Como resultado de una auditoría sobre el organismo solidario internacional de la Iglesia, Bergoglio apartó a las autoridades y nombró un equipo a cargo de la intervención con atribuciones para introducir reformas estatutarias y preparar las elecciones.
Mediante un decreto (motu_proprio/documents/20221121-decreto-caritas-internationalis.html”>motu proprio) fechado el 21 de noviembre y difundido hoy en el Vaticano, el papa Francisco decidió la remoción de sus cargos de todos los responsables (presidente, vicepresidentes, vocales, consejo ejecutivo, secretario general, tesorero y asistente eclesiástico) de Cáritas Internacional (CI) y dispuso una “administración temporal” encabezada por el laico italiano Francesco Pinelli como Comisario Extraordinario a cargo de la intervención, “con todos los poderes de gobierno” que incluye con potestad de derogar los estatutos de la institución “si lo considera conveniente o necesario”.
Cáritas Internacional es una confederación de 162 obras de asistencia social de la Iglesia Católica distribuidas en todo el mundo, con presencia en 200 países. De acuerdo a su último balance anual Cáritas ingresó 5,1 millones de euros y distribuyó 4,4 millones de euros en 2020. El decreto de Francisco recuerda que la tarea de Cáritas es asistir a “los más pobres y necesitados, participando en la gestión de emergencias humanitarias y colaborando en la difusión de la caridad y la justicia en el mundo a la luz del Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia Católica”.
El Papa tomó la determinación después de una auditoría interna encargada a comienzos de este año por el Dicasterio (ministerio) para el Servicio de Desarrollo Humano Integral (DSDH) el organismo que tiene todas las competencias sobre Caritas de acuerdo a la nueva constitución apostólica Praedicate evangelium, que Jorge Bergoglio puso en vigencia en junio pasado. La investigación, realizada por un equipo encabezado por Pinelli –ahora interventor- y del que participaron los psicólogos Enrico Parolari y Francesca Busnelli, apuntaba a realizar una evaluación sobre “el ambiente de trabajo” en el Secretariado General, “en consonancia con los valores católicos de dignidad humana y respeto por cada persona”. El principal apuntado fue el director general Aloysius John, oriundo de la India, elegido para su cargo en el 2019 y ahora cesado en su cargo. Durante el proceso de auditoría fueron consultadas además de las autoridades gran parte de los empleados actuales y antiguos de la organización católica.
En un comunicado que se conoció en forma paralela al decreto pontificio, el DSDH afirma que de la investigación “no surgieron evidencias sobre la mala gestión financiera ni comportamientos inapropiados de carácter sexual, pero sí se evidenciaron otros temas importantes y áreas de atención urgente”. En la misma declaración se señala que “se observaron deficiencias en los procedimientos de gestión, que también tuvieron un efecto negativo en el espíritu y la moral del personal”. Según se afirma desde el dicasterio vaticano el decreto pontificio “no tiene impacto en el funcionamiento de las organizaciones miembros y en los servicios caritativos y solidarios que brindan en el mundo” sino que “por el contrario, ayudará a fortalecerlo” destaca el comunicado.
Francisco determinó que para el mejor desempeño de su misión, “parece necesario revisar el marco normativo vigente (de Cáritas) para adecuarlo a las funciones estatutarias de la Entidad, así como preparar a ésta para las elecciones que se celebrarán durante la próxima asamblea general”. Todo se hace, dice el Papa, “con la firme voluntad de favorecer la propuesta de renovación de la institución”.
Pinelli, el interventor designado, es un ingeniero italiano que ha trabajado como voluntario con personas afectadas por problemas de drogadependencia, se desempeñó en tareas de cooperación para el desarrollo, en catequesis y en obras misioneras. En su tarea estará acompañado por María Amparo Alonso Escobar, economista española graduada en la Universidad de Extramadura (España) que ha trabajado dentro de Cáritas en su país y a nivel internacional en 14 países de África en derechos humanos, en proyectos de desarrollo, comunicación y gestión. Como asistente eclesiástico de la intervención se desempeñará el sacerdote jesuita portugués Manuel Morujão, quien también trabajó en Cabo Verde y fue superior jesuita en Portugal.
Por Washington Uranga-Página/12