El actor de “El Señor de los Anillos” se pronunció contra las medidas presupuestarias que el nuevo titular del organismo dio a conocer.
“En Argentina, ir a ver cine en salas siempre fue un acto sociocultural, pero hoy se ha vuelto un acto sociopolítico imprescindible. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en las salas de cine”, manifestó Viggo Mortensen en un video subido a la redes, al promocionar su nuevo film “Eureka”, dirigido por el realizador argentino Lisandro Alonso.
El actor estadounidense, que llegó a la popularidad masiva por su papel de Aragorn en la saga de “El Señor de los Anillos”, se sumó a personalidades como Leonardo Sbaraglia y Mirta Busnelli, que manifestaron su preocupación sobre la situación que atraviesa el cine argentino tras el fuerte ajuste al INCAA.
Y no es la primera vez que Mortensen se compromete con estos reclamos de la industria audiovisual argentina, en la gestión de Ralph Hayek, durante el gobierno de Mauricio Macri, el intérprete también se pronunció por redes sociales contra las medidas presupuestarias de ese momento.
El jueves, en medio del debate por los recortes al sector, el Cine Gaumont, una de las pantallas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), fue el escenario de una protesta contra las políticas de recorte de gastos en la cultura del gobierno de Javier Milei. El nuevo presidente del organismo estatal, Carlos Pirovano, confirmó los severos recortes en el presupuesto y en el organigrama de la institución.
Un recorte a los “Orcos”, terminó acuñado por Mauricio Macri y reproducido por Javier Milei, coincidente con el nombre que en el universo creado por J.R.Tolkien para el Señor de los Anillos, reciben los seguidores del villano Sauron. Entre las medidas cuestionadas, el Instituto acordó no renovar las contrataciones por obra vigentes hasta el próximo 31 de marzo.
Además, la presidencia del INCAA suspenderá los apoyos económicos provinciales a la industria cinematográfica.Y resolvió la suspensión de los pagos de horas extras al personal. También dispuso el cese de los contratos telefónicos de los empleados del ente, los gastos relativos a la representación de los funcionarios del organismo y los servicios adicionales de seguridad en sus inmuebles.