunidad educativa.
En paralelo, la investigación derivó en un operativo policial en la localidad, así como en diversos puntos de la provincia, donde se secuestraron dos armas de fuego, municiones y dispositivos electrónicos, que quedaron bajo análisis pericial. El procedimiento se enmarca en la causa por amenazas difundidas entre adolescentes en redes sociales.
En ese aspecto, el director de la EPET 14 de Capioví, Luis Moro, destacó la coordinación entre instituciones y el funcionamiento de protocolos establecidos. “Brindarle información de forma inmediata a los padres”, afirmó, como una de las medidas centrales para evitar desinformación y reducir el impacto social de los hechos.
También subrayó que los episodios reflejan problemáticas sociales más amplias que trascienden el ámbito escolar. “Tenemos que trabajar entre todos para solucionarlos”, sostuvo, y pidió a las familias mantener la calma ante la situación.
Las autoridades confirmaron que las clases se retomarán con normalidad el próximo lunes, mientras continúan las actuaciones judiciales y el seguimiento del caso. La conferencia cerró con un llamado general a reforzar la prevención y el acompañamiento en el uso de redes sociales entre adolescentes.