La postura del gobernador Herrera Ahuad de no apurarse a abrir la circulación en el Puente Roque González de Santa Cruz, aún en la forma condicionada que se propuso desde la vecina orilla, refleja una justificada prudencia.
La tensión entre los requerimientos de la crisis sanitaria y las demandas inherentes a la actividad económica no es un dato nuevo, está presente desde el primer día en que, ante la aparición del COVID-19, los gobiernos debieron tomar recaudos extremos en cuestión de días. Desde el 20 de marzo pasado, cuando el presidente Alberto Fernández decidió por decreto aplicar un esquema de aislamiento social preventivo y obligatorio, como respuesta a la amenaza de una circulación viral incontrolable, la Argentina sostiene una estrategia que prioriza ante todo la posibilidad de fortalecer las capacidades del sistema de salud a fin de poder asistir a la población afectada. La decisión del gobierno nacional que tuvo un antecedente en el mismo sentido en Misiones -la primera provincia que tomó medidas drásticas, como el cierre de los establecimientos educativos- no fue una jugada al azar, sino la consecuencia de una evaluación objetiva y una decisión política basada en lo que el mismo presidente, en su discurso de asunción del cargo, definió como “una ética de las prioridades”. Ya en ese momento estaba en claro para los expertos que asesoran al presidente, y seguramente para el gobierno misionero, que tiene a dos profesionales médicos al frente, que el pico de expansión del virus en el caso de nuestro país recién llegaría entre los meses de junio o agosto. El acierto de la estrategia de la Argentina, elogiada por la revista estadounidense Time, que incluyó al país entre los que mejor respondieron al desafío de la pandemia, se sostuvo precisamente en anticiparse a la llegada del pico de contagios previsible, hoy un hecho indiscutible en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, sedes de la mayoritaria concentración urbana del país, y otros centros urbanos.
Presiones y desgaste
En este lapso de escasos pero tensos tres meses, por la aplicación del aislamiento social preventivo hoy Misiones, como la mayoría de las provincias, puede avanzar en la liberación de actividades y proponerse avanzar hacia lo que se ha denominado como un esquema de distanciamiento social, con mayores libertades para los ciudadanos que sienten el peso del confinamiento obligatorio, la discontinuidad o la pérdida parcial o total del trabajo, y la alteración brusca de sus rutinas. El gobierno misionero, que eligió no ceñirse a un cronograma de etapas progresivas dispuesto desde la nación, sino que monitorea la situación provincial y actúa en consecuencia, abrió el juego a muchas actividades y busca establecer un –difícil- balance entre los requerimientos de la salud y la economía. Lo hace, sin embargo, en una situación compleja, en la que, como provincia fronteriza, no sólo tiene que tener en cuenta los efectos de sus propias acciones, sino también de las de sus vecinos. Con un 90% de frontera internacional, Misiones no tiene más alternativa que una extrema prudencia. Las presiones de sectores económicos por rescatar aunque sea una parte de lo perdido por la caída del consumo, y el desgaste natural del sistema de aislamiento, son entendibles, pero sería un error pensar que la etapa actual, cuando se estima que recién se inicia la fase de mayor circulación viral, admite una reactivación general de la actividad sin consecuencias. Herrera Ahuad no ignora esta realidad, y por ello subrayó ayer que la prioridad del gobierno es fortalecer el sistema de salud misionero.
Fronteras calientes
Es cierto que el gobierno fe la renovación invirtió en el sistema de salud y cuenta con una infraestructura importante en ese sentido, aunque perfectible, y con retrasos en aspectos como el salarial, pero la realidad de provincia fronteriza es determinante. El caso de Jujuy, que ayer tuvo que cerrar totalmente sus fronteras con Bolivia por la crítica situación de ese país, donde la circulación del coronavirus está causando estragos, y se reportan muertes en la vía pública por la deficiente estrategia gubernamental, es una advertencia. Según se informaba ayer, el gobierno de Jujuy decidió que la localidad fronteriza de la Quiaca retorne a la Fase 1, y durante siete días no podrá ingresar ni salir nadie por ese sitio fronterizo, ante la aparición de seis nuevos casos de coronavirus del otro lado de la frontera, en la ciudad boliviana de Villazón. La cifra de infectados en Bolivia supera el umbral de los 19.000, después de que se produzcan 600 contagios en un día, en tanto la cantidad de muertes llega a 612 personas. La situación en Paraguay, que avanzó tempranamente en una estrategia de aislamiento, no es la misma. La realidad de la pandemia obliga, no obstante, a la máxima prudencia.
Fuente: Misiones Opina