¿Se inaugura una etapa de mayor enfrentamiento? El oficialismo cae en las encuestas. La discusión sobre la pobreza. El relato sobre el 24 de marzo y la oportunidad de Galperin. Danza de nombres en la Ciudad.
En un nuevo 24 de marzo, el protagonismo de la batalla cultural oficialista no se enfocó en la revisión sino en la autoafirmación en una de sus peores aristas. En un video de 20 minutos protagonizado por Agustín Laje, el Gobierno volvió sobre la versión de la historia que popularizó la actual vicepresidenta, a la que solo por cuestiones de estricta interna no le dieron protagonismo como relatora. La narración abona la idea de que la Argentina sufrió una guerra civil, con bandos enfrentados y simetrías entre delitos comunes y de lesa humanidad. También ataca frontalmente a quienes señalaron las evidentes debilidades de una exposición que recuerda a la de los propios abogados defensores de los mandos militares durante el Juicio a las Juntas. No hay un cuestionamiento sólo a las políticas de memoria del kirchnerismo, sino a las de todo el período democrático. Y no es baladí señalar que Laje, el cuentista elegido — junto con su coautorísimo Nicolás Marquez — llegó en sus obras incluso más allá que la vicepresidenta, con aspectos que — lejos de la teoría de los dos demonios — reivindican en general la actuación de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y sus ejecutores.
Sorprende que ese tema haya sido elegido por Marcos Galperín — tras un silencio estremecedor que coincidió con el caso $LIBRA — para retomar sus intervenciones políticas públicas desde la red social antes conocida como Twitter. El más rico de los argentinos interviene con las mismas inclinaciones y profundidad de ideas políticas que quien tiene ese lugar a nivel mundial. Con todos sus méritos, su empresa está lejos de la capacidad innovadora de los cohetes o los autos eléctricos producidos por las empresas de Elon Musk — que, a su favor, demostró una disposición a ensuciarse las manos para sostener el proyecto al que apoya. Mientras el propio Javier Milei sabe que, de fracasar en su presidencia, se expone a escenarios inciertos, el cruzado digital del empresariado local tiene la certeza de que, pase lo que pase, va a seguir percibiendo más de 100 millones de dólares por año del Estado argentino. Un negocio redondo para un persistente oficialista que incluso intentó serlo al comienzo del mandato de Alberto Fernández.
Sería bueno llamar la atención sobre la propia defensa de Mercado Libre en relación a este punto. Tras los cuestionamientos recibidos por su prédica, Galperin publicó en su momento un resumen de su compañía acerca de su condición de pagador neto de impuestos. Los subsidios, dice, serían apenas una pequeña parte del tributo que paga. Una respuesta a una pregunta que nadie formuló. Difícilmente ningún esquema promocional tenga un resultado neto en el que la empresa no pague impuestos. La pregunta relevante es si el subsidio sirve a las finalidades de política pública. La respuesta, en el caso de Mercado Libre, está en el propio material que compartió Galperin. A pesar de recibir beneficios por cientos de millones de dólares del Estado entre 2019 y 2023, la empresa pasó de alojar en Argentina el 80% de su equipo tecnológico a apenas el 35%. Una decisión inobjetable desde el punto de vista empresarial, pero que amerita una revisión de los apoyos estatales para un jugador cuya intervención en el país es cada vez más retórica que material.
El Gobierno, mientras tanto, podrá pararse sobre un anuncio positivo cuando, el próximo lunes, el INDEC publique el dato de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2024. La caída informada será enorme, de varios puntos porcentuales, y colocará a la medición de pobreza por debajo del valor de cierre de 2023. Suficiente — en palabras del oficialismo — para asegurar que, a pesar del ajuste fiscal y de la fuerte devaluación inicial, la pobreza se encuentra en niveles inferiores a los existentes al llegar al poder.
Conviene repasar algunas cuestiones respecto de los datos, no porque el INDEC los falsee — que decididamente no es el caso — sino porque los sesgos del diseño de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) — los mismos que existían antes de 2023– favorecen al gobierno de manera convergente. Por un lado, el método de medición pierde precisión cuando la inflación sube o baja mucho — exagerando ambos fenómenos — por lo que, así como el valor real de la pobreza es más alto ahora, la suba real por el ajuste inicial fue también algo menor a la que informaron los datos oficiales y que alimentó las impugnaciones opositoras. Por otra parte, parecería detectarse una menor divergencia entre los ingresos que las personas declaran y lo que — al menos para los asalariados formales — surge del sistema previsional. Este fenómeno no está suficientemente explicado, aunque algunos especulan que podría deberse también a los cambios inflacionarios, con una relación directa, y sencilla. Cuanto menor la inflación, mejor sería la declaración de ingresos. Pero nadie descarta que no exista ese efecto y haya algunas mejoras reales que no se reflejen en los datos del SIPA, que sólo capta a los asalariados formales. Por último, está la cuestión de los ponderadores, a la que algunos técnicos en el kirchnerismo atribuyen un valor exagerado, pero no tendría una enorme influencia sobre la medición real.
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Leopoldo Tornarolli, del CEDLAS, calcula una caída de la pobreza de alrededor de diez puntos, lo que supondría que el nivel real se ubicaría 3 o 4 puntos por encima del final de 2023. El descenso, con todo, es muy significativo y explica en parte por qué el Gobierno mantiene una relativamente alta popularidad. Aún sin datos, podemos especular además que el primer trimestre de 2025 podría estar en niveles reales iguales o mejores que el final de 2023. El salario privado registrado ya está arriba de ese momento, el consumo privado en números similares o superiores y la actividad económica está por encima.
Cada uno de estos resultados, sin embargo, podrían verse afectados por una devaluación, cuyas repercusiones inflacionarias serían — a pesar de la teoría monetaria a la que adscribía el presidente en sus tiempos de candidato — indudables. Los dilemas del gobierno, entonces, aparecen claros: no es concebible sostener la baja de la pobreza sin la estabilidad cambiaria que está más en duda que nunca antes. Incógnitas que el acuerdo en negociación con el Fondo Monetario Internacional alimenta en vez de disipar.
En su último informe especial, la consultora 1816 desarrolla las inquietudes que aparecieron en la última semana, marcados por las interrogantes sobre la continuidad del esquema de devaluación nominal controlada al 1% mensual, cuyo correlato es la apreciación y el encarecimiento de la moneda — y que supone, para los inversores, la posibilidad de obtener ganancias del famoso carry trade: el diferencial entre la tasa de devaluación y las tasas de interés en pesos.
El trabajo señala que, a pesar de la estrategia oficial de no emitir moneda, existen suficientes activos financieros en pesos para poner presión sobre el dólar mientras que, por la apreciación, el Gobierno no cuenta con los enormes superávits comerciales en bienes que registraba al comienzo de su mandato y debe compensar una fuerte salida de dólares por la cuenta de turismo. En este marco, las dudas sobre el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial obligan al Banco Central a intervenir en montos inéditos desde 2019, cuando Mauricio Macri perdió las elecciones primarias contra Fernández.
Las certezas vendrían con los detalles del acuerdo con el Fondo. El oficialismo contará con un número incierto, que los trascendidos de la agencia Bloomberg ubicaron en torno a los 20 mil millones de dólares, aunque no aparece claro que se trate de un monto de libre disponibilidad para intervenir. La suma y las condiciones determinarán la posibilidad del gobierno de garantizar la estabilidad cambiaria hasta las elecciones, pero la concreción a nivel del staff llegará sólo a mediados de abril, lo que probablemente obligue a Milei a comprometerse ya mismo con la actual política monetaria o con una nueva, si no quiere seguir drenando reservas o intervenir masivamente en los mercados de futuros.
Junto con la incertidumbre macroeconómica, se juegan también diversas disputas sobre la percepción de los argentinos, aquellas que los talibanes de los gobiernos de turno, en sus raptos de ambición, denominan “batallas culturales”. Habrá que dar crédito a los escépticos a la hora de evaluar los resultados de las cruzadas oficiales, que a menudo terminan dando a luz a legiones de herejes.
Por ello resulta loable la revisión del dogma estatista como un fin en sí mismo que apareció en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner del sábado cuando señaló los obvios problemas que genera el resentimiento que una parte muy significativa de la población tiene hacia el empleo público. Los trabajadores permanentes del Estado tienen una estabilidad que no tienen sus pares del sector privado formal ni, muchísimo menos, la legión de trabajadores en condiciones precarias y autoempleados que constituyen el segmento de mayor crecimiento en el mercado laboral. Cuentan además con esquemas de licencia a menudo generosos, facilidades de sindicalización y, en muchos casos, regímenes jubilatorios excepcionales. El empleo estatal aumentó un 70% entre 2007 y 2014. Pueden encontrarse motivos para cada uno de estos señalamientos, pero todos emergen cuando el Estado no da las respuestas que necesitan los ciudadanos en materias como salud, educación o seguridad y, en cambio, aparece como un factor en la crisis. Se le podría sumar lo sucedido durante la pandemia, cuando la presencialidad llegó mucho más tarde para docentes y empleados de la administración central que para los trabajadores privados y precarizados que debieron hacer frente desde el primer momento. No deberían legalizarse estos debates cuando los permite Cristina, sino ser aportados por quienes dicen admirarla y defenderla, pero muchas veces dan la sensación — políticos y votantes — de solo parasitarla.
Quizás lo más interesante haya sido la parte del discurso destinada a la educación. CFK insistió allí sobre viejos puntos de distanciamiento entre su propia mirada y la de los sindicatos docentes que apoyaron su gobierno por las enormes mejoras presupuestarias y de condiciones de trabajo. Cuestiones como el presentismo, la duración de la jornada laboral, la promoción del mérito sobre la antigüedad y la separación de los roles de administración y enseñanza atravesaron el discurso, cuyo punto más relevante fue la discusión sobre la educación dual y la necesidad de acercar a las empresas en integración con las escuelas públicas. Preparar a aquellos estudiantes cuya elección no va a ser continuar sus estudios sino conseguir trabajo debería ser una prioridad del sistema educativo que, lejos de las críticas a la llamada “mercantilización de la educación” que afloraron demasiadas veces, deberían apuntar a integrar las búsquedas y necesidades vinculadas al empleo.
Si el oficialismo parece haber cerrado la puerta a buscar acuerdos en nombre de una división binaria que fortalezca su base, lo más luminoso de las alocuciones de la expresidenta tiene que ver con la revisión de los propios dogmas y la búsqueda de consensos transversales en los grandes temas nacionales. La pregunta recurrente persiste: ¿tendrá ello algún correlato en sus propias bases? No parece haber hoy señales de mayores razones para el optimismo que en cualquier otro momento.
Otra novedad relevante vinculada a Cristina llegó desde Estados Unidos, donde el Departamento de Estado anunció su designación y de quien fuera su ministro de planificación, Julio de Vido, como significativamente corruptos y les prohibió tanto a ellos como a sus familiares viajar al país. El movimiento no debería sorprender, ya que había sido requerido a la administración de Joe Biden por el actual secretario de Estado, Marco Rubio, en su etapa de senador, pero señala una disposición a intervenir directamente en los debates políticos coyunturales de una manera que no es sencilla de encontrar en otras presidencias.
No hace falta comprar el paralelismo realizado por CFK con el Braden o Perón del 45 para señalar que la designación la sube al ring como una contrafigura del gobierno nacional, que tiene con Donald Trump una alianza lineal y sin matices y que se apresuró en festejar la decisión estadounidense. Los efectos de entrar en el ring con Trump, para la Argentina, donde ese enfrentamiento no tiene cuestiones materiales directamente en juego, son inciertos, pero se puede especular sobre su dirección. Previo a la llegada del republicano, Justin Trudeau, el exprimer ministro canadiense, estaba groggy. Su partido liberal perdía contra los conservadores por más de veinte puntos en las encuestas, y su imagen personal estaba en un diferencial negativo de más de 50 puntos. Enfrentado con su par norteamericano por los aranceles y su discurso sobre una eventual anexión, Trudeau pasó de 20 a 47 puntos de imagen positiva al momento de su renuncia y, de acuerdo al agregador electoral 338canada.com, su Partido Liberal pasó de derrotado a favorito en las elecciones generales que tendrán lugar en abril. Seguramente, durante este próximo mes, CFK vaya a mirar más al norte de lo que está acostumbrada.
Esta situación, de orden global, puede generar réplicas en el plano local. En el kirchnerismo vieron en la celebración del presidente una movida en tándem con una parte del gobierno norteamericano. Aparentemente, luego del episodio se enfriaron las gestiones entre enviados del Instituto Patria y la Casa Rosada por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla: en ambas orillas sugieren que se podría estar gestando una convivencia mucho menos amable que la del primer año.
Last but not least, en el peronismo continúan las fricciones entre Cristina y Axel Kicillof. Donde antes había una sola fuerza ahora hay dos. La incipiente decisión sobre el desdoblamiento impacta en todas las tribus. En el gobierno se preocupan por la estructura que demandaría enfrentar una dimensión semejante aunque se esperanzan con la posibilidad de una fragmentación justicialista. Cerca de la expresidenta advierten sobre ese riesgo y refuerzan la idea de un peligro para los concejos deliberantes en caso de que prospere el descalce de fechas.
El Gobierno opera sobre esa diferencia. Durante el fin de semana se agudizaron los pedidos de Casa Rosada para que medios de todo el mapa ideológico les den lugar en su grilla a Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Moreno. Las motivaciones son las mismas: que el exjefe de Gobierno lesione en el plano local la propuesta de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y el exsecretario de Comercio lastime — en el turno nacional — al candidato oficialista en territorio bonaerense en un escenario absolutamente abierto luego de la fusión táctica entre el PRO y La Libertad Avanza. Hay una versión, incomprobable, seguramente falsa, que sostiene que parte del acuerdo con ambos radica en dejar afuera a Karina de cualquier confrontación pública.
La materialización del acuerdo entre Larreta y la Rosada tiene varios capítulos además de la conveniencia obvia para los libertarios de la división del voto amarillo en CABA. Larreta pidió un cese al fuego con Las fuerzas del Cielo que demandaron el mismo trato. Una versión, desmentida por ambos espacios ante la consulta de #OffTheRecord, sostiene que Felipe Miguel viajó a España en el último mes a reunirse con Rodrigo Lugones para terminar de cerrar el entendimiento con el exalcalde porteño. Lugones, socio y amigo de Santiago Caputo, trabajó en la campaña de Larreta. Un dato que excede las versiones es que inscribió su frente con el Partido Federal de Daniel Amoroso. Para la nueva imagen de insider solitario y anticasta que aprendió de su experiencia reciente, una extravagancia.
En LLA las inquietudes son diversas. Primero, todavía no está definido el candidato a legislador, que hoy no saldría de Manuel Adorni — el que mejor mide — y Federico Sturzenegger — que podría corporizar, “a lo Milei”, la motosierra en la Ciudad. Eso debería definirse en una reunión del triángulo de hierro entre mañana y pasado. En segundo lugar, Ramiro Marra tiene decidido competir por fuera del PRO y, naturalmente, el karinismo porteño, que tiene un potencial problema en el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Nicolás Pakgojz, como un observado judicial.
Con Marra en cancha, crecen las oportunidades de Leandro Santoro de terminar primero en su categoría. María Eugenia Vidal se resiste a encabezar la lista del oficialismo porteño. Dicen, en Uspallata, que ese rechazo incluyó situaciones de llanto frente a la presión ejercida, pero confían en el poder de persuasión del Ingeniero. Su primo, Jorge, se resiste parcialmente: las alternativas a Vidal no terminan de levantar vuelo aunque un buen resultado dejaría a la exgobernadora en carrera para las ejecutivas locales de 2027.
La dispersión de la oferta opositora parece ser, hoy, la única estrategia propia de un gobierno que percibe una caída transversal en las encuestas, no logra recuperar el centro del ring y depende de un Fondo que, en el mejor de los casos, le dará un puente hasta fin de año para sortear la elección. Con una nueva etapa en la relación con la principal oposición, La Libertad Avanza corre el riesgo de parecerse demasiado a un macrismo que, luego de su experiencia gubernamental, atraviesa un proceso de extinción. Todavía está a tiempo de evitarlo.
Por Iván Schargrodsky- Cenital