Las comunidades de las Salinas Grandes se organizan para resistir proyectos que, aseguran, amenazan su supervivencia en esas tierras. Las alternativas para producir con la menor afección posible del ambiente son contrarias a la lógica de mercado: estructuras más costosas y parate de la actividad en años de poca lluvia.
Los autos tocan brevemente la bocina para saludar mientras pasan lentamente junto a las pancartas que estrechan la carretera. Mujeres con sombreros para protegerse del resplandor del sol devuelven el saludo y pasan panfletos por las ventanillas. “Nos estamos pronunciando en defensa de nuestro territorio, en rechazo a la Reforma de la Constitución Provincial”, dice. En la ruta 52, que atraviesa la región Jujuy a 3.500 metros de altitud, las comunidades de las Salinas Grandes han levantado un piquete. “Lo único que sé es que no se puede beber litio”, se lee en uno de los carteles.
El oro blanco, como se llaman al litio, se encuentra en el salar. Es una de las materias primas más demandadas en el mundo. Con ella, se quiere lograr la transición energética. Para reducir las emisiones de CO₂, la Unión Europea, por ejemplo, cerró un acuerdo para eliminar los autos de combustión hasta el año 2035. En su lugar, los vehículos eléctricos deberían circular por las carreteras. En promedio, se necesitarán unos ocho kilos de litio por vehículo.
“Se dice que el auto eléctrico es el futuro, pero ¿qué estamos haciendo? Sacrificando las comunidades. ¿Para salvar a quién? ¿al planeta? ¿cuál planeta? Se vive igual en el mismo planeta”, dice Clemente Flores al lado de la carretera en Salinas Grandes. Detrás de él, se encuentra un grupo de personas hablando. Los representantes de más de 30 comunidades indígenas realizan una de sus reuniones regulares para discutir la situación. Flores es uno de ellos.
Desde hace 13 años estas comunidades resisten a la extracción de litio en Salinas Grandes. Protestan con manifestaciones y bloqueos de carreteras. También han tomado acciones legales en contra. Hasta ahora, su lucha había sido casi invisible. Esto cambió en junio de este año con la reforma constitucional de Jujuy, que el gobierno provincial aprobó en pocos días y que restringe los derechos de la población indígena. Temen que se las desplace de sus tierras para la producción de litio.
Después de la reforma, miles de personas salieron a la calle. Las protestas siguen hasta ahora, todavía hay cortes en las rutas. Con el Tercer Malón de la Paz las protestas también han llegado a la Capital. Desde el 1 de agosto, día de la Pachamama, jujeños resisten en Tribunales frente a la Corte Suprema, exigiendo que se caiga la Constitución Provincial.
“Esta esquina de Argentina fue siempre un margen, siempre una periferia”, dice la antropóloga Rita Segato en Tilcara, Jujuy, donde vive. “Esta gente estuvo aquí escondida en sus lugares de rebaños, de cabras, de llamas, de ovejas y de pequeños cultivos en lugares muy desérticos con muy poca agua, pero suficiente”, dice Segato. “Lo que es absolutamente deslumbrante es que ahora se dieron cuenta de que no más podrán pertenecer al lugar que habitaron por miles de años.”
Con la reforma eso se puso en evidencia, dice. “Hasta ahora se vinieron defendiendo y ocultándose, defendiendo su lugarcito”. Según Segato, últimamente se dieron cuenta de dos cosas. Una, que la explotación del litio se lleva el agua para los animales, para los cultivos, para todos. “La gente del lugar donde la explotación de litio ya existe ya se dio cuenta”. Otra cosa, según Segato, es que la gente local que fue empleada, trabajaba “con la menor preparación posible, o sea, absolutamente sin la preparación necesaria para realizar los trabajos y en los escalones más bajo del trabajo”.
La extracción de litio ya se está realizando en los salares de Cauchari y Olaroz. Las diez comunidades viviendo allá aprobaron el proyecto. “Ahí vemos el daño ambiental que están haciendo”, dice Clemente Flores. Con la mano señala un camión que pasa por la ruta 52. “Lleva cal viva para echar a las piletas para que evapore más rápido el agua, para la cosecha del litio. Es volátil, queda en el aire libre y el viento se lleva por todos lado. La preocupación que hay es que los animales se contaminan con todo eso.”
Cerca de la mina hay cada vez menos agua dulce, dice Flores, y en parte ya no es potable. “En Salinas Grandes-Guayatayoc la explotación sería la muerte. Se extraería toda el agua que hay en el territorio, bajaría la capa del agua y nosotros quedaríamos sin agua. Sin agua, tendríamos que desaparecer aquí”.
En el salar, el agua dulce escasea. El clima en la Puna es extremadamente seco. La poca lluvia que cae en las montañas de alrededor se acumula principalmente en los bordes de los salares. En estas zonas las comunidades viven en pequeñas aldeas, sobre todo de la agricultura y la ganadería. Durante miles de años, las comunidades han vivido en armonía con un ecosistema muy sensible.
Para producir una tonelada de litio se necesitan unos dos millones de litros de agua. En Olaroz, esta agua se extrae de la cuenca salina y se bombea a grandes piletas donde se evapora durante varios meses bajo el sol ardiente hasta que queda litio.
Verónica Kwaterka, hidrogeóloga en CONICET, considera problemático este tipo de extracción porque pone en peligro las escasas reservas de agua dulce en la región. La extracción del agua de la cuenca genera un espacio bajo la superficie, explica. Siempre que se genere un espacio le bajás la presión y el agua va siempre a la zona donde no hay presión“. Así el agua dulce de los bordes empieza a migrar y bajar hacia el espacio donde se mezcla con el agua salada. Además, el agua bombeada de la cuenca se pierde por evaporación.
Según un estudio de la ONG Farn, con este tipo de explotación en el salar de Salinas Grandes existiría un “riesgo muy probable de degradación irreversible de las reservas de agua dulce”. También hay un riesgo probable de subsidencia del suelo, cuyas consecuencias serían rotura del suelo superficial, alteración del sistema hídrico superficial.“
Una alternativa más respetuosa con el medio ambiente, pero más cara, serían plataformas offshore, explica Kwaterka. Se refiere a una estructura elevada, de forma similar a la extracción de gas o petróleo. El litio se extraería de manera directa mediante un proceso químico y el agua bombeada se devolvería al suelo para que no se generen espacios.
Para garantizar que la extracción sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente, la producción tendría que detenerse en los años de poca lluvia. “Si no entra agua nueva, no podés sacar. Son ambientes muy frágiles”, dice Kwaterka. “No va mucho con las lógicas del mercado porque es difícil a una empresa decirle estos próximos cuatro años hay déficit hídrico, no entra agua y no vas a poder explotar. Es lo que debería hacerse, si es una explotación responsable”.
La demanda de litio lleva años aumentando. El año pasado se produjeron 130.000 toneladas en todo el mundo, en comparación con algo menos de la mitad cinco años antes. Argentina es el cuarto productor de litio, por detrás de Australia, Chile y China. Además de las tres minas que ya producen, hay otras cinco en construcción y unos 30 proyectos más en exploración. El presidente Alberto Fernández anunció multiplicar por diez la producción en 2030.
Muchos países quieren asegurarse el acceso al litio. “Vemos que hay una fuerte presión sobre gobiernos latinoamericanos para firmar pactos de entendimiento que posibiliten ese acceso a los minerales necesarios para la transición, que no son solo litio, es el cobre, es la plata, es el manganeso, son la tierras raras entre muchas otras”, dice la socióloga Maristella Svampa, que investiga conflictos socioecológicos.
Con esta presión también aumenta la presión sobre las comunidades indígenas como en Salinas Grandes. Junto con la abogada Alicia Chalable, exigen al gobierno provincial una consulta sobre todos los planes del litio. Citan la Constitución nacional, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la protección de las comunidades indígenas, que Argentina también ha ratificado.
Entre otras cosas, reclaman información sobre posibles impactos en el medio ambiente, especialmente en el agua. Tanto la abogada Alicia Chalable como la hidrogeóloga Verónica Kwaterka critican que no hay datos oficiales al respecto. En marzo, la Corte Suprema solicitó a los gobiernos de Jujuy, Salta y la Nación información sobre todos los proyectos de litio en la zona de Salinas Grandes.
Según Miguel Soler, secretario de Minería de la provincia de Jujuy, sí hay datos. Dice que las comunidades indígenas ya participan plenamente en los procesos. “No hay ningún trabajo minero realizado en la provincia que no esté hecho con una consulta previa, libre e informada a la comunidad donde se va a realizar el trabajo. No hay nada que se autorice ninada que se avance si no está hecho eso”. En los próximos años se espera incrementar la exploración en Salinas Grandes, agrega Soler.
“Las comunidades de Salinas Grandes están diciendo no a la extracción del litio desde el año 2010 y el gobierno busca por todos los medios vencer estas resistencias para avanzar en Salinas Grandes con la extracción del litio en acuerdo con corporaciones transnacionales”, dice socióloga Svampa. Según ella, las consultas del gobierno se hace “de manera muy forzada, amañada, rápida, sin informar de manera previa sobre los impactos a las poblaciones. Es decir, son consultas muy poco democráticas.”
La transición energética está lejos de ser justa, afirma Svampa. “Todo lo contrario, es una transición con tinte neocolonial. Beneficia al norte y condena al sur nuevamente a ser un proveedor de materias primas.”
La antropóloga Rita Segato habla de “una conquistualidad permanente, no una colonialidad solamente, sino que dependiendo del lugar en el territorio donde uno viva, donde uno habite, uno va a percibir claramente que la conquista nunca terminó, que la conquista es permanente. Y en diversas etapas vemos nuevas oleadas de conquista sobre territorio. Esta es una. Claramente estamos en frente a una.”
Que no hay consentimiento de la población tiene que ser un punto clave en la discusión, dice socióloga Svampa. “Eso es fundamental a la hora discutir qué tipo de transición queremos”, dice Svampa. “Si los pueblos dicen que no, no es posible avanzar. Ningún horizonte de transición energética justa puede abrirse sobre la base de la violación de los derechos de los pueblos”.
La investigación fue posible gracias al Programa de Periodistas Internacionales (IJP) para América Latina.
Por Christina Fleischmann-elDiarioAr